Defensa de la competencia en Uruguay "es casi vergonzoza y de muy difícil aplicación"

En el foro económico organizado por ACDE, Bergara indicó que se plantea un rediseño institucional del BCU, mediante un proyecto de ley que implica «la institucionalización sana», de cómo se insertan la política monetaria y la regulación financiera en las actividades de las agencias de gobierno.

Se busca una visión consolidada en la regulación y la supervisión de los bancos, del mercado de capitales, de las administradoras de fondos provisionales y de los mercados de seguros.

Dentro del proyecto, la Superintendencia de Protección al Ahorro Bancario estará separada del BCU «dándole también los recursos y los instrumentos necesarios, no sólo para que actúe como morgue de bancos, tal como está previsto en la ley actual, sino que también pueda actuar como hospital de bancos, es decir, que tenga mecanismos que faciliten procesos de adquisición y de fusiones».

 

Coordinar organismos

Bergara destacó que «por primera vez se ha mostrado la clara convicción de la decisión política de que coordinen efectivamente los organismos de fiscalización y contralor en el país», como ser la DGI, el BPS, Aduanas, el BSE y el área de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Sobre la reforma tributaria y el impuesto a la renta adelantó que «en los parámetros que estamos manejando, a nivel de los lineamientos que se pusieron en la consulta pública pensamos que recién con ingresos personales de más de 30 mil pesos mensuales, obviamente que estamos hablando de ingresos en los deciles más altos de la estructura de ingresos del país la tasa efectiva podría estar por encima del 10% previsto para las rentas de capital».

El equipo económico estima que recién en los deciles 9 y 10, o sea en el 20% de ingresos más altos del país, se pasarán a tener tasas de 8, 10 y 13%, por encima de las actuales. En materia de empleo y por el efecto de la reducción de los aportes patronales que propone la reforma en los sectores más generadores de empleo, como son los servicios y el comercio, hay estimaciones que indican que la rebaja de aportes generaría alrededor de 10 mil puestos de trabajo en ese sector.

 

Competencia

El subsecretario del Ministerio de Economía indicó que en materia de políticas de competencia la normativa de la defensa de la competencia en Uruguay «es casi vergonzosa y de muy difícil aplicación», con competencias difusas entre el órgano de aplicación, la autoridad de competencia, y los organismos reguladores sectoriales tanto en áreas de servicios públicos energía, agua, comunicaciones y también en el sistema financiero. Una encuesta que contrató el Ministerio de Economía y Finanzas y que incluyó a casi 900 empresarios de todo el país reveló que casi el 80% de los empresarios nunca escuchó hablar de la legislación de competencia, sólo el 15% declara estar bien informado y el 70% cree que el objetivo es defender a las empresas o a los competidores. Por otra parte la mitad de los empresarios de este país cree que la fijación coordinada de precios entre empresas no es una conducta anticompetitiva.

La mitad cree que el reparto acordado del mercado entre empresas, no es una conducta anticompetitiva. Y un tercio cree que firmar contratos de exclusividad con todos los proveedores o clientes minoristas nunca es anticompetitivo. «O sea, acá pusimos tres caricaturas de lo que son prácticas anticompetitivas en todas partes del mundo.

En Uruguay, los uruguayos pensamos que fijar los precios con los competidores y repartirse el mercado son prácticas lícitas desde el punto de vista competitivo y por lo tanto esto lo que pauta es que acá no es solamente defender la competencia, castigar prácticas anticompetitivas sino un trabajo de promoción, de educación y de cultura en materia de competencia a nivel empresarial», señaló Bergara. El gobierno envió al Parlamento un proyecto de defensa sino también de promoción de la competencia. *