Denuncian crecimiento del comercio ilegal en Treinta y Tres

En ese sentido precisó que el informalismo «se asocia a los feriantes», aunque lo ilegal tiene que ver con comercios ya establecidos, pero que violan todas las normas vigentes y eso «es mucho más perjudicial».

El representante de los comerciantes olimareños precisó que se siguen esperando «señales de parte del gobierno», aunque entiende que las soluciones más rápidas «pasan por hacer cumplir las leyes en lo relativo a informalismo, ya que acá en esta zona se está dando mucho».

«Realmente nosotros más que pedir nuevas disposiciones lo que solicitamos es que se cumplan las que hay, puesto que leyes, decretos y disposiciones hay de sobra, sólo que no se están cumpliendo», añadió.

Martirena resaltó que existen muchas formas de informalismo «aunque debería decirse ilegal», porque todo proceso de comercialización en un sistema paralelo al legal pasa a ser ilegal.

«Llamémoles ilegal porque lo informal uno lo asocia a los feriantes y no es tan así, porque hay muchas formas de ilegalidad, como por ejemplo comercios que están instalados y son ilegales, ya sea por la procedencia, porque no están registrados, o su personal no está registrado en las planillas».

Para el presidente del Centro Comercial olimareño «el descreimiento de la gente en estos últimos tiempos ha ido en aumento», porque realmente «no se han visto señales de parte del gobierno en cuanto a medidas para solucionar los problemas».

«Entendemos que a partir de ahora se deben encontrar «procesos de coordinación» con los legisladores locales, para que «intercedan» frente al gobierno nacional en busca de esas soluciones. Incluso nosotros ni siquiera pedimos –al menos en principio– que se nos exonere de nada, sino que pedimos que se hagan cumplir las disposiciones vigentes, que haya reglas claras y que sean igualitarias para todo el mundo. Eso es lo fundamental y la base de conversaciones que tenemos previsto esgrimir para acciones futuras ante las autoridades». Finalmente señaló que se había pensado en una reunión con el intendente electo, pero «entendimos inconveniente por el momento, ya que se encuentra abocado a conformar su equipo de gobierno. Por eso preferimos orientarnos hacia el lado de los legisladores y quizás después seguramente desemboquemos en alguna reunión que podamos hacer en conjunto». La situación planteada en Treinta y Tres se ha dado también en otros puntos del país, como ser los departamentos fronterizos y del litoral norte.

Tanto en Artigas, Rivera, como en Cerro Largo y Rocha el comercio que en muchos casos estaba establecido, debió pasarse a la ilegalidad debido a una fuerte competencia de productos ingresados desde Brasil donde los precios cayeron abruptamente tras la devaluación de 1999.