Empresas del Estado buscan conjuntamente la optimización de los recursos y la gestión

La entrevista fue con el vicepresidente de UTE, ingeniero Pedro de Aurrecoechea quien esbozó algunos lineamientos sobre los que están trabajando que, no son los únicos, apuntando, asimismo a que el tan vilipendiado «costo del Estado» cambie de signo.

La síntesis de lo conversado es la siguiente.

 

¿Qué es lo que están haciendo y quiénes son los que están participando?

 

Hace unos cuantos meses que nos venimos reuniendo. Se trata de una coordinación entre los presidentes (o vices o algún director) de las empresas públicas, servicios descentralizados y bancos estatales, e incluso a veces participan de OPP y otros servicios.

Es una coordinación de lo que es autónomo dentro del aparato del Estado

 

¿Por qué nace esta necesidad?

El constatar que había aspectos que tocaban a más de un empresa llevó a convencernos de la necesidad de juntarnos y se fue generalizando. La prueba de que respondía a una necesidad común es que se fue generalizando y en la última reunión resolvimos invitar al Instituto Nacional de Colonización que nos había planteado su interés por participar.

Creo que no queda nadie afuera y nació naturalmente no ha existido ningún mandato.

 

Hablemos de los temas centrales que les preocupan

Estamos conversando la política en materia de ingresos de nuevos funcionarios ya que hace unos cuantos años que está congelado, hay vacantes por un lado lo cual ha generado necesidades de ingresos que se han suplido con tercerización de servicios o con mecanismos sui genereis como los becarios, que era un forma disfrazada de dar empleo. Hoy se está en proceso de regularizarlos. Buena parte de ello se hizo por medio de la ley de Presupuesto, pero ahora se abre, a partir de la ley, la posibilidad de recurrir a mecanismos para ir llegando a concretar nuevos ingresos.

Eso, a su vez, se junta con la necesidad de tener más retiros, ya que hoy la plantilla de las empresas públicas está envejecida y hay que renovarla y para eso hay que crear mecanismos de manera que todos los que estén en edad de retiro y con puntaje jubilatorio o próximos a ello, se puedan retirar en condiciones dignas. Este problema la Administración Central lo resolvió en el Presupuesto, a través de un subsidio por 5 años, y ahora nosotros tratamos de crear una adaptación de esa disposición para usar en las empresas.

 

¿Existe ya un criterio común, hay un fondo único para ello?

 

Una vez resuelto el criterio, cada uno lo resuelve, se supone que se realizó una estimación sobre lo que necesitará de dinero para concretarlo el próximo año y eso ya se ha convertido en una reserva presupuestal en cada empresa.

Ingresos y retiros a la función pública es entonces un primer gran tema.

 

¿Existen otros temas?

 

Sí, otro gran tema son las compras que están reguladas por el Tocaf, Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera.

Si bien se trata de un buen mecanismo con muchos elementos de control, contiene ordenanzas que son pesadas para las empresas que tienen que tomar determinaciones urgentes. No podemos olvidar que algunas empresas trabajan en situaciones de competitividad y que por lo tanto deben poder responder rápidamente a las cambiantes condiciones del mercado, Antel es un caso muy claro.

Y si bien es cierto que el Tocaf permite el mecanismo de compras urgentes, existen con todo, una serie de trabas que lo desvirtúan.

Hoy se trabaja a través de un grupo que ya ha propuesto una serie de modificaciones legales para introducir al texto ordenado de compras.

 

Pero, ¿eso implica la eliminación de controles?

 

De ninguna manera. Controles por supuesto que existirán, simplemente se establecen mecanismos para que no sean preventivos sino posteriores, respetando el resto de la normativa vigente tal cual está establecida, el objetivo no es eliminar controles sino agilizar procedimientos.

 

¿Qué plazo se han puesto para concretar estas modificaciones?

Tenemos que resolver este tema rápidamente, ya elaboramos el anteproyecto de ley, y algunas modificaciones pensamos poder introducirlas en la ley de Rendicion de Cuentas, para lo cual tenemos un par de meses, es decir, procuramos que este año sea el de las reformas desde ese punto de vista.

 

¿Qué otra área temática están abordando?

 

Estamos abocados a horizontalizar la tecnología de la información ya que la situación es dispar, fíjese que nosotros en UTE no podemos vivir sin la informática y otras empresas siguen haciendo cuentas «con la calculadora». Buscamos nivelar y a la vez colaborar con el gobierno en su proyecto de gobierno electrónico, esa gran iniciativa. Delegados nuestros integran los grupos de trabajo a nivel de Secretaría de Presidencia que atiende este problema, un tema íntimamente vinculado a la reforma del Estado

 

Desde la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información recientemente se ha criticado al Estado por recurrir poco a las productos nacionales…

 

Ese es un gran tema que exige respuesta aunque sea difícil. Hoy hay una dicotomía en lo que se refiere a manejar por un lado, grandes paquetes hechos por grandes empresas (multinacionales) que ofrecen soluciones integrales. El otro polo es el trabajo a pedido, es decir, tengo un problema a resolver y se lo encargo a un grupo informático. Esos son los dos polos y en el medio hay una gama grande de posibilidades. Nosotros en UTE no nos jugamos por un único criterio sino de acuerdo al problema a resolver se opta por una determinada solución por razones de conveniencia económica pero no sólo en relación a los costos iniciales sino también a largo plazo, lo que denominamos el costo total operativo y, a su vez, razones de tipo estratégico, uno puede optar por una solución de menor costo pero quedar ligado a un proveedor en futuros desarrollos y todo eso hay que tomarlo en cuenta.

Esta misma dicotomía se presenta a nivel de todo el aparato del Estado.

La respuesta a CUTI es que el Estado debe propender cada vez más a hacer una elección lo más profesional posible evitando el voluntarismo o deslumbramiento con el «envoltorio».

Lo que estamos trabajando es para establecer patrones comunes en el Estado de manera que los expedientes puedan ser mandados y recibidos sin problemas, para lo cual hay que contar con el mismo software. Estamos definiendo los estándares de comunicación para poder intercambiar expedientes y también información, base de datos. Por ejemplo, en UTE los instaladores eléctricos para realizar gestiones en UTE tienen que estar al día con BPS y DGI entonces, en vez de exigirles que traigan un certificado cada vez que vienen, simplemente ya tendríamos la información vía electrónica por la intercomunicación con el resto de los organismos.

De ahí en más comenzaríamos a bajar a otros niveles como el usar programas comunes, desarrollar políticas informáticas comunes, para llegar a un manejo totalmente electrónico de la información entre todas las empresas.

 

Todo esto apunta a una mayor efectividad y al ahorro…

 

Sí, esto se inscribe en una racionalización del aparato del Estado en la cual se trata de minimizar los gastos que no agregan valor a la función, como en Ecilda Paullier donde inauguramos un local compartido con BPS y Antel, dividiendo los gastos. Con ello se le simplifica mucho el «tramiteo» a los usuarios, hay que mirarlo en función de la gente que es a quien va dirigido todo lo nuestro, y no sólo en el beneficio de las empresas. *