Al FMI le cabe igual tratamiento que a los que entraron en el canje

Entre los escándalos más resonantes como Enron, Xerox, WorldCom en los EEUU, Parmalat en Italia, se intuye que bancos y brockers dieron información falsa a sus clientes para la compra de bonos, acciones y cuotapartes de fondos de inversión. Pero esto llevó a demandas de clientes que se consideraron estafados, y a que firmas como Arthur Andersen, debieran pagar fortunas de resarcimiento llegando hasta su propia bancarrota, después de más de 100 de vida.

Recientemente mientras el Citigroup pagó 75 millones de dólares para poner fin a una demanda planteada por inversores de Global Crossing Ltd.(la sexta quiebra más grande en la historia estadounidense), el ex CEO de WorldCom, recibirá una condena de ¡85 años!, por haber producido pérdidas a sus accionistas de unos 180.000 millones de dólares y 20.000 personas que perdieron sus trabajos. La mayoría de los directores y auditores de estas empresas quebradas han sido procesados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos con cargos de perjurio, lavado de dinero, extorsión, tráfico de drogas y de armas, así como fraude en miles de pequeños inversores habrían perdieron millones de dólares en operaciones en que se les había entregado información falsa incluyendo a algunos de los mayores bancos del mundo, que fueron defraudados por empleados corruptos.

 

La fe en los auditores

A partir del caso Enron han surgido a la superficie fraudes que permanecían ocultos a los ojos de los inversores basados en auditorías y recomendaciones de agencias bursátiles más importantes. La SEC (Securities and Exchange Comisión   Comisión de Valores de los EEUU), viene denunciando penalmente a decenas de empresas por violaciones sobre transferencia de acciones y valores. Entre las denuncias hay más de 50 fraudes de operadores en Wall Street, llegando a la renuncia del hombre que la presidió durante muchos años, con la complacencia del gobierno de Estados Unidos.

Esta situación no es privativa de los EEUU. En Europa, desde la renuncia de un director del Bundesbank (Banco Central Alemán), pasando por el grupo suizo Adecco SA y el holandés Royal Ahold se llega a Italia con el escándalo de Parmalat, donde cerca de 30 ex miembros del consejo de administración incluyendo al fundador están presos acusados de una bancarrota fraudulenta.

Si bien en los EEUU, el gobierno reaccionó a través de la SEC y de una reciente Ley estableciendo nuevos requisitos a cumplir para las empresas que cotizan en bolsa, debe quedar claro que es muy difícil descubrir un fraude cuando los directores y/o gerentes de la empresa se complotan con sus auditores.

 

La mala praxis

En el caso de los países, el auditor ha sido el FMI, que en las décadas anteriores ha ocultado la verdadera situación económica que condujo a la debacle Argentina de 2001, con sus consecuencias no solo económicas sino especialmente sociales a través de la más fabulosa regresión de la distribución del ingreso.

En efecto ya en 1998 los Estados Contables de la Administración Central confeccionada por la Contaduría General de la Nación del país mostraban un estado de insolvencia ya que el país sólo contaba con menos de $ 0,50 de activo para responder a cada peso de deuda que fue disminuyendo hasta $ 0,10 en el 2001, en que se declaró el default.

El ocultamiento de estos indicadores por parte de los economistas y funcionarios del FMI lo constituye en partícipes necesarios del fraude que generaron, al dar luz verde para que los bancos y brockers continuaran con la venta de bonos, acciones y cuotaparte de fondos

 

La deuda privilegiada

La ley de quiebras en Argentina así como la de otros países determinan que un acreedor privilegiado por tener su crédito respaldado con una garantía real como una hipoteca, solo la puede invocar en caso que el acreedor demuestre que al momento de firmar esa hipoteca no conocía el estado patrimonial y/o financiero del deudor, ya que en caso contrario esa garantía ha sido fruto de una maniobra para mejorar su condición contra la masa de acreedores.

En este último caso el acreedor pierde su calidad de privilegio que le otorgaba la hipoteca y el crédito pasa a tener igual tratamiento que los que constituyen la masa acreedora.

Esta ha sido la situación que ocurrió con la Argentina, en que el FMI como auditor del país, conocía su situación económica financiera, y siguió otorgando la famosa «luz verde» que hizo que bancos y brockers hayan recomendado efectuar compra de títulos, acciones y participaciones en fondos que luego entraron en default generando los perjuicios a los pequeños inversores del planeta que compraron basados en sus recomendaciones.

 

Oportunidad para De Rato

El FMI reconoció su culpabilidad a través del documento autocrítico producido por su Oficina de Evaluación Independiente (IOE), sobre su actuación en la Argentina durante la década de los 90 y en la etapa previa a la crisis de 2001, y el actual director gerente del FMI, Rodrigo de Rato tiene la oportunidad histórica de reparar integralmente los daños causados por sus antecesores.

Esta reparación debería ser tanto al país como a los inversores, reparación que debe restituir el equilibrio afectado por el daño, tratando de situar a la víctima en una situación equivalente a la que hubieran tenido si el hecho perjudicial no se hubiera producido, que en principio debiera ser la diferencia entre las sumas que se le reclaman al país y la deuda legítima que honraría el país, de acuerdo a las normas generales del derecho

Así como lo hizo Arthur Anderson en el caso Enron, y otros auditores, el FMI deberá reparar integralmente los daños causados por su actuación dolosa con la responsabilidad que le cupo como auditor de la Argentina durante los últimos 20 años, en los que defraudó a la comunidad internacional, otorgando la luz verde durante la década del 90. *

(*) Presidente de la Comisión de Economía del Centro Argentino de Ingenieros.