Investigan si millonaria evasión fiscal de Brasil habría llegado al Uruguay

«Por ahora son sólo indicios y no podemos revelar los nombres porque aún las investigaciones no concluyen», declaró Claudia Lemos, vocera del Ministerio Público.

Lemos, en conversación telefónica, explicó que los datos sobre los funcionarios provienen del cruzamiento de datos entre las declaraciones de rentas hechas al fisco por esos funcionarios, y el registro de remesas al exterior efectuadas a través de institutos como el Banco do Estado de Paraná (Banestado).

El Ministerio ha declinado comentar si entre los funcionarios –411 burócratas y 137 políticos– hay senadores y diputados federales, o gobernadores, aunque versiones de prensa aseguraron que se trata en su mayoría de prefectos, concejales y diputados estaduales.

Una fuerza de tarea del Ministerio Público, la Policía Federal, un comité legislativo y la Receita Federal, o la oficina de impuestos, investigan desde mayo de 2003 un posible sistema de lavado de dinero y por el cual salieron a través de Banestado y otros cuatro institutos financieros en Brasil a bancos en Estados Unidos, Uruguay, Nassau e Islas Cayman, entre otros, cerca de 24.000 millones de dólares entre 1996 y el año 2000, sin ser declarados al fisco, además de ser fondos cuyo origen no está claramente determinado.

Ya por el caso de Banestado –uno de los mayores bancos públicos del país y que fue privatizado a fines del año 2000– han sido condenadas 16 personas, entre ellas el ex director del banco, y ex asesores del instituto.

Las autoridades brasileñas ya anunciaron que iniciarán de inmediato las gestiones a fin de lograr que nuestro país levante el secreto bancario de manera de poder profundizar las investigaciones y alcanzar las pruebas necesarias para iniciar las acciones penales.

Historia repetida

En nuestro país no puede causar sorpresa la noticia ya que se podría afirmar que es historia repetida y, sobre todo, consecuencia del paraíso fiscal que se montó en el país.

Si bien no son los únicos, existen dos casos paradigmáticos. Comenzando por Fernando Collor de Mello, el propio presidente de Brasil entre 1990-1992 debió dejar su cargo en setiembre del 92 al concluir la Cámara de Diputados una investigación por la que el Senado le inició juicio político bajo la acusación de complicidad en corrupción, tráfico de influencias y extorsión a empresarios. En aquel momento de comprobó que gran parte de los dineros mal habidos habían sido derivados a Safis de nuestro país.

Pero no hay que remontarse tan atrás para demostrar que desde Brasil se han utilizado constantemente las franquicias que ofrecía el sistema financiero uruguayo, comenzado a montarse desde el gobierno de Jorge Pacheco Areco.

La investigación judicial en Italia en torno a la gran estafa perpetrada en Parmalat permitió confirmar la importancia que tuvo en las maniobras dolosas la empresa uruguaya Wishaw Trading, una Sociedad Anónima Financiera de Inversión (SAFI), utilizada para triangular fondos de la empresa procedentes sobre todo de Brasil y que generalmente iban a parar a cuentas personales de la familia Tanzi en la colateral Carital do Brasil y en los paraísos fiscales de Bahamas, Islas Caimán y Antillas Holandesas.

Las Safis uruguayas, reguladas por una ley de 1948, permiten a sus titulares realizar directa o indirectamente, por su cuenta o la de terceros, inversiones en el exterior, ya sea en títulos, bonos, acciones, letras u otro tipo de documentos, así como en bienes muebles o inmuebles. Según una investigación del semanario Brecha, la SAFI uruguaya Wishaw Trading fue comprada por el Grupo Parmalat en noviembre de 1995 al estudio Pereira Castagno, de Montevideo. *