¿De qué estamos hablando?

Son tiempos en los que, por encima de cualquier valoración política y económica, el sentido común está demandando que los uruguayos y uruguayas aúnen esfuerzos por encontrar una verdadera salida a la crisis, una vía transitable para que este empuje reactivador que tiene mucho de circunstancial, vulnerable e inequitativo, tenga posibilidad de encauzarse por la senda del crecimiento sustentable y con equidad, rescatando la potencialidad del país productivo. En suma, es el momento para políticas de estado en aspectos económicos y de amplios acuerdos políticos y con la sociedad civil, para contrarrestar la emergencia social.

Particularmente, la gente vería con buenos ojos que en temas como el endeudamiento externo, la política educativa y la política exterior, los políticos busquen este entendimiento colectivo.

 

¿Poniendo el palo en la rueda?

Sin embargo, a juzgar por los últimos acontecimientos, daría toda la impresión que el actual gobierno, en franca retirada, no comparte este punto de vista. Y lo peor es que no parece tratarse de una nueva demostración de autismo político, sino de una deliberada estrategia tendiente a dejar bien trabado el camino hacia el cambio.

Nos preocupa en particular, desconocer la motivación de fondo y el contenido específico de este tratado sobre protección recíproca de la inversión, firmado en estos precisos momentos, con el gobierno de EEUU.

En efecto, por un lado la izquierda ofrece a la ciudadanía una apuesta fuerte a un Mercosur renovado, que sobrepase lo comercial para lanzarse a la complementación productiva, que abra el camino al crédito regional que le vendría tan bien al sector productivo después de que el país perdió el crédito internacional privado, que permita una genuina integración energética y que haga valer el peso regional en la dura negociación, de tipo comercial, de tipo financiero y en materia de tratamiento de la inversiones, que hoy está instalada en un mundo más globalizado y más competitivo. Esta es la nueva oportunidad para todos los uruguayos, que ha quedado abierta partir de los acuerdos suscritos en Buenos Aires y Río de Janeiro por parte de los gobiernos progresistas de Argentina y Brasil. Oportunidad a la que el actual gobierno está dando la espalda, pero que confiamos firmemente que el nuevo gobierno del EP-FA-NM, de indudable afinidad política con el progresismo predominante en la región, llegará a tiempo para no desaprovecharla.

 

¿Están cantando la justa?

Preocupa especialmente el hecho de que las señales que viene emitiendo el actual gobierno han venido apuntando en sentido contrario, en el sentido del bilateralismo con EEUU. Por el momento no estamos criticando un tratado cuyo contenido desconocemos. Estamos criticando justamente eso, desconocerlo, que se haya trabajado desde enero sin informar a nadie, otra vez un gobierno que «se corta solo» despreciando una política de Estado, que sería buena cosa en cualquier circunstancia y casi imprescindible en este período de transición.

Una vez más este sufrido pueblo oriental «quiere saber de qué se trata», quiere estar informado sobre lo que se compromete en este Tratado que, en tiempo récord se acordó y en tiempo récord se quiere someter a la aprobación parlamentaria, ya en el mes de octubre.

Quiere sabe, qué aspecto novedoso incluirá este Tratado, desde el momento que Uruguay ya cuenta en su ordenamiento jurídico vigente con una Ley de Inversiones Extranjeras, que consagra un tratamiento igualitario, tanto para los inversionistas del país como para los del exterior.

Al respecto se han invocado conceptos tan amplios, que sólo logran acentuar la inquietud.

Se ha dicho que se busca dar más certezas a los inversores de EEUU, asegurándoles que las reglas de juego no cambien (¿se refiere a la actual política económica?) y otorgándoles más garantías para que puedan reclamar en caso de sentirse discriminados (¿se refiere a dirimir contiendas en los tribunales del país del inversor?).

El tema no es menor. Es sabido que en materia de inversiones la negociación internacional está muy trabada. La OMC rechazó el Acuerdo Multilateral de Inversiones que propuso EEUU.

Entre los aspectos más controvertibles están las disposiciones por las cuales, las empresas transnacionales pueden demandar a los gobiernos nacionales, regionales o municipales de los Estados parte, en razón de medidas adoptadas por éstos y qué, a juicio de tales empresas, determinen recortes en sus ganancias, o bien pérdida de beneficios presentes o futuros.

El problema radica en que un país que se negó a ratificar el convenio de Kioto sobre protección al medio ambiente, difícilmente va a admitir que otros gobiernos invoquen esa razón para prohibiciones o regulaciones que puedan implicar perjuicios a sus empresas en esos países.

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Para el ALCA la educación es una mercadería

Asimismo, otro aspecto que condujo al rechazo del Acuerdo Multilateral de Inversiones, fue la discrepancia sobre la preservación del área de los servicios estatales o municipales, entre ellos los de carácter educativo, que según el proyecto, pasan a concebirse como una mercadería más.

Esperamos que lo firmado no sea una mera copia del capítulo del proyecto ALCA, donde se incorporaban este tipo de disposiciones, que fueran rechazadas en la OMC.

Esperamos que el análisis parlamentario, no sea apresurado y arroje luz sobre esta propuesta y que nada se interponga en el camino que el pueblo uruguayo quiera transitar. *