Gargano advierte sobre pérdida de soberanía en acuerdo secreto con EEUU

El legislador socialista destacó que el acuerdo es secreto, «nadie conoce sus términos», y que basándose en otros acuerdos ya firmados, la clave del mismo está en la pérdida de jurisdicción, «se le da la alternativa al inversor, en caso de conflicto, de llevar el tema a dirimirlo en un tribunal uruguayo o en uno a su elección lo cual dicho en criollo es una pérdida de jurisdicción para el derecho uruguayo, o sea, delegar soberanía».

Agregó «a mí no me sorprende porque esto es lo que acostumbran hacer los países poderosos para someter a los chicos».

Si bien el ministro Alfie no firmó nada sino que «puso las iniciales», trámite previo a firmarlo, el documento debe ser ratificado por el Parlamento. Gargano puso en duda que ello se pueda concretar antes de las elecciones ya que debería ser entregado a una Comisión para que lo estudie y luego llevado a Plenario. «Después, espero que el Parlamento lo rechace. Hasta ahora, este tipo de acuerdos han sido aprobados pero con el voto de blancos y colorados, el Frente Amplio siempre se ha negado a aprobarlos», explicó.

Gargano precisó que todo es obra del ministro Alfie ya que la Cancillería «ha actuado en los últimos años con una debilidad total otorgando ventajas y concesiones inaceptables, pero en este caso ha estado al margen».

Volvimos a épocas oscuras

El contenido de este acuerdo es completamente desconocido por los parlamentarios uruguayos y por la sociedad en su conjunto, que se verá ciertamente afectada por sus disposiciones, tanto como se verá afectado cualquiera que sea el gobierno que asuma tras las elecciones del 31 de octubre. Es más, LA REPUBLICA ha pedido al Ministerio de Economía el texto del Acuerdo y no se ha proporcionado.

De acuerdo a informaciones que han llegado a Uruguay a través de organizaciones norteamericanas que se oponen a las políticas neoliberales de Bush, existe la posibilidad de que se alcancen los votos necesarios en el congreso norteamericano para impedir la ratificación de este acuerdo, que necesita un respaldo de 2/3 de los congresistas para entrar en vigencia.

El acuerdo alcanzado entre el ministro Alfie y el representante comercial estadounidense se enmarca en la clara política pro Bush que ha caracterizado a la administración del presidente Jorge Batlle, quien ha sido un fiel impulsor de diferentes propuestas emanadas de la Casa Blanca y últimamente ha sido premiado con el otorgamiento de una categoría especial para las carnes uruguayas en aquel país.

El referente más importante de este tipo de acuerdos ya opera en el Capítulo 11 del Tlcan (Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre México, Canadá y EEUU), a cuyo amparo los tres gobiernos miembros de ese tratado han tenido que pagar indemnizaciones multimillonarias a las empresas demandantes o modificar leyes emitidas para proteger la salud, el medioambiente u otros intereses públicos.

Pero en virtud de las dificultades por las que atraviesa para imponer su voluntad en el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), EEUU ha optado por ir preparando el terreno con la firma de acuerdos bilaterales de libre comercio con países pequeños como los centroamericanos o similares a éste con nuestro país, y otros similares con los países andinos y también con otros países sobre todo en Asia.

¿Qué alcances puede tener este Acuerdo Bilateral de Inversiones? Partiendo de los referidos documentos, se puede proyectar cuáles serían los efectos de un acuerdo de este tipo.

En todos estos documentos, predominan las reglas de protección a los inversores norteamericanos. A través de diferentes cláusulas, se establece el «trato nacional» o se asimila al inversor a las condiciones que se prevén para la «nación más favorecida».

Los tratados de este tipo, generalmente modifican los conceptos jurídicos de «inversión», ampliándola al rango de que la especulación financiera y hasta los derechos de propiedad intelectual y las patentes también puedan ser considerados como inversión.

Al mismo tiempo, se establecen tribunales internacionales de resolución de conflictos entre los Estados y las corporaciones, lo que no es otra cosa que un avasallamiento de las soberanías nacionales. Esto se debe a que los Tribunales de Arbitraje generalmente están compuestos por tres jueces: uno de la empresa demandante, otro del Banco Mundial y otro del gobierno demandado. Por lo general, los dos primeros están de acuerdo y el fallo siempre es favorable a la empresa internacional en detrimento del gobierno. Esto haría que cuestiones centrales que competen a la vida de los uruguayos se definieran en tribunales a los cuales los uruguayos no tendrían acceso.

Como se ha planteado en otras situaciones similares, el mayor interés de Estados Unidos en la concreción de un acuerdo bilateral de inversiones con Uruguay no pasa tanto por la instalación de sus grandes corporaciones en nuestro país, sino por «poner un pie» en el Mercosur, donde la política exterior brasileña y argentina no le ha sido del todo favorable en los últimos años, tratando de romper su unidad como bloque de oposición a los designios de EEUU en el ALCA.

También plantea ciertas dudas que se trate de un acuerdo «bilateral» para la protección de inversiones. ¿Cuáles serán las inversiones uruguayas que se van a instalar en EEUU y que serán protegidas por este acuerdo? O no existen, y en ese caso el acuerdo funciona en un solo sentido, o no las conocemos y son tan secretas como los contenidos de este documento.

Finalmente, este tipo de acuerdo no garantiza la llegada de inversiones, y en segundo lugar, en caso de que vengan es más lo que se pierde que lo que se gana, con el cumplimiento de este tipo de «condiciones».

Lo que se dice de los acuerdos de libre comercio, en realidad no son «ni libres ni de comercio» ya que exceden en mucho el ámbito estrictamente comercial, se aplica completamente en este Acuerdo Bilateral de Inversiones y, precisamente allí, es donde reside uno de sus mayores peligros.

La señal del gobierno, firmando un acuerdo de tal magnitud a dos meses de las elecciones nacionales, no hace otra cosa que confirmar su actitud de «entrega» del país a los intereses del gobierno de George W. Bush y sus grandes corporaciones. *