De 11.000 actuaciones en 2005, DGI detectó irregularidades en el 25% de las empresas

Zaidensztat mantuvo una larga conversación con Sonia Breccia en Primera Voz de 1410 AM LIBRE de la que extrajimos los siguientes pasajes.

El director de Rentas sostuvo que «lo que tenemos que pensar, porque es un problema de todo el Estado, es que contamos con un Estado gordo, con dificultad de movimiento, y que la estructura del Tocaf, que es el procedimiento de compras del Estado, es pesada, para otro país y que no se adapta a las necesidades del cambio».

Informó también que el año pasado se visitaron en el Interior 8.500 establecimientos, «donde se encontró un nivel de informalismo importante y también gente que pretende colarse a niveles de registros e inscribirse como pequeñas empresas cuando no lo son y aporta como pequeño cuando en realidad tiene un importe mayor a pequeño. En ese caso, encontramos un 25% de gente que no está inscripta o estaba inscripta como pequeño cuando no lo era. 8.500 en el Interior, 2.500 en Montevideo».

 

El problema de los pequeños

Anunció que existe una comisión de primer nivel, con el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, BPS, DGI, incorporando y analizando cuál es el problema que se tiene con los pequeños empresarios donde la idea es incorporar a las intendencias y a las distintas empresas públicas, de buscar una manera donde se analice el problema de forma global y es un trabajo que tenemos que hacer conjuntamente entre todos. Si la pequeña empresa le paga a la DGI 1.300 pesos por mes fijo, pero tiene que pagar más de agua o de luz, no tiene ningún sentido por ello hay que buscar un sistema para favorecer aquel que tiene una pequeña economía, que saca su jornal, sin permitir que quede la puerta abierta para que se cuele aquel que tiene una posición más holgada. Eso es parte del sistema que a nuestro criterio hay que cambiarlo, no solamente con los impuestos que administra la DGI sino con el resto de los costos fijos que tienen los pequeños empresarios».

Ante una consulta de Breccia se refirió a la situación de Concierto FM señalando que «el sistema uruguayo hasta ahora hace que las radioemisoras del Interior no paguen ningún impuesto. Eso es lo que votó el legislador, el problema es que con la tecnología, hay algunas empresas que pusieron una antena en el Interior y sus estudios los tienen ubicados en el centro de Montevideo donde están sus trabajadores, sus plantillas, su gente y realizaban toda su actividad en Montevideo, en el Interior no tenían ni un sereno para cuidar la antena y aparecía que el volumen de facturación más importante se realizaba en el Interior y en Montevideo el volumen se fue diluyendo rápidamente. O sea, los ingresos por el Interior que se está exonerado y los gastos eran todos por Montevideo, etc.,etc. La DGI tipifica que eso es defraudación tributaria. Históricamente, las radios se dieron en este país sin un proceso, pero tiene que cumplir con las leyes y las leyes dicen que donde realizo la actividad es donde tengo que facturar. *