INC aprueba que se digite la venta y traspaso de tierras por los colonos

* El Directorio del INC convalidó que dos colonos le condicionaran la venta de una fracción de tierra y arriendo de otras dos, en el departamento de San José, a un funcionario público sin que se abriera el registro de posibles aspirantes a esas tierras.

El Directorio del Instituto Nacional de Colonización parece haber perdido el rumbo definitivamente. Hace poco tiempo informábamos de una resolución desafectando cuatro chacras por Piriápolis para destinarlas a chacras turísticas. La resolución fue calificada por el presidente Batlle como “ilegal”, por lo que pocos días después tuvieron que dar marcha atrás.

Ahora nos sorprenden con una nueva y polémica resolución.

Una vez más LA REPUBLICA se hace eco de la información proporcionada por los funcionarios del Instituto de Colonización y su presidente Andrés Figari.

En esta oportunidad se trata de la adjudicación no de una, sino de tres fracciones de tierra (una en propiedad, dos en arrendamiento) “en la mejor tierra que dispone el Instituto, en el departamento de San José”, en la Colonia Cesáreo Alonso Montaño.

Según la documentación que presentó el oferente dispone de un capital de 117.000 dólares y de efectivo por 46.000 dólares; además, asegura que se hará cargo de la deuda que mantiene el actual arrendatario de las fracciones que está dispuesto a arrendar.

En definitiva, se le concede tierras a una persona que dispone de más de 150.000 dólares.

Pero el Directorio del INC no deja de asombrarnos porque del expediente surge claramente que el adjudicatario de estas tres fracciones fue el único seleccionado, ya que la lista era de uno, es decir, no hubo lista. El lector puede entender que no existía más gente interesada en esas fracciones. En realidad no lo sabremos nunca, porque se trata de toda una operación “condicionada” y en ningún momento se abrió el registro de posibles aspirantes como es de rigor hacerlo.

Tal vez no exista en los anales de la administración pública antecedente de tales características, pero es así. Según consta en documento de la Regional San José del INC con fecha 17 de octubre de 2003, la titular de las fracciones 18 y 41 solicita autorización para “entregar el predio, condicionado a que se adjudique la misma en favor del Sr. Miguel Angel Barrios Medina”. Pero no culmina ahí el detalle del negocio ya que seguidamente se especifica que todo ello está “condicionado a la venta de la fracción Nº 33, la que es propiedad del señor Moisés Pollero, quien es esposo, según consta en el mismo legajo de la señora Irma Teresita Díaz Fabre, quien es la propietaria de las fracciones que Barrios está dispuesto a arrendar.

Las insólitas condicionantes fueron aceptadas como algo normal por el ingeniero agrónomo N. Carrera de la Regional San José, quien bendijo el negocio elevando todos los antecedentes al Directorio para su aprobación.

Carrera informa además que el postulante ya tiene trabajo, es empleado público (funcionario de UTE) y no dispone de capital agropecuario (“pero sí en vivienda, vehículo y en efectivo” por más de 117.000 dólares). Agrega Carrera en el expediente que el postulante “tiene experiencia anterior y si bien sufre de discapacidad en ambos miembros superiores, mediante el aporte de mano de obra, piensa desarrollar un proyecto de explotación agrícola-lechera como en los tiempos de su juventud”.

El Directorio del INC trató el caso el 10 de febrero de este año y por cinco votos en cinco miembros presentes (Numa Faliveni, presidente, Aber Martínez, Humberto Pica, Roberto Cal y Alvaro Falcone) aprobó esta compra y arrendamiento digitado de tierras del Instituto. Todo lo cual fue considerado perfectamente lógico y legal por parte de los diferentes jerarcas técnicos del Instituto quienes no cuestionaron la potestad autoproclamada por Irma Díaz y su esposo, de digitar a quién venden y/o arriendan las tierras.

Según Figari, “entre los factores que hicieron posible (este negocio) figura -según afirman los vecinos- una muy estrecha relación de amistad política entre el beneficiario de la adjudicación y el ex vicepresidente del INC, Daniel Camy, político del departamento de San José y candidato para esa Intendencia”, Figari concluye: “Seguramente, señor lector, Ud. no me creerá y pensará que si la adjudicación se hizo como se hizo es porque el Directorio y las jerarquías del Ente tendrían sus muy prístinas y valederas razones. No lo descarto, pero si fue así y son capaces de justificar este “récord”, es una pena que no podamos conocerlas”. *