Se abren juicios contra el BDC pero abogados del banco fueron despedidos

Los mismos formaban parte de la plantilla de funcionarios despedidos el pasado fin de semana. En total los despidos llegaron a 134, abarcando la casi totalidad de los trabajadores del BDC.

Según AEBU la ausencia de los abogados va a provocar que se pierdan los juicios iniciados por lo ahorristas. Estos últimos habían iniciado juicios reclamando sus ahorros, ya que entienden que el Estado y el BDC es responsable por la situación que determinó el cierre de la institución.

El BDC era en un 51% propiedad del Estado (a través de la Corporación para el Desarrollo) y el resto de St. George Limited (Secta Moon).

«Clausurar la historia»

AEBU sigue sosteniendo que el pasar la liquidación del BDC a manos privadas forma parte de una maniobra para «clausurar la historia de un banco convertido en testimonio indiscreto de manejos financieros bochornosos que involucran a cuatro gobiernos y a políticos y funcionarios del gobierno actual».

En su boletín «Clering», la gremial señala que «tal vez lo que se pretende sea eliminar todo rastro de los negocios que culminaron con la venta del Banco Pan de Azúcar a Benhamou, de los U$S 50 millones que este banco «aportó» en la fusión con el Crédito o de los préstamos políticos concedidos en las intervenciones de ese banco».

Al pasar U$S 300 millones de carteras (créditos) a una empresa privada para su cobro, todo el historial de lo sucedido con el BDC desde su creación (1961) y tras su fusión con el Banco Pan de Azúcar (década de los 90) desaparecerá, ya que el banco dejará de existir como tal y eventualmente la documentación con al cual se podría reconstruir su historia desde el punto de vista financiero.

La recuperación

Desde que comenzara a funcionar la liquidadora del BDC, con funcionarios del propio banco, se recuperaron más de U$S 150 millones en un año; se le ha pagado a los ahorristas el 58% de sus cuotapartes (13,5% en efectivo, y el resto en bonos); se han concertado acuerdos de pago de deudores por U$S 60 millones, y resta pagar a los depositantes  deduciendo lo que ya hoy el banco tiene en su poder  alrededor de 70 millones (cifra que puede pagar con bonos). A partir de esa cifra quien podría comenzar a recuperar sería el Estado, porque este cedió su prioridad como acreedor principal a los ahorristas.

El gobierno aspira a por lo menos obtener eso U$S 70 millones en la subasta de activos (U$S 300 millones) para el pago a los ahorristas, aunque hay que destacar que esos activos tienen grantías por U$S 100 millones, por lo cual se supondría que esa sería la base de la subasta.

AEBU se pregunta por qué se pretende en este momento eliminar una liquidadora que ha logrado una recuperación tan importante.

Como el pliego de licitación se mantiene en secreto también existen dudas si dentro de la subasta no se incluirán los créditos ya refinanciados, o sea que tienen un cobro mayormente asegurado. *