Las reformas se enfrentan a la vieja estructura del Estado

Uno abandona rápidamente la inquietud por intentar saber un poco más acerca de lo que va a suceder con la energía en este país. Por dos razones principales: porque el tema es demasiado delicado para talentear desde afuera de ese mercado específico con la información disponible y sobre todo, porque esa inquietud frente al riesgo de un eventual desequilibrio energético serio es subrogada de inmediato por aquella que motiva la inexistencia ausencia absoluta de señales del regulador. Aún en la semana del feriado, unas cuantas autoridades e interesados especularon con los escenarios energéticos. Hasta el canciller informó que el país se propondría participar en el financiamiento de un proyecto de extracción de gas boliviano… Hablaron casi todos. Menos las autoridades encargadas de regular el mercado, prever sus crisis, aconsejar políticas y, sobre todo, defender los intereses del usuario. En esa ausencia hay una señal generadora de incertidumbres agregadas sobre lo energético específicamente, pero sobretodo, acerca de lo que está sucediendo con el lugar de la institucionalidad dentro del cúmulo de prioridades que saturan el plan de gobierno.

 

Un futuro complicado

Presumiblemente el futuro energético del país tiende a complicarse. Naturalmente que el problema no se reduce a saber cuantas horas de cortes en el consumo eléctrico pudieran tener los hogares en un invierno más frío que el normal ni a las dificultades que tendrían las empresas para mantener el nivel de actividad, etcétera. El problema no es los precios relativos de la nafta y el gas oil ni si conviene invertir más en la planta de La Teja o la independencia de las políticas de compras. El problema esencial de la energía en este país es la desconfianza en la organización institucional de ese mercado, en la existencia de oposiciones de intereses como garantía de transparencia, en la precisión de responsabilidades y ahora, sobre todo, en la inexistencia práctica del regulador; esa Ursea creada por la ya tímida ley de diciembre de 2002 e institución sin la cual todos los avances en materia de reforma de la competencia y garantías actualmente en proceso serán absolutamente vanos. Las relaciones entre la Ursea, Ancap, UTE, OSE, el MIE y demás vértices de decisiones son umbrosas. En ese desorden la información es caótica y de una pobreza franciscana. En ese juego de responsabilidades superpuestas con el regulador subsumido en temas de administración menor, las responsabilidades se diluyen y es natural que un tema ya grave como el energético, informado y manejado en este ámbito, genere tantas inseguridades ciudadanas como suculentos motivos de especulación comercial y financiera. Las omisiones que afectan el mercado energético energético son funcionales con la subestimación que mantienen las elites y los ciudadanos sobre una de las grandes asignaturas pendientes de las jóvenes democracias latinoamericanas: la transformación urgente de los viejos Estados en soportes hábiles del complejo proceso de la reconstrucción de confianza en la democracia. De nuevo: estamos frente a problemas serios; está cambiando rápidamente el entorno de bonhomía que disfrutó este país en los dos últimos años y las señales de empeño en el fortalecimiento y modernización institucional del Estado son demasiado leves y fragmentarias.

 

A tiempo de sincerarse

La proposición del cambio está a tiempo de sincerarse. Ni el gobierno ni la fuerza política deberían afrontar con temores una autocrítica severa y habilitadora sobre proposiciones que no estaban contempladas en sus prioridades. La regulación fuerte e independiente de los mercados es una de ellas. Las prioridades del gobierno deben centrarse en la resolución de más tareas aún, que no estaban jerarquizadas o contempladas en el programa de la fuerza política. Y ello por una razón de vida: si no se enfrenta con la fuerza que se a necesaria la urgente modernización del Estado, no habrá política ni medida -acertada o equivocada- capaz de convencer a la gente que hay razones para otorgarle a este gobierno los créditos que sean necesarios. El ejemplo del problema energético es preclaro al respecto. En el umbral de un invierno difícil se nos agolpan incertidumbres muy fuertes: la real dimensión de la sequía y sus efectos en la oferta energética principal, consolidación del precio del petróleo en un nivel no previsto en el programa, aumento de la demanda china de commodities ahora multiplicada por la revaluación del yuan y las señales de apertura comercial, o el infinito suspenso sobre la evolución de un Mercosur que nos agrede por acción u omisión con sus inferencias de todo tipo sobre la seguridad energética, etcétera, etcétera. Seguramente el gobierno se supone actuando sobre el riesgo. El problema es que, llegados a estas emergencias el gobierno actúa encajado en un Estado de viejo formato. Dicho de otra manera: frente a la delicadeza del problema energético los diseñadores y ejecutores de proyectos de riesgo o las familias a su manera, entrevén, las fenomenales debilidades estructurales del Estado para afrontar uno, entre otros, de los problemas que pudieran afectar seriamente la propia sustentabilidad del cambio. Ya no importa mucho entonces, si UTE acierta o se equivoca en su plan de contingencia. Ya no aparece esencial si Ancap logra o no conformar una estrategia de provisión, destilado y distribución de costos soportables. Ni siquiera sería esencial tener alguna inimaginable seguridad de que Argentina nos venda gas en las condiciones pactadas o pueda trasladarnos la energía eléctrica que Brasil se avenga a vendernos. No. Ninguna de las simulaciones posibles nos permitirá contar con la seguridad principal que los ciudadanos de un Estado moderno demandarían a gritos frente a una situación de este tipo: la presencia dominante, sólida, profesional y con el suficiente grado de autonomía de un regulador de estatura, capaz de sobreponerse al juego de operadores e instituciones públicas y privados mejorando las normas y garantías de un mercado organizado con la impronta de mediados de siglo pasado.

 

Cada vez menos tiempo

El gobierno tiene cada vez menos tiempo para convencernos acerca de que, además del resto de las reformas, es capaz de asegurarnos que el Estado con el cual contamos será reformado y modernizado a los efectos que, sobre él, anden las reformas y prospere el cambio. Hay cosas que se están haciendo e importa tenerlas en cuenta, en el área de la competencia, la administración tributaria o la regulación financiera. Hay otras, como el fortalecimiento de la profesionalidad y la independencia de los reguladores ni siquiera aparece en el plan. Los reguladores han sido virtualmente capturados o neutralizados. Son oficinas dependientes absolutamente del Poder Ejecutivo o peor aún, del monopolio en extinción de empresas públicas o privadas. Carecen de recursos elementales y padecen una confusión sobre su misión legal. Alcanza navegar un poco en las páginas web de la Ursea y, luego, asomarse a la realidad que se entrevé en ese agujero negro del mercado energético. *