Acerca de Waivers y corrimiento del riesgo país

(*) «Como siempre un rol más activo de los ciudadanos tenderá a producir un mejor monitoreo y control del trabajo de los políticos y gobernantes. Entre otras cosas porque(ello) pudiera generar barreras a la corrupción…»

Del memorando de la 3ª  Revisión del Stand by FMI-UY 1

Los contratos firmados sucesivamente por el equipo económico comandado por Alberto Bensión y, posteriormente por Alejandro Atchugarry obligaban, aparentemente, al país a que, una vez lograda la estabilización básica del sistema financiero emprendiera una serie de modificaciones en la estructura económica del país, también básicas, que lo preservaran de futuras crisis con el consecuente incremento de una deuda externa de ribetes explosivos.

En julio de 2003 ya el Fondo aplaudía los avances logrados en la estabilización bancaria y, en particular, celebraba el éxito de la reprogramación de la deuda con acreedores privados. Aprobaba entonces la 3ª Revisión e insinuaba, casi con timidez, que Uruguay debía resistir la autocomplacencia y «redoblar» sus esfuerzos en materia de reestructura bancaria y las «reformas estructurales» que el país se debía. Más allá de tales advertencias, las partidas del crédito-programa se liberaban sin dificultades.

El último test

Ahora, siete meses después, el FMI vuelve a aceptar las dispensas que le pide el gobierno uruguayo, acepta, que al equipo económico no le es fácil cerrar las cuentas y, al tiempo de afirmar al mundo «no pasa nada con Uruguay», libera la partida de 143 millones que había sido retenida unas semanas y acepta la solicitud del gobierno trasladando a 2005 una amortización de U$S 343 millones, prácticamente la mitad de los adeudados que Uruguay debe pagarle a las multilaterales en el curso del corriente año. ¿Qué es lo que aprueba y celebra esta 4ª Revisión? El comportamiento fiscal comprometido a diciembre pese a que aún subsisten las dudas acerca de que se haya alcanzado el 3,2% de superávit primario a la fecha. El Fondo acepta también las dificultades que ha tenido el gobierno uruguayo para cumplir en tiempo y forma prácticamente todas las metas cualitativas comprometidas a diciembre como no sean algunas vinculadas a la mejor provisión de información. De tal manera, la auditoría acepta que no se ha podido cumplimentar en tiempo y forma prácticamente todo lo que estaba comprometido. Importa saber qué lo incumplido es, nada menos que:

* Reformas de los deficitarios regímenes provisionales de la Policía, el Ejército y los bancarios, entre otros.

* Finalización de la reestructura bancaria, incluyendo el inicio de un proceso concreto de recuperación de activos de los bancos cerrados. En esta área se incluye la auditoría de utilización del Fondo de Estabilización del Sistema Financiero al cual fueran a dar, como se recuerda, la porción más grande de la asistencia extraordinaria de julio-agosto 2002. El Fondo ha aceptado una solución híbrida y » a la uruguaya» creando un fideicomiso de recuperación de activos incobrables del BROU cuya difícil gestión será seguida con atención por un mercado harto de reformas tan mediocres como concesivas a los malos pagadores.

* La aprobación de una reforma tributaria simplificadora del complejo esquema fiscal nacional. En este punto tampoco parece preocuparle al Fondo la demora infinita en ejecutar una reforma de la DGI que vaya un poco más allá de aquella ley disimulada en otra que los legisladores votaran unánimemente en noviembre pasado, y de cuya reglamentación o ejecución, uso de fondos, etcétera, los uruguayos no tenemos noticia alguna.

* En consideración de los resultados del plebiscito por Ancap en noviembre pasado, la institución se limita a desear que los uruguayos resuelvan los problemas de la regulación y la competencia justa en la energía, los combustibles, el gas, las telecomunicaciones y otros sectores de importancia estratégica para el país.

La deuda

Mientras el Fondo finge demencia y publicita la propensión uruguaya a pagar sus deudas y mantener la estabilidad, con reformas o sin ellas, sigue liberando suculentas partidas de la asistencia comprometida y, ahora, además, sin discusión ni reticencia alguna acepta el pedido del gobierno en cuanto a trasladar el vencimiento de U$S 343 millones que vencían este año para el 2005, año en el cual se acumulan vencimientos con las multilaterales por U$S 1.900 millones, un 40% de todo lo adeudado por el país con estas instituciones.

Probablemente cuando dispongamos de las cifras finales de deuda al término de 2003 advirtamos que la deuda externa bruta del país supera largamente los U$S 13.000 millones, un 15% más que lo adeudado por el país previamente a la reprogramación. Con el agregado que, además de que la concentración del endeudamiento con los organismos multilaterales ya se aproxima al 50% de la deuda total, los vencimientos comienzan a conformar un escenario de condicionamiento preocupante de un nuevo gobierno con esas instituciones multilaterales.

Ese no sería un problema en sí, si esas relaciones pudieran encauzarse en marcos de otro poder de negociación, «a la brasilera» por ejemplo.

Empero, en Uruguay esto será un poco más difícil y es normal que un gobierno de alternativa decida, llegado el caso, que no puede pagar sus compromisos con las instituciones multilaterales tal cual ha solicitado y obtenido el actual gobierno…

Otros problemas

Hay algunos problemas agregados que surgen de este sorpresivo mix de contemplaciones fuera de programa y conformación de una dependencia riesgosa para el corto plazo entre Uruguay e instituciones desmerecidas, que no han definido su misión y carecen de confianza interna y externa.

Esos problemas refieren a los eventuales impactos financieros que pudieran devenir de aumentos de la tasa de interés en este tipo de créditos, relativamente blandos en la actualidad, pero que, paradójicamente, por la variabilidad de las tasas de los créditos del FMI, pudieran llegar a ser relativamente muy caros en el mediano plazo.

El último problema es, naturalmente, la postergación de reformas estructurales dolorosas que el gobierno actual se había comprometido a liderar y que, a la mera insinuación de oposición corporativa, decide abandonar y, tal cual lo hace con los vencimientos que debe pagar los traslada al nuevo gobierno. Todo esto sucedió y sucede en Brasil con la reforma provisional, la tributaria y del Estado. La defección de gobiernos presa de corporaciones muy fuertes traslada la solución de problemas estructurales a los nuevos gobiernos de izquierda. Estos se encuentran con la obligación de hacer lo más difícil, entre otras cosas porque sus fuerzas principales se han opuesto sistemáticamente a estas reformas. Porque se han educado y crecido en esa oposición que ahora deben modificar en escenarios de mucho riesgo.

En estas regiones la política se cruza en demasía con la política y en ese vínculo difícil de seguir, el FMI lejos de aportar soluciones de estabilidad parece propiciar a sabiendas, desequilibrios de otro tipo. *

(*) 1 Guillermo Le Fort y David Vogel, julio 21 de 2003 FMI, publicado por el Banco Central del Uruguay versión en inglés