El GAP cultural

El proyecto en discusión fue elaborado sobre la base de los nuevos aportes que la ciencia económica ha venido vertiendo sobre los diseñadores y ejecutores de políticas de competencia. Estas áreas de elaboración presuponen la existencia de relaciones contractuales, formales y de hecho, entre oferentes y demandantes en mercados progresivamente abiertos a la competencia global. Es, en tanto, una elaboración cuya reflexión se basa en la urgencia de mejorar la calidad de los mercados disponiendo los recursos -siempre escasos- de los Estados en la preservación de la transparencia, en la mejora de los sistemas de información, en la sanción posible de las prácticas anticompetitivas, etcétera. Pero, por sobre todas las cosas, esa elaboración presupone una activa participación de empresarios y consumidores en la defensa de sus derechos.

En paralelo a la elaboración del proyecto en discusión, el Ministerio de Economía y Finanzas ordenó a Equipos Mori un estudio sobre cuál era el grado real de conocimiento de empresarios y consumidores sobre la legislación de competencia, de defensa del consumidor y aspectos. Los resultados del estudio basado en una encuesta nacional calificada son extraordinariamente didácticos respecto a la lejanía que tienen tanto empresarios como consumidores de cuáles son las normas vigentes que los afectan, de cuales son los órganos de competencia para recepcionar eventuales reclamos y dirimir controversias. Es como si hasta ahora los uruguayos, por omisión del Estado y/o voluntad propia, hubieran decidido desconocer que se relacionan entre sí en mercados de los cuales se conoce poco o casi nada.

En las conclusiones Equipos señala que si bien entre los consumidores es mayoritaria la opinión que la competencia los beneficia «…proporciones de entre un cuarto y un tercio de los entrevistados tienen una postura contraria». *