O´Neill dice que su suspensión como banquero es parte de una "ofensiva oportunista y falsa"

O´Neill era representante del J.P. Morgan en el directorio del Banco Comercial. A el lo acompañaban Holfer Sommers, por el Dresdner Bank y David Mulford por el Crédit Suisse. Como directores se encontraban en Uruguay los hermanos Röhm, quienes realizaron un fraude contra la institución.

O´Neill, Molford y Sommers fueron suspendidos, por el Banco Central, y no podrán ejercer cargos en instituciones financieras en el país por el Banco Central por 10 años.

En su recurso contra esta decisión del Banco Central del Uruguay (presentada en la misma institución), el ex director de Banco Comercial, Brian O’Neill afirmó que el Banco Central no es «un investigador competente y justo» porque «lejos de ser ajeno a los hechos» incurrió según luego se supo en «errores y omisiones importantes en su supervisión» y alega que esta decisión es parte de una «ofensiva oportunista y falsa» vinculado al arbitraje que está iniciándose en los Estados Unidos y del cual el Estado uruguayo es demandado.

En el escrito afirma que «esto no lo decimos nosotros» sino que «lo dice el propio BCU en el curso de sus propias investigaciones», unas que el Banco Central «optó por esconder estos hechos».

El recurso destaca que, a diferencia de O´Neill, Molford y Sommers , el BCU conoció indicios serios de irregularidades en «ciertas transacciones de cobertura» que realizaba el banco con Ignacio Rospide.

Esta situación no sólo «no fue comunicada a los directores no ejecutivos» o sea los tres extranjeros mencionados, sino que «el BCU decidió no investigar más, aceptar la palabra del Sr. Rospide y clasificar al Sr. Rospide nada menos que con riesgo de crédito «Categoría I» (la de más bajo riesgo)».

 

Fraude sofisticado

Según el recurso de O´Neill que es similar al de Sommer, «el BCU no se considera a sí mismo responsable por no haber visto o identificado lo que pasaba con los fuertes indicios que tuvo» porque «cuando del BCU se trata, el fraude fue demasiado sofisticado para ser descubierto, a pesar de sus esfuerzos». Afirma que el BCU ya fue «demandado por su negligencia» y que «seguramente estaría expuesto a más juicios si su conducta, celosamente ocultada, fuera conocida» y «el BCU hizo lo que muchos en su posición hubieran hecho: culpar a otro».

 

Utilizando el sumario

El recurso también sostiene que el sumario fue «manipulado y usado por el Estado uruguayo para adelantar sus propios objetivos litigiosos» y que lo hizo violando en ese proceso «los derechos de los directores extranjeros a un proceso justo y transparente».

Como se recordará el Estado uruguayo tenía un litigio con los bancos que eran propietarios del Banco Comercial. Este litigio era para dilucidar si los bancos debían recuperar unos U$S 100 millones que habían colocado en el banco durante el año 2002. En la ocasión, Uruguay firmó un documento por el cual si el banco cerraba, el dinero debía ser devuelto. Finalmente cerró tras una fuerte corrida bancaria y una estafa que se había descubierto.

Es por eso que para O´Neill «las coincidencias de los tiempos del sumario con la estrategia de litigio del gobierno hablan por sí solas». Para el representante del J.P. Morgan en el directorio del Banco Comercial, «los resultados del expediente podían preverse desde el principio» y que «el sumario iba a concluir lo que fuera que el Estado uruguayo estuviera argumentando en cada momento de su conflicto con los accionistas extranjeros». Ejemplifica que «cuando fue conveniente argumentar la negligencia, el expediente alegó la negligencia. Cuando la negligencia dejó de ser suficiente, el expediente subió a algún grado de dolo. Y si mañana el litigio requiere encontrar algo distinto, algo distinto se va a encontrar. Porque esto no es un sumario imparcial, sino un conjunto de alegaciones preparadas para ser usadas en otro lado».

 

El tema de la negligencia

El recurso afirma que no puede argumentarse que los directores extranjeros fueron negligentes por no detectar el fraude de los Röhm cuando quienes operaban en el país y disponían de inspectores dentro del banco (como era el caso del BCU y de los auditores) no lo detectaron. «Absolutamente nada de toda la información que recibíamos de todas estas fuentes ofrecía la más mínima indicación de que algo pudiere andar mal. Nosotros, como muchos otros, fuimos víctimas de un fraude muy sofisticado, conducido por un grupo de criminales expertos, que conspiraron para esconder lo que hicieron de todos. El BCU auditó dicho sistema y repetidamente dijo que Banco Comercial era un Banco bien dirigido, que su sistema de control interno era -salvo recomendaciones menores- un sistema razonable y en funcionamiento, que los auditores externos revisaron la contabilidad correctamente y concurrieron con sus evaluaciones, y que su propia gente fue burlada por los Röhm».

El recurso acusa al BCU de «doble discurso» porque «nunca dice que lo que nosotros intentamos probar es falso, o que los expedientes dicen algo distinto de los que alegamos» sino que «se limita a esconder los expedientes decidiendo en forma unilateral que no son pertinentes». Afirma que en esencia el BCU «nos ocultó toda la prueba que podía demostrar que, enfrentados a aún más información de la que teníamos nosotros, procedieron de la misma forma en que lo hicimos nosotros». *