Para el BID la carga impositiva uruguaya es un obstáculo para la inversión

El informe se titula «¿Por qué se queda atrás América Latina?» y fue elaborado por el Departamento de Desarrollo Sostenible del BID.

En materia de seguridad jurídica y la capacidad para hacer cumplir las leyes y las regulaciones, los países desarrollados tienen en promedio una puntuación 6.

En la región, la puntuación más alta está en Chile con 5, seguido por Costa Rica con 4, mientras que Uruguay tiene una puntuación de 2,5, por debajo de Venezuela, El Salvador, México, Panamá, Bolivia y Perú.

El país con un puntaje más bajo es Argentina (1,5).

Pero el referido informe también hace referencia a otros temas, como el crédito que precisan las pequeñas y medianas empresas para desarrollarse.

En este sentido se señala que «la coincidencia de las opiniones de los empresarios de todos los países con respecto al valor de la falta de acceso al crédito como un freno al desarrollo, contrasta con la liquidez de los bancos en América Latina y con su capacidad para aumentar el volumen de sus préstamos manteniendo unos coeficientes de solvencia aceptables. Es decir, existe una demanda de crédito insatisfecha junto con un sistema bancario con capacidad para aumentar sus balances, pero temeroso de hacerlo».

Una de las explicaciones de esta realidad es porque los bancos pueden tener dificultades en cobrar préstamos impagos por la lentitud del sistema legal, principalmente cuando se votan leyes que obligan a refinanciaciones a deudores.

«Adicionalmente, la deficiencia en las legislaciones referentes a liquidación, reposición de activos, constitución de garantías y registro de propiedad, en particular de bienes muebles, desincentiva al sistema financiero a prestarle al sector privado, particularmente al de la micro, pequeña y mediana empresa (más del 98% de las empresas de América Latina). Mientras los países de la región no sean capaces de ir eliminando las limitaciones del sistema legal, los bancos protegerán su patrimonio restringiendo la oferta de préstamos y ofrecerán financiación solamente a quienes ya tienen una larga historia crediticia o disponen de activos que pueden ser ofrecidos en garantía sin dificultades legales» se sostiene por parte de Paulina Beato y Antonio Vives, los autores del trabajo.

Se debe tener en cuenta que la regulación del sistema financiero tiene como máxima prioridad la estabilidad del mismo, muy por encima de la efectiva intermediación. Esto significa que el sistema financiero, y en particular la banca, no tiene incentivos de intermediar en operaciones que puedan acarrear riesgos y que conlleven a la necesidad de aumentar el capital de respaldo a los activos expuestos.

«De esta manera, los bancos, enfrentando poca competencia en la captación de depósitos, pueden preferir colocar los recursos en papeles del Estado, lo cual en muchos países tiene amplia oferta, estrangulando así la demanda del crédito privado, elevando las tasas activas de interés y los márgenes de intermediación» se agrega.

 

Poca productividad

Otro factor que se examina es la productividad de la mano de obra. «La productividad de la mano de obra en América Latina es mucho más baja que en los países competidores, siendo inferior al 30% de la productividad de Estados Unidos» se indica.

Es posible aumentar la productividad bien aumentando el parque de capital de las empresas, bien a través de la capacitación de la fuerza de trabajo.

En el trabajo del BID se indica que el informe del World Economic Forum de 2004-2005 muestra que las tasas impositivas son consideradas como un obstáculo medio/alto en América Latina.

En Brasil, Colombia, Costa Rica y Uruguay, los tipos impositivos están entre los cuatro primeros obstáculos al desarrollo empresarial. Y en este sentido hay un hecho destacable. La carga impositiva es más alta en los países desarrollados. Al tratar este punto en particular, el informe indica que aunque los tipos impositivos varían entre el 27 y 29% en los países más industrializados, los empresarios de estos últimos países los califican como un obstáculo menos relevante para el desarrollo empresarial.

Se indica que en los países que no son desarrollados, las empresas que pagan impuestos no se benefician de los programas de gasto público, dado que la mayor parte de la población tiene una renta por debajo de la media y las demandas de gasto público social son enormes. *