El nuevo gobierno y el atraso cambiario

En las últimas semanas el Banco Central ha estado siendo sometido a fuertes presiones provenientes del sistema político y del ámbito empresarial. Otras, un poco más sutiles pero más difíciles de enfrentar, provienen desde el mismo interior del equipo económico. De hecho, se ha puesto en riesgo su credibilidad para administrar la política monetaria «en línea» con los objetivos del crecimiento, la estimulación empresarial, el empleo y otros tantos lugares comunes de la discusión política nativa. Ahora el Banco debe utilizar su principal instrumento -la política monetaria- no sólo para cumplir su misión -mantener a raya la inflación- sino, además, para mantener el tipo de cambio en un nivel compatible con el juego de las presiones. Paradójicamente, ninguna de ellas impulsa al Banco a mantenerse en línea con su misión institucional y subordinar a tal objetivo todo el resto. Por ahora el BCU mantiene la proa en la dirección asignada pero es obvio que se le va haciendo progresivamente más difícil.

En 1995, al votar la Ley orgánica del BCU, el legislador precisó el requerimiento esencial que la sociedad le demanda a ese novel Ente creado por la constituyente de 1966 y al cual le concediera una autonomía aún restringida pero muy considerable. Pasaron veintinueve años para que el sistema político se pusiera de acuerdo para cumplir cabalmente el precepto constitucional y aprobar en marzo de 1995 la Ley 16.696 -Ley Orgánica del BCU- en la cual le imponía, conjuntamente a otras subordinadas o menores, su misión principal: «Velar por la estabilidad de la moneda nacional». Previendo confrontaciones como las del presente el legislador imprimió en la ley orgánica una salida a una eventual oposición de intereses entre el Poder Ejecutivo y el Ente. Advirtió el legislador que si la coordinación con el Poder Ejecutivo, responsable de la política económica, no alcanzara a impedir eventuales conflictos que pudieran comprometer la responsabilidad del BCU -defensa de la moneda nacional, etcétera- la autoridad monetaria podría mantener su criterio haciéndoselo saber al P.E para que este, de estimarlo necesario, activara los procedimientos regulados por los artículos 196, 197 y 198 de la Constitución. En tanto, si en emergencias críticas como las actuales, o las que pudieran sobrevenir tal cual se perfilan las cosas, y en las cuales se produjeran discrepancias de política que pudieran afectar la misión esencial del Banco, este tiene el suficiente margen legal para persistir en el cumplimiento de su misión. Y el BCU ha contado con esa relativa autonomía; desde agosto de 2002 hasta ahora, al menos.

Inflación y las relaciones de producción

Los gobiernos que no defienden al estabilidad de su moneda no sólo condenan a la miseria a las grandes mayorías dependientes de ingresos nominados en moneda nacional. Ellos perviven ubicando la política en un rango inferior. Ese en el cual no se requiere de la estabilidad para reformar sino que necesita la inestabilidad para ubicar a los políticos en la mediación de las transferencias de renta que se producen en el área de los precios volátiles. Ese es el juego que están habituados a jugar los malos empresarios y los peores políticos. En países corroídos por la inflación y tipos de cambio de repúblicas bananeras, la política adquiere una función secundaria. Ese es el tiempo de la mediación de los técnicos; ministros de economía inclusive. En esos lares importa sólo la capacidad y la fuerza que tienen las corporaciones para manejar los precios relativos y a través de ellos las relaciones de producción. La política no importa pero en cambio es decisiva la relación de clientelismo y funcionalidad que empresas y sindicatos tienen con el partido y este con el Ministerio de Economía.. En esos estadios de volatilidad la utilidad de la verdadera política se disfuma. Tanto como la responsabilidad de los políticos cumplir su propia misión, que no es la de arbitrar esos conflictos sino legislar las reformas que nos debemos.

Cubriendo el riesgo de los viejos empresarios con plata ajena

No hay prensa para explicar porque el BCU debe arriesgar los dineros de la comunidad ofreciendo «forwards» -cambio a futuro- para noviembre a exportadores o a quién esté preocupado por su «competitividad cambiaria», comprarle dólares a algo más de $ 30, un 10% más de lo que vale hoy. Y tampoco hay prensa para asombrarse porqué el exportador «sumido en la incertidumbre cambiaria»…no acepta tal regalía. ¿Con qué precio del dólar especulan esos empresarios o los asesores y políticos que tan diligentemente le hacen los mandados en la prensa? ¿Con cuanta miseria más piensan que pueden superar ese «atraso cambiario» que invocan? El riesgo actual en este país no tiene nada que ver con la «incertidumbre cambiaria». Eso ya fue. Ahora el riesgo es la percepción de los especuladores sobre la solidez o no de la institucionalidad agredida. Los empresarios dignos, los nuevos, los que no le piden nada al Estado más que regulación adecuada no tienen una pizca de preocupación sobre el precio futuro del dólar. Saben bien como funciona esto. El temor que inhibe la inversión de los empresarios dignos es la misma que mantiene el ahorro de los hogares debajo del colchón: el riesgo de la degradación de la institucionalidad que queda. Si los viejos carcamanes de la empresa y la política logran imponer la discusión sobre el rezago cambiario y la «culpabilidad» del BCU en la emergencia habremos desaprovechado otra oportunidad histórica para la renovación empresarial y política en este país. Y esa, ahora, es responsabilidad de los nuevos gobernantes.

Condicionando al nuevo gobierno

La acusación al BCU como provocador del rezago cambiario tiende a resolver un problema concreto y actual: asegurar la ganancia de los viejos empresarios vía mayor devaluación. Pero sus objetivos van mucho más allá. Esa discusión tiende a crear los anticuerpos a la eventual continuidad de esa política en el nuevo gobierno. Esto sigue siendo en Brasil el principal problema de Lula con su propio entorno. ¿Qué pretenden que haga el nuevo gobierno en esta materia? Porque la gravedad del embate actual contra el BCU, sin que este tenga defensa alguna dentro o fuera del Poder Ejecutivo, replantea riesgos institucionales que son aún más graves que la desvalorización inducida de la moneda nacional que se pretende. Si la independencia del BCU se restringe y acota, se daña una de las pocas garantías con las cuales el nuevo gobierno debe blindar de estabilidad sus primeros pasos. Es una mala señal hacia delante y es un problema serio para la transición actual.

El éxito o el fracaso del nuevo gobierno se define en su valentía para defender y mejorar las relaciones institucionales del país e incorporar a la población a esa batalla. Algo de eso enseñaba Walter Cancela en las Jornadas de Economía cuando preguntado sobre las peligrosas relaciones de un eventual gobierno del EP-FA-NM y las corporaciones respondía que ese problema se resolverá reivindicando ofensivamente el papel del Estado y toda la ciudadanía en la defensa de sus instituciones y sus misiones esenciales. Si ello es así la defensa del BCU y su independencia para cumplir la suya ya debería haber comenzado; y además, paradójicamente, debería ser liderada por la izquierda. *