Luis Borsari reconoció no haber buscado desprestigiar u ofender a la DGI

El director general de la DGI, aceptó las aclaraciones de Borsari y alcanzada la conciliación entre las partes, la titular del Juzgado Penal de 4º Turno, doctora Graciela Eustachio, decidió archivar el caso. El fiscal actuante, Carlos Reyes, pidió el sobreseimiento del acusado, tras el acuerdo alcanzado por las partes, durante un «cuarto intermedio» que tuvo lugar en medio de la audiencia. Allí, Borsari hizo precisiones en torno a las expresiones vertidas en la prensa durante el pasado verano, respecto a las actuaciones de los cuerpos inspectivos de la DGI en Punta del Este.

«Luis Borsari, de buena fe, recogió versiones en una reunión de la Cámara Uruguaya de Turismo, las que creyó ciertas y las divulgó en ese entendido», esgrimió la defensa de Borsari, y que éste «no ejerció otra cosa que su derecho a opinar y a criticar la labor de los funcionarios públicos», agregó el doctor Gastón Chávez. Esa aclaración, por otra parte, quedó incluida en el acta que fue leída y luego firmada por Zaidensztat y Borsari, quienes finalmente se estrecharon la mano, dejando cerrado el litigio generado a partir las declaraciones formuladas por el operador inmobiliario hace casi tres meses, respecto al accionar de la DGI en este departamento, luego de que fueran clausuradas por seis días, varias empresas inmobiliarias.

Tanto el contador Zaidensztat como Borsari coincidieron luego –en una improvisada conferencia de prensa– en que es necesario un diálogo fluido entre la actividad empresarial y el Estado, para que todo se desarrolle con transparencia y el Estado se asegure la recaudación de los impuestos que prevé la ley, porque ello también contribuye a consolidar la democracia.

 

El acta firmada por las partes

El documento leído y firmado por ambas partes consta de cinco puntos y dice en primera instancia que, «ambas partes declaran que todos los empresarios y/o contribuyentes deben dar cabal cumplimiento a sus obligaciones fiscales, materiales y formales». Asimismo las partes coinciden en que el accionar de la DGI está enmarcado en la obligación que marca la ley y de conformidad a la normativa vigente.

El punto 3 establece que «Luis Borsari, de buena fe, recogió versiones en una reunión de la Cámara Uruguaya de Turismo, las que creyó ciertas y las divulgó en ese entendido»; cuatro, que «el señor Luis Borsari no pretendió de manera alguna desprestigiar u ofender el actuar de los inspectores en general, ni de la institución DGI, ni decir con sus palabras que el debido control de las obligaciones fiscales daña a un sector en particular», y finalmente en el punto cinco, que «en función de lo expuesto las partes dan por superada la presente instancia desistiendo el denunciante de la acción instaurada, lo que es aceptado por el denunciado».

 

Cartel

Previo a la llegada del director general de Rentas, allegados a Borsari habían desplegado un cartel en la calle frente al juzgado que rezaba: NO A LA PREPOTENCIA. Si bien la Intendencia de Maldonado lo hizo retirar, ya que los empresarios no habían solicitado autorización municipal, lo sucedido dentro del juzgado no se condijo ni con la letra ni con el espíritu del texto. Zaidensztat reiteró que se vive en un país democrático, donde está vigente la posibilidad de expresarse libremente, siempre que no se ofenda a las instituciones o a las personas. *