FMI destacó importancia que otorgó el gobierno a reforma de la DGI

El informe, dado a conocer ayer por la Presidencia de la República presenta las conclusiones y recomendaciones de la misión de asistencia técnica del Departamento de Finanzas Públicas (FAD) del Fondo Monetario Internacional que estuvo Montevideo en junio de 2005.

El principal objetivo fue dar continuidad al trabajo de la misión que en julio de 2003 llevó a cabo un diagnóstico de la administración tributaria (la DGI), y realizar un análisis de las restantes oficinas recaudadoras, Dirección Nacional de Aduanas, (DNA), y el Banco de Previsión Social.

El informe central, elaborado en 2003 constató una situación de «deterioro institucional considerable» en DGI y DNA. La situación en el BPS es diferente para los técnicos, ya que entienden que «ha tenido avances significativos», debido a que al aprobarse la ley de reforma de la previsión social, el banco contó con recursos adecuados y con la autonomía operativa suficiente «para llevar a cabo una reforma integral de manera efectiva». Destaca que mientras el BPS destinaba 9,5 millones de dólares para mondernizarse y capacitar a su personal, la DGI rcibía del gobierno central 50.000 dólares al año.

El informe destaca que «el lBPS ha realizado en los últimos años un gran esfuerzo de modernización de su área sustantiva de ATyR, concentrándose especialmente en la mejora de los proyectos básicos de registro, recaudación de tributos y gestión de la historia laboral de trabajadores».

 

Conformar una ventanilla unica

También afirma que en el mediano plazo y para un país pequeño como Uruguay, «explotar las economías de escala para aprovechar recursos humanos escasos y reducir el costo del Estado es relevante».

Con esta base argumentan la conveniencia de la integración en una agencia tributaria única. No obstante, reconocen que actualmente la DGI y la DNA son organismos débiles por lo que, en un contexto de recursos escasos, correspondería iniciar un proceso de modernización y fortalecimiento institucional del que más recauda — la DGI– que, eventualmente, integre al otro. Esto, desde luego, en un contexto de mayor autonomía financiera. «En paralelo, y en la medida en que haya avanzado lo suficiente el proceso de fortalecimiento de la DGI, se integraría la función de recaudación y gestión hoy en manos del BPS, a la DGI.

El informe que es previo al proceso que está viviendo la DGI desde hace casi un año propone algunos pasos que ya se han comenzado a instrumentar como la coordinación entre las tres administraciones recaudadoras, mediante el intercambio permanente de información tributaria, campañas para obtención de información externa y actuaciones conjuntas de equipos de fiscalización.

A raíz de una nueva visita de la misión en 2005, se incorporó al Informe que «a Ley 17.706, del 4 de noviembre de 2003, que dispone la reforma y la mejora de la gestión de la DGI, no pudo ser reglamentada durante el año 2004, pese a que el deterioro institucional de la agencia era conocido. El proyecto de modernización de la DGI financiado por la Unión Europea, suscripto en diciembre de 2003 y que debía iniciar su ejecución en el primer trimestre de 2004, vio demorado este inicio por distintas trabas de índole burocrática. La oportunidad del acceso al poder de un nuevo gobierno de distinta orientación política, con amplio consenso social expresado en una amplia mayoría parlamentaria, ha permitido reglamentar esa ley el 30 de mayo pasado. El citado proyecto ha comenzado en abril de este año a cumplir con el plan de actividades previsto». *