Empresario a prisión por defraudar a Aduanas en U$S 300.000
Actuaciones en conjunto realizadas por equipos técnicos de la Dirección Nacional de Aduanas y la Dirección General Impositiva permitieron comprobar irregularidades cometidas por un grupo económico que realizó maniobras de estafa en perjuicio del Estado.
Como resultado de las actuaciones, fueron procesados con prisión el titular de una empresa importadora de productos cosméticos, perfumería y artículos de tocador y usuaria de zona franca. También fue procesada una funcionaria de la misma firma.
El juez penal de 2º Turno Dr. Gustavo Mirabal procesó con prisión al empresario JK por un delito de asociación para delinquir y reiterados delitos de estafa especialmente agravada en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de falsificación ideológica por un particular, reiterados delitos de falsificación de documento privado y reiterados delitos de falsificación de certificados.
Asimismo fue procesada una funcionaria de JK con prisión por coautoría de reiterados delitos de estafa especialmente agravada en concurrencia fuera de la reiteración, con reiterados delitos de falsificación de documento privado y reiterados delitos de falsificación de certificados.
La maniobra efectuada consistía en la adulteración mediante procedimientos informáticos de documentos de importación y certificados exigidos para las operaciones comerciales. La empresa, una importadora que trabajaba en el rubro perfumería, cosmética y artículos de tocador conformaba un grupo económico con una empresa que operaba en Zona Franca, en ambas JK era el titular.
De la investigación conjunta realizada entre la Dirección de Aduanas y la Dirección General Impositiva que hace unos meses atrás derivó en el procesamiento de un despachante de Aduana surgieron las pistas para lograr detener y procesar a este delincuente. Hasta el momento son 17 los procesados derivados de la investigación original y 30 las empresas investigadas según informaron los jerarcas de ambas reparticiones.
La actuación que detectó una defraudación aduanera estimada en unos U$S 300.000, derivó en la participación del Ministerio de Salud Pública ya que uno de los delitos fue la adulteración de permisos de dicha repartición oficial que ya tomó los recaudos del caso por el peligro que podría haber reportado para la salud de la población, la maniobra que se valió de la utilización de documentos exigidos por esa secretaría de Estado.
«Ha habido un valioso trabajo de los equipos de Aduana y DGI y en combinación con la Brigada de Narcóticos. Nosotros seguimos en lucha frontal contra el contrabando técnico y seguimos trabajando en conjunto para demostrar a algunos empresarios que es más costoso trabajar fuera que dentro de la ley» afirmó E. Zaidensztat
El descubrimiento de este dolo generó la necesidad en el MSP de revisión y mejora de los documentos a fin de evitar futuras adulteraciones de certificados.
La DGI aún no ha evaluado el monto de la evasión a esa repartición ya que se sigue trabajando con la documentación incautada aunque se hace difícil ya que a medida que se van encontrando ramificaciones al delito original del despachante de aduana al acceder a las empresas se encuentran los técnicos con que hay documentación comprometedora que fue eliminada, » a pesar que se intenta borrar las pruebas el trabajo de nuestros técnicos ha sido fructífero» concluyó Zaidensztat. *
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