Proponen que el Presupuesto se elabore con participación activa de la sociedad

La investigación fue desarrollada por 10 integrantes del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas, pero contó con la participación de estudiantes de otras facultades, en el marco de un ámbito interdisciplinario denominado «Espacio Coyuntura», y se plasmó en un libro titulado «entre la emergencia nacional y el emerger social» (nordan comunidad).

Así lo explicó a LA REPUBLICA Irene Abreu, una de las estudiantes de Economía que concibió el proyecto, quien señaló que «este trabajo es una excusa para instalar un tema en el debate social: el Presupuesto como herramienta, que hoy es de gobierno, en su concepción es de Estado y que nosotros creemos tiene que ser de sociedad».

El trabajo apunta –entre otros propósitos– a abrir la discusión sobre los cometidos legales del Presupuesto. «En la Constitución está previsto por programas, es decir que cada inciso tiene que remitir a un objetivo, establecer metas cuantificables y basar en eso la solicitud de recursos. Pero eso no sucede salvo en la Universidad de la República: entonces los diversos presupuestos violan la Constitución sistemáticamente», aseveró Abreu.

La investigación, que está dividida en seis capítulos e incluye un conjunto de 45 propuestas temáticas, busca la reflexión en torno a la idea presupuestal vigente. «La sociedad debe tener una participación más directa en su elaboración; no se puede prescindir de las organizaciones sociales en la conformación de los objetivos». Irene Abreu destacó que «nuestro objetivo es que el libro sirva como recurso de información y como motor de discusión».

 

El pago de la deuda como paradigma

Uno de los capítulos del trabajo que reviste mayor actualidad y trascendencia refiere a la deuda externa, «un componente de la asignación presupuestal que se asume como inercial y que creemos no debe ser abordado así».

El grupo redactor constata «algunas reiteraciones en los comportamientos gubernamentales: aún no se ha tratado el tema Presupuesto, no están las solicitudes de asignación sobre la mesa y ya se renegoció la deuda externa», reflexionó la investigadora.

La obra apunta a considerar que «tenemos algunos conflictos porque nos negamos a asumir que esos 700 millones de dólares que se pagan cada año por intereses de deuda son intocables. La noción que manejamos nosotros es que la deuda social va primero».

La investigación de los últimos presupuestos permitió verificar una caída de los rubros sociales básicos y el simultáneo incremento de dos renglones: «Desembolsos financieros del Estado», es decir el pago de intereses de deuda «que sube exponencialmente», y «Diversos créditos», «una especie de inciso de residuo adonde va todo aquello que no tiene un lugar en ninguno de los otros incisos, explicado así por funcionarios de la OPP», señaló Abreu.

Este rubro crece hasta un poco más del 12% del total, mientras que el pago de intereses se lleva más del 22%.

Además, al menos desde 1990, «hay un serio problema de transparencia» en la elaboración, advierte. «En nuestro Presupuesto hay 30 incisos, pero en los estados consolidados de la Contaduría General de la Nación y de la OPP figuran sólo 29: el que falta es ‘amortizaciones de deuda'».

El del pago de los intereses es un tema de «voluntad política, que en principio es la que expresa el gobierno pero que necesariamente debe ser apropiada por la sociedad. Si tenemos más de un 23% de nuestro presupuesto que no podemos tocar porque sabemos que va para el pago de intereses, se cumple aquello de que la torta no se puede agrandar».

Destacó que «el peso de la deuda sobre el Producto Bruto Interno es más del 100%». *