Luego de la consulta pública, el gobierno está decidido a aprobar la reforma tributaria como sea necesario

El 7 de noviembre de 2005 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer un documento de consulta pública denominado «Lineamientos Básicos para la Reforma Tributaria». En dicha oportunidad, el ministro Danilo Astori lo presentó como la apertura de la consulta para el diseño final de «una de las reformas estructurales más importantes que habremos de plantear y realizar». A su vez aprovechó la oportunidad para distanciarse de los gobiernos anteriores diciendo, «es, en gran medida, uno de los rasgos diferenciadores más importantes de este gobierno». El documento fue elaborado por una comisión designada por el MEF, coordinada por el subsecretario Mario Bergara e integrada por Alberto Barreix, el doctor Leonardo Costa, el jefe de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas, David Eibe; Carlos Grau, Gabriel Lagomarsino, Jerónimo Roca y Hugo Vallarino y recibió aportes, entre otros, de técnicos del BID.

Al finalizar diciembre pasado, el gobierno publicó una síntesis preliminar de la consulta pública, en la cual se resalta la respuesta de la sociedad, considerándola «ampliamente satisfactoria», ratificándose la necesaria participación social en los procesos de reforma del Estado.

Los aportes «sociales», consideraciones más importantes habrían sido: la posibilidad de realizar deducciones a la renta fiscal por concepto de gastos de vivienda, salud y educación en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en el plano de la renta empresarial IRAE, los consultados entendieron positiva la disminución de la alícuota (del 30% al 25% ex IRIC). Si bien se dejó constancia de que sería positivo para el incentivo de la inversión bajar aun más dicho aporte. En el caso de la actividad agropecuaria se plantearon dudas con respecto a la inclusión preceptiva en el régimen de IRAE (en el cual no están incluidas actualmente) y la conveniencia de la coexistencia del IRAE e Imeba para dicho sector, ya que esto implicaría una modificación sustancial en la forma de tributación, las exoneraciones y los subsidios del sector.

Pese a las dudas planteadas por algunos ministros, quienes tuvieron una semana más para estudiar el proyecto, el 16 de marzo pasado el Poder Ejecutivo remitió el proyecto. Y el 29 de marzo la Comisión de Hacienda de Diputados inició su estudio. La comisión está integrada por Jorge Gandini (presidente), Pablo Pérez González (vicepresidente), José Amorín, Alfredo Asti, Eduardo Brenta, José Cardoso, Roberto Conde, Carlos González Alvarez, Gonzalo Mujica, Iván Posada y Héctor Tajam, quienes están discutiendo actualmente el tema.

Si bien el MEF pretende que el proyecto sea aprobado con la antelación necesaria para realizar las adecuaciones necesarias a todo nivel y que entre en vigencia a partir del 1 de enero de 2007, la discusión llevará su tiempo debido a que algunos sectores del partido de gobierno y la oposición plantean realizar modificaciones al articulado.

Aunque el equipo económico ha manifestado, desde el comienzo, estar abierto a recibir aportes y hacer las modificaciones necesarias, la estructura general no será afectada ya que, ante todo, el ministro plantea la «responsabilidad fiscal» con la que fue construido el proyecto. Así, a medida que la situación lo permita, se realizarán las modificaciones necesarias en vista del movimiento dinámico del plano social, al que se apunta atender desde la responsabilidad fiscal con que se plantea el proyecto.

 

Conflicto

La discusión parlamentaria del tema ha encontrado varios puntos de conflicto, más allá de que la oposición se ha manifestado contraria a la introducción del impuesto a la renta como elemento central de la reforma. Más allá de ello, las deducciones permitidas en el IRPF aparecen como uno de los temas del desacuerdo inicial.

Sobre este punto algunos sectores plantean el problema de la Salud, especialmente en el caso de los funcionarios públicos y jubilados que no poseen aportes a Disse. Si bien en este proyecto no aparece referencia alguna a la propuesta del Ministerio de Salud Pública sobre el seguro nacional de salud, la discusión sobre dicha articulación aparece naturalmente.

Entre otros, la polémica se centra sobre las deducciones por hijos a cargo, la elevación del mínimo imponible para la aportación, la exoneración del aporte patronal para las cooperativas y el gravamen mínimo de IVA al transporte de pasajeros.

La progresividad en el IRAE es otro de los puntos en cuestión, específicamente para el caso de los alquileres en el cual la tasa se encuentra fija en un 10%.

Por su parte Alianza Nacional se propondría introducir modificaciones que transformen efectivamente el IRPF en un impuesto a la renta y no a los ingresos.

Ese sector político posee fuertes dudas respecto a la forma del impuesto a las retribuciones de las personas físicas y plantea introducir modificaciones para que se convierta en un «verdadero impuesto a la renta», apelando para ello a criterios de gastos deducibles y no deducibles, tal como lo establece el modelo norteamericano, lo que a su vez también mejoraría el control de la evasión.

Sin embargo parecería que el proyecto no sufrirá modificaciones estructurales. El gobierno se mantendrá en su argumentación esencial de responsabilidad con que fue planificado y es probable que el proyecto sea aprobado con el concurso casi exclusivo de los votos del oficialismo. *