¡Disparen sobre el regulador!

Casi al mismo tiempo, la Superintendencia de Instituciones Financieras a través de una resolución avalada por el Directorio del Banco, decidió cambiar antes de tiempo y demasiado pegada a la discusión del endeudamiento, una norma regulatoria del crédito que el mercado leyó decididamente mal.[i] Frente a la dimensión de los problemas actuales, los actores involucrados y la decisiva especulación sobre la calidad de la política, transforman esas resoluciones en referencias ineludibles de análisis.

En el primer caso, el Poder Ejecutivo decidió literalmente capturar al regulador imaginando que la decisión no supone costos y que era mejor tener un hombre de confianza del presidente en ese lugar, no sea que a alguien se le ocurra mañana reeditar la decisión de llamar a una licitación inconsulta, suponiendo que los reguladores en este tipo de países pueden ser, efectivamente independientes. En el segundo caso -el de la SIIF/BCU- fue el propio regulador el que provocó la sospecha que pudiera ser capturado si las cosas se complican y las normas de seguridad bancaria coliden mañana las sempiternas necesidades de la «reactivación», o con otros objetivos del programa económico.

 

Descontando el futuro

Los dos hechos son en si señales que no pasan desapercibidas para quienes evalúan la calidad del momento actual en un sentido prospectivo. Esto es, ¿qué sucederá mañana con las reglas y normas que enunciadas y vigentes hoy deben ser aplicadas mañana suceda lo que suceda? Sin un signo positivo crecientemente acumulado en las sucesivas respuestas a cada interrogante en este sentido la cuenta de la confianza pública se deteriora, haga lo que haga y comunique como comunique el gobierno su política. Sin resultados positivos en esa cuenta de confianza es fácil especular con el aumento de las tasas de riesgo y escenarios en los cuales los operadores económicos se preocuparan de las mismas cosas que lo han hecho hasta ahora: esencialmente, mejorar sus relaciones clientelísticas para utilizar al Estado como asegurador del riesgo privado. Estos temas ya no se discuten en la economía pero son ignotos para la política en estos lares. El actual subsecretario de Economía y Finanzas, Mario Bergara, ex director de la Ursec, ha intentado explicar desde su formación académica que la regulación es una disciplina esencial para quebrar de una vez por todas la propensión de estos países a modificar los contratos toda vez que los grupos de presión deciden que los cambios -accidentales o programados- los afectan de una manera u otra.[ii].

¡Qué oportunidad aparecía en ese presupuesto de potenciar desde el poder (?) la teoría de un Estado en vías de modernidad habilitando, desde allí, los blindajes de independencia institucional y garantías esenciales de futuro! La presencia de Bergara en un lugar clave del gobierno pudiera haber presupuesto que esta discusión joven sobre la institucionalidad de la regulación y su prerrequisito de independencia, era un tema laudado intelectualmente aunque fuera objeto de puja y controversias menores. Obviamente, una visión más enterada sobre la correlación de fuerzas y el juego las personalidades en el gobierno, obligaba a los analistas de riesgo a un seguimiento más atento de cómo iría moviéndose el nuevo gobierno en relación con estos temas. Este dilema del regulador, la institucionalidad y la política no es exclusivamente uruguayo ni patrimonio de la minoridad cultural latinoamericana; es un problema principal de las economías centrales en las cuales, si bien no hay allí discusión sobre estas cosas, la batalla de la buena política para «atarse las manos» generando diariamente, a través de cada acción, credibilidad acumulada a futuro, es el desideratum de mayor o menor competitividad real de largo plazo.

 

Además, la sociedad de la información

Ello no obsta sin embargo para que este tipo de acciones/señales que el gobierno uruguayo parece inclinado a producir deba ser enfrentado con toda la convicción y la fuerza de quienes se debaten entre el escepticismo y la esperanza. Allí, en ese intersticio dramático, lleno de angustias y desesperación en muchos casos, anida la convicción acerca de que la esperanza del cambio no admite concesiones graciosas frente a este tipo de desvíos de ruta; ni admite errores que pudieran inducir aquella sospecha de flaqueza institucional. Ni el presidente Dr. Vazquez ni el nuevo presidente de la Ursec parecerían entender la esencia de la discusión. Ni el presidente debió haber nombrado a Lev, ni Lev debió haber aceptado el cargo sin que en la resolución y aceptación hubieran mediado algunas seguridades explicitas referidas a cómo se entiende la cuestión de la independencia. Para esto León no necesita tiempo.

Ni el presidente tampoco. Conociendo a los protagonistas, sólo me sentiría satisfecho frente a la renuncia formal del nuevo presidente de la Ursec a su condición de senador suplente.

Esa sería una señal formidable.

Hay tiempo aún de corregir el error apelando cumplimentar esos prerrequisitos y transformar amenazas potenciales en fortalezas excepcionales. Ese desafío es ahora personal y los dos involucrados en la decisión tienen la capacidad y el valor para generar esas seguridades que demanda la prosperidad del cambio. Quizás incluso esas seguridades que pudieran otorgarle a la comunidad Vázquez y Lev «atándole las manos» a la política para contrariar mañana normas de buenas competencia en función de «altos intereses o de razones de pública notoriedad pudiera generar un aporte enorme a la reconstrucción de la confianza. Y además, sería la indicación más potente a las fuertes corporaciones que operan en el sector en cuanto a que, de ahora en más, el gobierno está dispuesto a garantizar que las relaciones de producción usuales en el área tiene sus puentes cortados. El gobierno de turno se habría atado las manos para considerar las siempre valederas razones de los «buscadores de renta», en los mostradores oficiales.

 

El BCU en clave de confianza

En el caso de la SIIF es mejor olvidar; en la esperanza de que nadie haya presupuesto que la decisión mencionada, de acotados efectos prácticos en el marco de una normativa fuerte pudiera ser el principio de pequeñas concesiones a gerentes con pocos negocios, empresarios con tareas pendientes o políticos preocupados por el nivel de actividad. Empero, la sospecha del mercado es obvia dado el cariz de la discusión sobre el endeudamiento y el principio de dificultades en el financiamiento del crecimiento. El problema es que la SIIF no tiene nada que ver con eso y cada uno de sus actos es evaluado con más exigencia en estos momentos de apremio. Un aspecto colateral pero, quizás más decisivo de la cuestión tiene que ver con cuales son las relaciones de subrogación y subordinación internas de una institución que se prepara para afrontar cambios orgánicos con fuerte discusión legislativa y compromisos programados a diciembre y junio próximos. *

 

[i] Los cambios en la normativa adoptados por la SIIF/BCU pueden consultarse en www.bcu.gub.uy y en la edición de La República de lunes 15 de agosto pasado.

[ii] Mario Bergara, subsecretario de Economía y Finanzas es egresado de la Universidad de la República y se ha doctorado en Economía (Ph.D) en la Universidad de California, Berkeley con especialización en los temas de la regulación energética y los condicionamientos que limitan la institucionalidad.