Cámaras Empresariales reclaman revisión de precios y tarifas para mitigar sobrecostos
El presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales de Uruguay, Gerardo García Pintos, afirmó que “Uruguay necesita una revisión de la política de precios y tarifas a efectos de mitigar los sobrecostos que recaen sobre el sector productivo y la población”.
Este martes 27 de noviembre se realizó en la sede de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (APPCU) la conferencia “Empresas Públicas: desafíos y transformaciones necesarias”, organizada por la Confederación de Cámaras Empresariales de Uruguay.
El encuentro tuvo como panelistas al Dr. Carlos Delpiazzo, socio director Delpiazzo Abogados; al Cr. Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; al Cr. Bruno Gili, catedrático de la Universidad ORT y socio de CPA Ferrere; al Cr. Pablo Regent, decano del IEEM, Universidad de Montevideo; y a la Ec. Rocío Lapitz, de la Dirección de Estudios Agroeconómicos de la Asociación Rural del Uruguay (ARU).
La Confederación de Cámaras Empresariales de Uruguay presentó el documento: “Empresas Públicas: desafíos y transformaciones necesarias. Una mirada desde la óptica empresarial”.
En tanto, el cierre estuvo a cargo del presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales de Uruguay, Gerardo García Pintos, quien afirmó que “Uruguay necesita una revisión de la política de precios y tarifas a efectos de mitigar los sobrecostos que recaen sobre el sector productivo y la población”.
Reclamó que las empresas públicas tengan como principios orientadores “proveer servicios competitivos en calidad y precio, tener directores profesionales, claridad y transparencia y gestión de tarifas, y decisiones de producción e inversión determinadas por objetivos estratégicos de las empresas”.
Reformas
En su informe, la Confederación de Cámaras Empresariales de Uruguay plantea algunas reformas institucionales que aparecen como necesarias.
“Acotar la discrecionalidad y la prociclicidad de la política fiscal”. Los desequilibrios macro, en particular los desequilibrios fiscales han condicionado la fijación de precios, las decisiones de inversión y la gestión de la liquidez de las empresas públicas, lo que implica en muchos casos que las decisiones se aparten del óptimo comercial.
“Implementar mecanismos que acoten la discrecionalidad y que promuevan una mayor disciplina fiscal permitiría acotar esta subordinación de las empresas públicas a las necesidades de la política macroeconómica”, indican.
Otro de los aspectos es “redefinir el rol y los objetivos de las empresas públicas”.
Avanzar hacia esquemas de fijación de precios alineados a criterios de eficiencia y calidad obligaría a las empresas públicas a concentrarse en sus funciones sustantivas como entes productivos y comerciales del Estado, acotando sus roles como agencias de desarrollo y eliminando la confusión de objetivos que existe en algunos por operar como proveedores y reguladores al mismo tiempo”.
Los empresarios aseguran que ello “evitaría entre otras cosas que las empresas públicas se embarquen en proyectos de inversión de dudoso retorno o que fijen precios de servicios apartados de los costos de producción por la necesidad de implementar subsidios cruzados entre unidades de negocio”.
En cuanto a la “Gestión y gobernanza de empresas públicas”, en particular, plantean aspectos como “definir criterios explícitos para la conformación de directorio y gerencias, estableciendo competencias técnicas, limitaciones ante conflictos de interés e incompatibilidad con cargos o candidaturas políticas”.
En tal sentido, también proponen “mejorar la rendición de cuentas e introducir mecanismos de incentivo y control de gestión orientados a resultados y eficiencia, y transparentar la información financiera y de gestión de las empresas públicas y la apertura (al menos parcial) del capital accionario al mercado de capitales; mecanismos naturales de introducción de disciplina de mercado”.
Asimismo establecen la necesidad de “fortalecer las Unidades Reguladoras”, en el entendido de que “están orientadas a defender el bienestar de los consumidores en materia de acceso, calidad, continuidad y costos de los servicios públicos”.
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