Toledo: "Los acuerdos están hechos para respetarse"

Si el gobierno «respeta el acuerdo que tenemos con el Estado discutiremos los temas» que integran la agenda inmediata de los transportistas, como «el del gasoil y los artículos que falta incluir en la ley de presupuesto para profesionalizar el transporte», adelantó Toledo.

Pero si la administración no reconoce la validez del mismo, «inevitablemente nos obligará a tomar la medida: una huelga por tiempo indeterminado. Los acuerdos están hechos para respetarse, y si no lo hacen, la medida de huelga general será tomada y será responsabilidad de quien no respetó el acuerdo», advirtió el dirigente.

La administración Batlle y la Intergremial de Carga habían llegado a un arreglo según el cual las empresas que mantenían deudas con el Estado, y aquéllas que operaban en condiciones de informalidad, refinanciaban sus adeudos o regularizaban su situación, según el caso.

Además, se estableció una fecha tope retroactiva ubicada en el 1º de noviembre de 2003 que determinaba desde cuándo se contabilizaban las deudas. «Y contempló también que en los casos de denuncias que hicieran los trabajadores sobre incumplimientos de las empresas en sus contribuciones, no regía el acuerdo» para esas firmas.

Toledo destacó que «el Poder Ejecutivo representa al Estado», recordando que «no hicimos un acuerdo a escondidas con algún miembro del gobierno» sino que el mismo «fue del conocimiento» de toda la estructura institucional del Estado: «Ministerio de Economía, de Transporte, Dirección General Impositiva (DGI), Banco de Previsión Social (BPS) y Comisión de Transporte» de la Cámara baja.

Esa solución «se respetó y se cumplió hasta ahora, y hoy está fuera de discusión si hubo acuerdo o no», enfatizó. «Lo dijo el ministro (de Transporte Víctor) Rossi: que había un acuerdo que se estaba cumpliendo, el ex ministro Cáceres también, y el propio Directorio del BPS reconoció que, sin estar de acuerdo, lo analizó».

 

80%-85% de formalidad

El presidente de la ITPC reivindicó la efectividad del arreglo desde la cuantificación de sus resultados. «Permitió que de 1.300 empresas que había registradas pasaran a estarlo 4.650″, cifra que equivale a «entre el 80% y el 85% del total» de firmas del rubro.

Tal proceso de regularización «representa tributación para el Estado, regularización y aportación para los trabajadores. Es el sector que tiene menos informalidad, producto de todas estas medidas».

Toledo entiende que el mecanismo consensuado «generó responsabilidades para ambos lados, que hemos cumplido».

Y que el sector detente actualmente el citado índice de formalidad, «gracias a estos mecanismos», fue reconocido «por el actual gobierno durante la campaña electoral, cuando se tomó al transporte de carga como ejemplo imitable para que otros sectores controlaran el informalismo».

Inclusive, dijo, el modelo «fue tomado en Argentina para implantar el Plan Ruta, que hoy rige al transporte de carga argentino. También fuimos consultados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para trasladar esto a países de centroamérica que tenían graves problemas de informalidad», comentó.

El gremialista dejó entrever la molestia de los integrantes del sector con la utilización, por algunos miembros del gobierno, del concepto `tratamiento diferencial´ para referirse a los términos del acuerdo de marras. «No sé a qué le llaman tratamiento diferencial: no pedimos una diferenciación con nadie, nunca negociamos que no se nos cobrara las deudas sino solamente el criterio inspectivo del Estado» a la hora de fiscalizar a las empresas.

Las firmas formalmente constituidas «tienen convenios hechos en BPS y DGI, con sus certificados al día, y lo hicieron a partir de la regularización. Las que tenían deudas debían refinanciar y pagar, y lo hicieron».

El próximo martes la dirección de la ITPC se reunirá con una delegación del gobierno conformada por los ministros de Economía, Transporte y Trabajo, instancia en que intentará por última vez convencer a sus interlocutores de la justeza y conveniencia mutua de su planteo.

Apostarán a que tanto Víctor Rossi como Eduardo Bonomi se mostraron reiteradamente proclives a mantener los términos del esquema defendido por la gremial. «Rossi impulsa esto porque es conocedor del sector al haber integrado la Comisión de Transporte en el período anterior. Y el ministro de Trabajo también conoce la realidad y nos manifestó su beneplácito con la solución que se había alcanzado, por su importancia para imitar en otros sectores». *