Solicitan postergación para la Ley del Consumidor

Catorce gremiales empresariales ligadas a la construcción y al sector inmobiliario reclamaron ayer que el Poder Ejecutivo postergue la entrada en vigor de la Ley 17.189 de Relaciones del Consumo, la cual regirá desde el 1 de julio.

Conocida como la «Ley del Consumidor», voceros de las gremiales empresariales indicaron ayer que se estaría produciendo un virtual «caos» en toda la actividad debido a los contenidos de dicha ley.

No sólo solicitaron que se postergue sino que pidieron al Poder Legislativo que en el lapso de dicho aplazamiento se revise en profundidad y se clarifique dicha normativa, sugiriendo que se recurra «a la pertinente consulta a los órganos especializados de la Facultad de Derecho».

Para los propietarios de inmobiliarias y constructores, la ley es algo positivo, pero en ella hay elementos que son imprácticos y otros de discutible constitucionalidad, de acuerdo a la opinión de sus asesores letrados y a lo manifestado por catedráticos de Derecho.

Uno de los puntos más cuestionados es que desaparecerían los denominados «contratos de adhesión», que son aquellos contratos «tipo» que se utilizan tanto para alquilar como para vender una propiedad. Esto hace que para cada caso en particular se deba elaborar un contrato «a la medida», lo que implicará algo muy dificultoso de hacer, según las fuentes consultadas, sobre todo si se tiene en cuenta que la normativa también afectará al Banco Hipotecario.

Otro aspecto que preocupa a las inmobiliarias es el referido al encarecimiento en los gastos por avisos de la prensa a la hora de ofrecer una propiedad. Dichos avisos deberán tener detalles tales como el metraje que se ofrece, todas las características de la vivienda y el precio exacto, lo que no daría lugar a una negociación.

También se indicó, como ejemplo, que si se ofrece a través de la prensa en un edificio tres unidades y éstas se venden, se debe realizar una publicación posterior aclarando que las unidades ofrecidas han sido comercializadas.

Entre las asociaciones que apoyan la postergación de entrada en vigor de la ley se encuentra la Cámara del Bien Raíz, la Cámara Inmobiliaria del Uruguay, la Liga de la Construcción y la Asociación de Promotores Privados de la Construcción.