El oscuro huevo de la serpiente

Luego de décadas de omisiones e impudicias de todo tipo, a alguien parece habérsele ocurrido utilizar los treinta días del fin de la campaña electoral para realizar lo que probablemente sea la Reforma principal de una cuantas que nos debemos los uruguayos. Según se ha anunciado en las próximas horas, al término de una ininteligible discusión entre el director de Rentas, el ministro de Economía y el sindicato de los funcionarios de la DGI, se enviará, al fin, el famoso decreto que debe reglamentar la Ley Nº 17.706 del 4/11/2003. Una vez ingresado el decreto a la Comisión Permanente bastaría con que no recibiera objeciones del cuerpo en treinta días para que la ley de octubre, ahora reglamentada, adquiriera plena vigencia. De inmediato comenzarían a procesarse una serie de hechos que teóricamente habilitarían un cambio relevante en la DGI pero que, esencialmente, legitimarían y tornarían irreversibles por muchos años la triste realidad actual de la institución. Al día de hoy hay dos textos diferentes del proyecto de Decreto Reglamentario y una negociación en proceso que pudiera incorporar al último texto -el redactado en el Ministerio de Economía como alternativa al que venía de la DGI- elementos que, fundamentalmente, aseguren la estabilidad laboral habilitando una sustancial mejora salarial, además de desdibujar la ya exiguas exigencias de calificación, contralor y responsabilidad que, contenía, al menos, la versión del proyecto surgido de la propia DGI.

 

Ahora importa la forma

No es esta la oportunidad de ingresar en la fundamentación de la inconveniencia de algunas proposiciones esenciales de la Reforma en ciernes. En realidad, los temas son los suficientemente complejos en si y en su relación con el contexto institucional para ser tratados en una columna de este tipo. Pese a lo cual es necesario tener claro que ese decreto contendrá las disposiciones que exige la ley de octubre para que el personal actual de la DGI, incluido su director, comiencen a ejecutar de inmediato una serie de cambios cuyo mero proceso inhabilitará por muchos años cualquier intento de reforma que los nuevos gobernantes quisieran o debieran afrontar a partir de marzo próximo. Ello es así porque, de inmediato, comenzarían a ejecutarse disposiciones en el área de los contratos laborales, nombramientos y regímenes de dedicación, responsabilidad, contralor, y calificación que, más allá de su eventual potencial de cambio futuro, legitimarían la actual estructura de poder y decisión. Con ello se confirmaría el otorgamiento de un monto de recursos muy elevados para financiar los cambios dispuestos en la nueva norma. Estos recursos que incluyen los de un voluminoso crédito de la Unión Europea con contrapartidas nacionales, siendo imprescindibles para financiar cualquier Reforma en serio de la DGI, aparecen en este caso demasiado cuantiosos como para volcarlos, como crédito de un país tan empobrecido, al financiamiento de otra Reforma mediatizada y tan umbrosa como ésta.

 

Escenarios con una u otra DGI

Sin poder ingresar siquiera en el análisis básico de los proyectos en danza, esta columna debería advertir sobre el enorme riesgo que supone que en treinta días, en el silencio de un Legislativo vacío, se consagre una Reforma que pudiera maniatar a los nuevos gobernantes cuando éstos deban enfrentarse a la necesidad de reformar en serio a la DGI. En las condiciones actuales no es posible discutir, normar y explicar un cambio de esta magnitud y esto es lo que debe ser entendido, más allá de la discusión fina sobre los cambios promovidos y negociados con tanto esmero en escritorios demasiado lejanos al dominio público.

Admito que puedo equivocarme en mi valoración y comprensión sobre la reforma propuesta. Empero, ¿si no fuera así? ¿Qué sucedería a partir de marzo? Imaginemos por un momento ese escenario de inexistencia o peor aún, de mantenimiento de los defectos de la DGI actual en el contexto del nuevo gobierno?

 

– Mantenimiento o degradación de la justicia tributaria.

– Inviabilidad de cualquier mejora de los escenarios de competencia. Consagración de la «habilidad» tributaria como desideratum de «competitividad» empresarial. Confirmación de las actuales dificultades para atraer inversión externa directa (IED) sana.

– Caída de la recaudación a niveles de riesgo extremo dado que la DGI recauda las tres cuartas partes del ya deficitario financiamiento del Estado y en vistas de que, presumiblemente, no se podrán hacer más ajustes fiscales de entidad.

– Imposibilidad de mantener el actual superávit primario, al menos, y en tanto, reaparición de todos los problemas de financiamiento externo e interno.

– Confirmación de la debilidad del gobierno para afrontar las delicadas tareas de la transformación real del Estado con sus impactos sobre la confianza, las tasas de interés y la incertidumbre general.

 

La caja y algo más

Se sepa o no, se reconozca o no, la prioridad del nuevo gobierno es afirmar y profundizar la estabilidad. Sin ella, todo lo demás es un riesgoso juego de puja y confrontación.

El desequilibrio remunerará la peor especulación y, además, asegura la reproducción de la miseria extrema.

En un país empobrecido, endeudado y con problemas graves de financiamiento la prioridad es la caja. Y la caja está en la DGI. Luego, el nuevo gobierno tendrá dos o tres prioridades obvias: el combate frontal a la pobreza, el aumento del empleo y la paulatina redistribución del ingreso. Todo eso, directa o indirectamente, pasa por la DGI.

De esta convicción elemental al horror de aceptar una Reforma trasnochada, mediatizada y conservadora mediarán tan sólo 30 días de exigencia de la población, o no, sobre los once diputados y senadores reunidos en Comisión Permanente que deberán objetar el proyecto o, en caso contrario, responsabilizarse de la Reforma que estarán consagrando. *