La austeridad no alcanza para neutralizar los riesgos de la confusión institucional del cambio

Ahora, cuando en un país sin margen para cometer errores, aún a riesgo de que parezca apresurado, comienza a ser tiempo de advertir la existencia de algunos de los riesgos implícitos en la opción de cambio y cuya extensión pudieran comprometerlo tempranamente.

El mercado -en su acepción más amplia, la de toda la gente en sus transacciones habituales- fue proyectando en tiempo y forma los riesgos que sobrevendrían en el cambio actual. Esencialmente esas proyecciones han sido confirmadas por un cambio ordenado. No hubo, en tanto, sorpresas ni en materia cambiaria ni en las tasas de interés. Sin embargo, en los segmentos de ese mercado en los cuales se maneja información más sofisticada, las proyecciones de los escenarios actuales habían incorporado variables que, en general, están muy lejos de la comprensión del ciudadano común. Entre ellas dos, muy relevantes: los saltos de calidad que se producirían en el entorno financiero de la economía nacional y, en segundo término, el costo de las expectativas reproducidas por la misma institución formal del cambio.

La transición uruguaya ha estado pautada por esa ambivalencia de conductas basadas en la disponibilidad muy asimétrica de la información. Pero fundamentalmente, esa asimetría de la disponibilidad de información está siendo multiplicada por la capacidad de los individuos y las empresas, también muy heterogénea, para operar sobre la realidad. Y ese diferencial tiene raíces culturales enterradas muy hondamente en una sociedad envejecida y golpeada en sus creencias y confianzas históricas. O sea, no sólo discrimina la disponibilidad de la información sino que, sobre todo, discrimina la posibilidad de operar con ella.

De ahora en más

Llegados hasta aquí, la primera interrogante de futuro es: ¿Cómo se forman las expectativas y los valores en un mercado  acepción amplia en este caso- sujeto a tales características: discriminación muy fuerte de conductas individuales y empresariales en un proceso de cambio de administración de la dimensión del actual? La segunda interrogante apunta a saber cuáles son los límites de las armonías de la transición actual si esta diferenciación operacional sigue acentuándose en términos progresivos progresionales como está sucediendo en la actualidad? En este caso esa diferenciación alude a conductas no sólo «económicas» sino político-institucionales. Allí reside una de las claves de la evaluación de riesgo. La otra clave se halla en saber qué ponderador adquirirá en las próximas semanas el impacto agresivo de las variables externas  tasas y petróleo- y algunas internas  sequía y déficit energético- en la composición del escenario en el cual, ahora, además, se procesará el cambio. Estas interrogantes han comenzado a multiplicarse en los últimos días.

Usualmente, intentamos aproximarnos al análisis de la realidad desde la evolución de los indicadores de riesgo. Ellos nos han servido para anticipar, por ejemplo, cuáles serían las características que rodearían el cambio de octubre. Seis meses después, la transición comienza a ser más compleja. Las respuestas a aquellas interrogantes comienzan a ser surtidas por la realidad; la tranquilidad social de haber tomado con responsabilidad los riesgos del cambio ya no alcanza para defender al nuevo gobierno de la vulnerabilidad agregada. La sociedad comienza a moverse de acuerdo a aquella diferencial capacidad de informarse, interpretar la información y operar con ella. La conducta de los ahorristas indica los límites del crédito que tiene el cambio.

Empero y, sobre todo, los diferenciales de conducta que comienzan a observarse en la sociedad son más intensos en la esfera de la representación política y tienen su expresión más notoria en la profusión de un discurso oficial extremadamente difícil de comprender en estos escenarios de riesgo; mas allá aún de las licencias, créditos y aún obligaciones que tienen los nuevos gobernantes en materia de apertura y generación de información.

Del arroz, el BCU y las confusiones

Quizás el episodio más representativo de este nuevo escenario en el cual se procesa la transición sea la sucesión de hechos producidos entre el miércoles 30 y el jueves 31. El jueves, el BCU anunció la meta inflacionaria para el año finalizado en marzo de 2006, rango del 5% al 7%, un objetivo central y muy ambicioso que la institución intentará preservar con sus instrumentos disponibles con una capacidad sobre la cual venía mejorando la confianza general del público. Esa meta había sido comprometida por las nuevas expectativas inflacionarias. Reafirmada e instrumentada por el nuevo Directorio del BCU, parecería que no tuviera ninguna importancia ni El resto del gobierno no sólo parece ignorar la trascendencia de esa decisión del BCU sino que, la omite en su discurso posterior. Es obvio que este tipo de lecturas se realiza con mucha atención en un mercado que lee estas cosas con extrema atención. El problema es que, volviendo a lo de mas arriba, la posibilidad de operar con estos datos nuevos es diferencial según sea el actor económico que los recepciona. En un segmento del mercado, se generan interrogantes, expectativas y un poco de confusión; en el otro, se comienza a especular, aún en el mejor sentido de la palabra.

En vez de referirse al impacto positivo que sobre la economía debería producir una decisión como la de la Copom/BCU, el presidente de la república y su Ministro de Agricultura privilegian un objetivo cambiario que, hasta ahora, no figuraba en el programa oficial del gobierno: dólar a $ 26 aunque sería deseable que valiera $ 30…o nunca más rezago cambiario que equivale a decir que de ahora en más el dólar no sólo no va a bajar sino que debería  en el peor de los casos- valer en marzo de 2006 $ 28 al público.

Estas son las respuestas que esperaban los análisis de riesgo de aquellos más informados y capaces de especular sobre la realidad.

El nuevo gobierno, progresivamente asediado por los impactos externos y el vencimiento de sus créditos, parece no reparar en los costos que tienen los deslices de su discurso en materia institucionales. En un escenario de riesgos crecientes el precio del dólar no debería integrar el discurso oficial ya que ni siquiera figura en la programación económica.

Y en estas circunstancias sería deseable que el BCU enfatice su independencia para convencernos que nunca más habrá devaluación de la moneda de los pobres para suplir las indolencias de los ricos en preservar sus propios riesgos  cambiarios en este caso. *