Alfie ratificó su proyecto de reforma de la DGI

El gobierno continuará adelante con su proyecto de reforma de la Dirección General Impositiva (DGI) a pesar de algunas resistencias de sus funcionarios, de las dudas de parte de la izquierda, aunque expresó su disposición de conversar con la fuerza política electa el próximo 31 de octubre, y las posibilidades que tendrá la misma de promover cambios por un nuevo decreto o por medio de la Ley Presupuestal.

Así lo expresaron ayer, el ministro de Economía, Isaac Alfie, el director de Rentas, Eduardo Zaidensztat, junto con el senador quincista Juan Adolfo Singer, al explicar este proyecto durante dos horas ante la Comisión Permanente a instancias del Encuentro Progresista.

Desde la barra, casi un centenar de funcionarios de la DGI siguieron atentamente la deliberación, y exteriorizaron su aprobación cuando el diputado Jorge Orrico (Asamblea Uruguay) sostuvo que las reformas deben hacerse «con la gente».

La diputada Nora Castro del Movimiento de Participación Popular (MPP) preguntó sobre los objetivos, los principios orientadores, en qué consiste la dedicación total de los funcionarios, los posibles cambios en el escalafón profesional, el régimen de incentivos y compensaciones, el tipo de contrato, y las razones por las cuales se procede a un aceleramiento ahora a escasos días de las elecciones.

Zaidensztat sostuvo que el corazón de la reforma establece la incompatibilidad de los funcionarios de la DGI de ser «juez y parte» cumpliendo función simultáneamente en el organismo y en una empresa privada, pero se les asigna «una retribución extraordinaria».

Sobre las retribuciones del personal jerárquico, Alfie indicó que se tomó en cuenta los datos proporcionados por una encuesta sobre remuneraciones en multinacionales, porque lo que se busca es que esos funcionarios «no se vayan de la administración».

La reforma debe implementarse en un plazo total de 18 meses, teniendo los cargos directrices 30 días para expedirse si se acogen al nuevo sistema, mientras que el resto de los funcionarios hasta el 30 de abril de 2005. *