La oportunidad de un nuevo contrato del país con su base agraria

Una de las vertientes interesantes de la discusión en ciernes sobre la eventualidad de giros fuertes en materia de relacionamiento externo tiene que ver con la respuesta a una pregunta sumamente inquietante y principal: ¿cuál será la estructura de producción que permita mantener tasas de crecimiento acumulativas de largo plazo, iguales o superiores al comprometido en el programa de gobierno y que, además, sea un modelo capaz de incluir y regenerar la confianza? Importa recordar que esa pregunta no tiene en el Uruguay de hoy respuestas concretas. Eso es lo que atosiga e inquieta.

El programa, el desempeño fiscal y el cronograma de la reforma son razonablemente aceptables. Pero el inversor y el ahorrista nacional mantienen prácticamente las mismas dudas sobre la sustentabilidad de los equilibrios de largo plazo que tenían a la salida de la crisis. Uruguay ha disminuido su riesgo soberano a los niveles previos a la crisis, pero aún, esa percepción externa de la capacidad de pago de la deuda pública no se compadece con una visión más comprehensiva sobre cómo haría el país en el largo plazo para pagar sus deudas incluyendo prioritariamente la social. No hay respuesta a esta pregunta en la lectura del discurso oficial hasta el presente.

Y esta no es una apreciación personal sino la evidencia de la enorme mayoría de los indicadores utilizados corrientemente y que persisten en enseñar el mantenimiento de una extraordinaria aversión al riesgo de cualquier uruguayo sea cual sea su vínculo con el mercado. Para los fondos de pensión o el capital de riesgo internacional invertir en Uruguay a mediano y largo plazo es parte de una diversificación del riesgo de su inversión global, habilitada por las garantías que expone Brasil y, sobre todo, porque los retornos de la inversión oscilan en rangos que van del 7% al 20% o más. en dólares. Este tipo de inversores observan al país desde una visión necesariamente menos exigente que los nacionales. Estos requieren respuestas más claras respecto a cómo piensan sus representantes políticos va a ser este país en el largo plazo. En el fondo de las cosas, la sospecha anida en la convicción dominante acerca de la imposibilidad que tiene una economía pequeña en una sociedad fragmentada de evitar la emergencia de desequilibrios de todo tipo en un futuro más o menos próximo.

Contra esto no es posible oponer el voluntarismo del discurso y los programas. No alcanzan tampoco las reformas en marcha y las que vendrán. Nada hay en Uruguay todavía que permita intuir un acuerdo inteligente y de amplia base social sobre la conformación de un país cuyo futuro este sustentado en un patrón de acumulación fuerte, de riesgo medido y que, además, sea capaz de convocar a la participación entusiasta de su gente.

 

Mercado, políticas estables e inversión

Hay, sin embargo, oportunidades históricas que, afrontadas, le permitirían a este país revalorizarse.

La perspectiva de continuidad en la excepcional relación del precio de los productos agroalimentarios con el de los bienes de capital y el precio del dinero propone un escenario de corto y mediano plazo óptimo para ensayar los cambios más ambiciosos.

A condición que sean razonables y no incorporen riesgos de insustentabilidad en cuyo caso, sencillamente no se pueden siquiera esbozar. La oportunidad de un despegue afable de la región en la cual nos va cada vez peor, de la mano de un tratado de comercio con los EEUU debe ser considerado sin prejuicios que nada tienen que ver con los principios. Sobre este escenario han comenzado a realizarse algunas hipótesis de políticas que mejoren la perspectiva de sustentabilidad del cambio en su conjunto.

Veamos tan sólo una de las posibilidades de utilización de la nueva oportunidad: la que coloca la cuestión agraria  título histórico sin los hay- en el centro de una elaboración de políticas de estado. Uruguay tiene un problema esquizoide con su base agraria. Vive con el campo y sospecha que esa convivencia resulta insoportable en el largo plazo. Otra vez, más allá de la subjetividad de una apreciación de esta naturaleza, basta observar la evolución del financiamiento agropecuario u otros más sociales  empleo agrario/producto; migración/ingreso; movilidad social, inversión en capital humano, etcétera- , para apreciar que, aún en la bonanza actual, ni los bancos ni las familias creen en que la producción agropecuaria les devolverá sus colocaciones o la felicidad de los hogares. Empero, las políticas actuales para el sector, con excepciones marginales, continúan una línea de estimulación que tiene sus fundamentos obligatorios: los equilibrios y gran parte del crecimiento futuro tienen su razón de ser en la estabilidad absoluta de esas políticas sectoriales. Se podrá objetar la desregulación y la apertura de los 90´ por razones variadas, pero seguirá habiendo exportación en pié, mercado absolutamente libre para la carne, protección de todo tipo para los sectores vulnerables vinculados a la exportación, subsidio y promoción del crédito garantido y un esquema de tributación que, sin duda, es el más estimulante de la historia del sector: hace cinco años, en el peor momento del sector el agro aportaba tributos por U$S 116 millones aproximadamente.

Cinco años después cuando el sector ha incrementado su ingreso en prácticamente un tercio, aporta U$S 106 millones… Empero nadie osaría hoy revisar las exenciones de aportes patronales a la seguridad social o introducir detracciones a la carne, las soja, los lácteos o el arroz. De hecho, la incertidumbre comercial condiciona y posibilita la subsistencia de un acuerdo tácito, conciliador y de enorme riesgo entre la sociedad, la economía y su componente agrario. Los uruguayos pobres no se benefician del fuerte excedente agroindustrial acumulado y el agro no reinvierte todo lo que podría porque subsiste un riesgo comercial que el TLC podría eliminar prácticamente.

 

Nuevas relaciones

El país debe aprovechar plenamente la perspectiva que se abre para cadenas agroindustriales competitivas.

Esa competitividad necesariamente creciente exige inversión y financiamiento de bajo riesgo.

Ello sólo es posible en una relación de nuevo tipo entre el agro y la sociedad. La inversión agraria exige mayores garantías de políticas estables. Pero el país, jugado a estimular un modelo agro exportador de elevado riesgo de discriminación social debe saber como recauda y distribuye parte del excedente agregado.

Consolidar la permanencia de las reglas actuales del juego en el cual el sector agropecuario y pecuario específicamente crece casi exclusivamente de cara al mercado norteamericano supone, inevitablemente, la legitimación formal del tácito acuerdo de políticas actuales. En el caso que el TLC prosperara y Uruguay estuviera habilitado a colocar toda su producción agregada con desgravación progresiva en el mediano y largo plazo para continuar colocando su producción cárnica, de lácteos y algunos cereales u oleaginosos en el mercado norteamericano, los nuevos empresarios agropecuarios tendrían consolidado el esquema de garantías para alcanzar umbrales de productividad. Sólo en ese escenario es posible pensar en otro aporte fiscal, creación de empleo de otra naturaleza en las cadenas agroindustriales y, si no fuera poco, en esa perspectiva es posible pensar en una nueva y virtuosa relación del agro y sus familias con los bancos y el mercado de capitales. *