El gobierno ya no puede eludir la cuestión cambiaria

En realidad, no sabemos exactamente si el gobierno ha aceptado ya «discutir» su política respecto al tipo de cambio. A mi me da la impresión que ni en el equipo económico ni en el gobierno hay aún una predisposición mayoritaria a intentar colocar el precio del dólar en algún nivel políticamente soportable. No es cierto, por ejemplo, que el jefe del equipo de asesores del MEF, Fernando Lorenzo haya ido a «discutir» con el MGAP el «problema cambiario» tal cual lo informara  a página entera- un matutino la semana pasada.. Por lo contrario, la afirmación de la política cambiaria del gobierno fue fundamentada y entendida sin objeciones aparentes en el seno de una reunión con un equipo de técnicos del MGAP, agendada varias semanas atrás para discutir temas presupuéstales.

 

La sospecha como acelerador

Empero, más allá de los motivos que auspician este tipo de errores en la información pública, hoy existe una extendida sospecha que esta caída del tipo de cambio va a tender a ser enfrentada de una u otra manera por el gobierno. Probablemente esa sospecha tenga fundamentos y el gobierno se encuentre antes de lo previsto en una de esas típicas coyunturas frente a las cuales sólo se pude avanzar más rápido o retroceder como se pueda. En los últimos días, por demás, el aumento de la especulación sobre los efectos monetarios y cambiarios del riesgo de un rebrote inflacionario en los EEUU ha originado una fuerte salida de capitales de la región con sus consecuentes aumentos del precio del dólar frente al real, al peso argentino y el chileno. En los umbrales de la temporada turística, un dólar a 3.03 en la Argentina y 23 pesos en Uruguay  situación del jueves pasado- es un inesperado argumento a favor de quienes reivindican un cambio de política. Ese día, además, el Partido Nacional intimó al gobierno a reunir un aún, y afortunadamente, inexistente Consejo Nacional de Economía para discutir el tema…

O sea que a esta altura de la cosas, parecería no se puede evitar la discusión. Más allá de la política y las operaciones de comunicación, el mercado, aún sin demandar más dólares, ha comenzado a especular con las definiciones del tema.

En los últimos días el aumento de las tasas de interés en las transacciones del BCU con los Bancos, denota que los administradores del capital financiero trabajan con una suma de riesgos a los cuales se les agrega ahora, una nueva hipótesis sobre el futuro de la programación económica y monetaria. Si esto sigue así, sin definiciones de mayor contundencia del gobierno y no sólo de Walter Cancela, en pocos días, las tasas de interés en moneda nacional y extranjera van a comenzar a informar la variación de las expectativas cambiarias. Dado que la fijación del precio con el cual se maneja el BCU para sus ventas a treinta, noventa y ciento ochenta días es la resultante de sumarle al precio de hoy el diferencial de esas tasas de moneda nacional y extranjera, en unos días comenzará a aumentar el precio del dólar en ese incipiente mercado de futuros. Con lo cual, nuevos números reforzaran la argumentación devaluacionista al tiempo que aumentaran las dificultades y los costos de hacer política monetaria. Dado que el mercado descuenta en presente esa perspectiva la espiral especulativa crece. Inevitablemente el gobierno ha sido colocado frente a una opción de hierro y sobre ella debe pronunciarse con otra contundencia. Decidir si se va a actuar sobre el precio del dólar equivale a una aproximación a volver a fijarle un precio «ideal» al menos. Y ello, en un contexto de dificultades crecientes para hacer política monetaria, va a suponer la resolución previa de una confrontación institucional que abre un escenario diferente, esto es, la puja más o menos explícita dentro un gobierno inclinado ahora a ingresar en la definición de otro precio principal de la economía y el BCU que deberá hacer lo que tenga que hacer para cumplir su obligación constitucional de mantener el valor de la moneda nacional según lo entienda el Banco y no el MEF. Esa es, admitida por el gobierno la discusión cambiaria que propone el sector privado, la contradicción que a la vez presupone otra que ya no roza lo institucional sino que interroga a los uruguayos acerca de cuáles son las condiciones y los tiempos reales en los cuales han de hacerse los cambios prometidos. Dicho de otra manera, si la ciudadanía acepta que el país ingrese en un espiral inflacionario derivado de la imposibilidad de que su gobierno pueda defender la estabilidad haciendo política monetaria, estará aceptando también la postergación de los cambios. En un escenario dominado por la puja social permanente que presupone el desequilibrio de los precios relativos, el del salario incluido, los actores económicos dejan inmediatamente de fincar sus proyectos en el logro de mejoras de gestión y cambios estructurales para invertir sus mejores recursos en la obtención de una porción mayor de la renta a través de su acción sobre los precios de costos e ingresos. Esto presupone el extraño empeño en fortalecer las viejas relaciones de producción.

O sea, un escenario sobre el cual los actores empresariales y los viejos combatientes se sienten más cómodos que el resto porque fue en ellos que se educaron: unos mejorando su competitividad en los pasillos del Estado y los otros agrupando a los asalariados para defender el precio del trabajo. El resultado es obvio y puede hallarse en cualquier texto de historia nacional contemporánea. Lo que no es tan obvio es, cómo se reitera la comedia de la historia en las condiciones actuales de este país.

 

¿Partida o regreso?

En resumen: hay un problema cambiario real que coloca al gobierno de izquierda, antes de tiempo, frente a un dilema prácticamente existencial: decidir si el cambio prometido se puede hacer con más inflación de la que admiten los países civilizados. Esa es la opción argentina. Si, por lo contrario, entiende que sólo es posible hacer los cambios en entornos de estabilidad civilizada, además, de convocar a la ciudadanía a defender esa estabilidad agregada debe utilizar esa estabilidad para avanzar más rápido en las reformas que mejoren los escenarios en los cuales los privados deben hacer sus tareas vinculadas a la mejora real de la competitividad. Un gobierno fuerte en el cumplimiento de sus responsabilidades afecta definitivamente el viejo statuo quo. Ese en el cual han hallado razón de ser esas corporaciones y sus jefes: defendiendo a sus integrantes del resto de la ciudadanía. *