La dispersa atención sobre los temas principales

Los extranjeros inversores y ahorristas tienen más confianza que los uruguayos en que Uruguay logre preservar la estabilidad y avanzar en el cambio sin mayores problemas. Esta contradictoria tendencia tiene un punto de arranque: junio de 2003 y se origina en una interpretación muy diferente sobre la calidad de la salida lograda por el país a la crisis bancaria de 2002 y el canje de deuda finalizado en aquella fecha. Esta visión externa más «optimista» sobre las perspectivas del país que la que poseen los ciudadanos ha sido abonada, además, por el «fenómeno Brasil»; el dato que les faltaba a los especuladores seculares con el riesgo latinoamericano para entender la nueva madurez de las democracias y la restricción que tienen las elites nacionales para «gobernar como antes».

Dos visiones sobre el riesgo institucional

Las asimetrías de la información son fuertes a nivel local, pero son más fuertes aún cuando frente a un hecho relevante que afecta el riesgo soberano de un país «emergente» se enfrentan quienes manejan información global y analistas locales que, aún con información suficiente, no logran mantener la independencia y el rigor del método de análisis de esa información. Empero, el problema esencial que diferencia una y otra visión refiere a cuales son los indicadores principales de la matriz de riesgo y sobre todo, su ponderación. De esa manera, Brasil y Uruguay han venido ganado créditos mayores afuera que adentro porque la índole de sus logros esenciales es de dificultosa comprensión para la vieja cultura del análisis criollo. Simplificando un poco aventuremos que la percepción externa sobre la mejora de la institucionalidad lograda por Chile, Brasil y últimamente Uruguay y Argentina en ese orden es el gran diferenciador. Desde afuera se pondera adecuadamente el aporte de esa mejor institucionalidad a la disminución del riesgo estructural de estas sociedades. Desde dentro la valoración de la institucionalidad es aprendida con mayor lentitud y ostensibles resistencias.

En los primeros diez días de marzo el precio de los papeles de la deuda uruguaya de largo plazo con transacción local ha bajado aproximadamente un 7%. En el mismo período, la cotización de los bonos globales, listados en las bolsas internacionales ha caído tan sólo un 1%. Esa estabilidad de precios de los bonos globales uruguayos se ha producido en contexto de caída de los precio de todos los papeles de renta fija en el mundo, en particular de los norteamericanos. Más allá de las inferencias que la caída de los bonos «locales», o sea de la «confianza relativa» de los uruguayos sobre su propia perspectiva económica- financiera de este país, la inferencia más importante es de otro orden. La institucionalidad mejora pero los uruguayos no la reconocemos ni le adjudicamos a su información un rol principal. No entendemos ni celebramos en tanto, el valor que supone la autoafirmación de la autonomía del BCU subrayada desde agosto de 2002. Similar carencia con rasgos de indolencia sobrevuela la atención pública sobre los reguladores. Todo lo que atañe a la institucionalidad del derecho tampoco parece merecer la atención ciudadana. Sin embargo, esa mejoría de institucionalidad ha continuado prosperando y ahora ese proceso comienza a enfrentarse en este país con sus pruebas más decisivas. Es que el arrastre de racionalidad impuesto por la salida exitosa de la crisis ya no alcanza para resolver las nuevas exigencias. Ahora hay una suspicacia natural sobre la continuidad de esas tendencias de mejora institucional en este país. Es así, pese a que la renovación y el cambio de octubre debería contribuir a su afirmación.

El Consejo que vendrá

Es natural reconocer que existe la posibilidad de un suspenso de la mejoría institucional. Entre otras razones porque en esto, los futuros pasos, comienzan a ofender viejas estructuras de poder. Y es obligatorio entender las amenazas y oportunidades del proceso. El ejemplo que nos faltaba para objetivizar cuanto pueden jugar las rémoras culturales en ese proceso de mejora institucional se nos va a presentar en los próximos días, cuando el Legislativo discuta uno de los tres primeros proyectos de Ley enviado por el Poder Ejecutivo a las Cámaras. El de la Ley que reglamenta el artículo 206 de la Constitución de la República creando formalmente el Consejo de Economía Nacional. Ese órgano consultivo y autónomo creado nominalmente por la Constitución de 1934 y mantenido en esta condición en las reformas del 42, el 52 y el 67 destinado a organizar una mejor discusión de las sociedad y el Estado en relación a los temas de la economía era, hasta ahora, una de esas asignaturas pendientes eternas de la democracia uruguaya. Cuando el nuevo gobierno decide implementarlo formalmente la reacción ciudadana es, al menos, una reacción de incomprensión y desinterés. La ortodoxia del pensamiento económico rechaza la idea preocupada por la creación de un espacio de dispersión y potencialmente peligroso en el juego de los lobbies y los equipos técnicos del Ejecutivo. Desde una perspectiva un poco más atenta a la índole de las tareas del futuro, se explica la necesidad de crear un ámbito de enlace y comprensión ciudadana de los problemas de la economía, de las reformas, el disciplinamiento y la inclusión económica. Es más, esa valoración que acepta la formalización de tamaña Institución es la de quienes entienden que la reintegración social de este país es aún demasiado escasa frente al riesgo de incomprensión de las fenomenales tareas del cambio. Y celebra entonces la institución del nuevo organismo. Empero, la lectura del Proyecto objetiviza todos los temores y replantea el riesgo que supone, de ahora en más, la aceleración en la corrección de las omisiones y defectos institucionales.

Correcciones esenciales

Así como fue enviado, ese proyecto es un mamarracho. No sólo por su conformación y presumible régimen de elección sino, sobretodo, por la oportunidad pérdida. Quién puede suponer que una mejor institucionalidad de la discusión económica en escenarios de cambio puede dirimirse en un ámbito en el cual las tres cuartas partes de integrantes son empresarios y trabajadores, mientras a los consumidores se les reserva… un lugar. Seguramente la discusión legislativa mejorará sustancialmente la iniciativa del Ejecutivo y si es así, quizás, la próxima discusión presupuestal y otras esenciales tengan un ámbito de interés y participación que entusiasme al ciudadano y no tan sólo al viejo corporativismo. Más allá de su eficiencia real, que importa y mucho, el CEN será una prueba de la institucionalidad que estamos en condiciones de demandar y proveer de aquí en más. Esa que se valora tanto afuera y tan poco en casa. *