La inacción de Alfie puede conducir a colapsar a la DGI

El silencio, la falta de información y de respuesta, el no recibir a quienes piden audiencia ha sido la tónica de la conducta del ministro de Economía en torno a dar luz verde al Reglamento que permita para que se pueda volver operativa la ley aprobada en octubre de 2003 en el Parlamento, relativa a una mejora de la gestión de la DGI. Una conducta que se contradice con la locuacidad que ha caracterizado al ministro que prácticamente no hay tema de la actualidad nacional sobre el que no opine, incluso da consejos al próximo gobierno sobre lo que debe hacer y dejar de hacer.

Alfie no recibe, Alfie no da explicaciones, es más, afirma que no recibe a delegaciones sindicales y el resultado de ello es que la ley que impulsara el director general de Rentas, con el aval de su superior –el ministro–, está trancada en su proceso administrativo y no llega a la Asamblea General el Reglamento para ser aprobado.

«Una vez aprobada la ley, la reglamentación comenzó a instrumentarse dentro de la DGI y nosotros, luego de insistir, tuvimos oportunidad en algunas etapas de estar aportando elementos al proyecto que hoy ya está en manos del ministro de Economía», relataron Jorge Leymonier y Nelson Barce, presidente y secretario, respectivamente, de la Asociación de Funcionarios de Impositiva.

Precisaron que «tanto la ley como el proyecto de Reglamento son del Poder Ejecutivo, no de los trabajadores, aunque hemos llegado a algunas coincidencias conceptuales como la que de una vez por todas se elimine la doble actividad en los funcionarios de la DGI. La exclusividad para el conjunto de los funcionarios y no sólo para un sector de ellos, es para nosotros fundamental», afirmaron.

Pero la ley tiene otras connotaciones como la de «dotar a la DGI con mayor efectividad» pero además, «sin duda, es un paso adelante en la transparencia de la DGI y en el aggiornamiento de los conocimientos de los funcionarios que es una vieja reivindicación nuestra». Precisaron que «esta reforma conlleva dotar a los funcionarios de manuales de procedimiento claros, concretos, cosa que ahora no tenemos».

Los motivos por los que Alfie no firma el proyecto de reglamento son desconocidos, pero sí se sabe que con esta nuevo instrumento «la DGI comienza a dejar de ser un instrumento de los gobernantes de turno, y además se inicia un cambio en la Administración y en el Sistema Tributario que consideramos injusto para el país».

Los funcionarios entienden que a través de la reforma se crean las condiciones para que se genere una carrera administrativa que garantice la independencia técnica e intelectual necesaria en las actuaciones de los funcionarios. Precisaron que actualmente existen «demasiados» cargos de confianza, en niveles jerárquicos de bajo nivel que deberían estar ajenos a dichas presiones, con lo que se atenta hasta contra la eficiencia en el trabajo.

Los funcionarios han solicitado una entrevista con el subsecretario del Ministerio de Economía, con la idea de poder obtener alguna respuesta oficial sobre el impasse que se vive hoy, pero también lo han hecho con el Presidente de la República, que hasta ahora no se ha dignado dar ningún tipo de respuesta.

Las medidas de lucha que han tomado han generado ciertos problemas en el trabajo. La semana pasada pararon durante dos días, lo que impidió la recaudación. Actualmente trabajan pero con una disminución del ritmo de trabajo de la oficina, lo cual está afectando directamente el resultado del trabajo, al tiempo que están realizando contactos con los partidos políticos que votaron la ley a fin de interiorizarlos de la actual situación.

De no concretarse avances en los próximos días los funcionarios no descartan profundizar las medidas de lucha con acciones «más contundentes», pero también advierten que si el reglamento no uniformiza para todos los funcionarios el régimen de exclusividad habrá, por parte del sindicato, una oposición abierta al mismo. *