El riesgo de las políticas activas

Una serie de decretos y resoluciones de estimulación productiva y mejora del financiamiento firmados en la última quincena de diciembre obligan a volver la atención sobre cómo se prepara el entorno en el cual trabajarán las empresas uruguayas en el difícil período de la transición. Esta observación es sustancial por algunas razones elementales: una, la visión de riesgo y rentabilidad empresarial; dos, la vinculación de las políticas activas de facilitación de los negocios con las obligaciones universales del Estado en un marco de profunda crisis, pobreza inédita y conciencia en cuanto a que cada transferencia que el Estado otorga en materia de promoción tiene, inevitablemente, un costo que se agrega a la enorme deuda social acumulada en la crisis; por último la exigencia de una observación atenta de estos temas tiene que ver con la convicción de que un ejecutivo muy debilitado ejecutando políticas activas en coordinación con corporaciones fortalecidas pudiera generar más distorsiones que la estimulación buscada. Esta hipótesis contiene, además, la sospecha acerca de que, sin regulación fuerte del sistema de financiación de campañas electorales, es inevitable que las medidas de política sean evaluadas con atención a los aportes empresariales al financiamiento de las campañas políticas. Sean estos directos o indirectos y beneficien a empresarios u otros grupos de presión, incluso aquellos compuestos por trabajadores.

Beneficiarios

Paradójicamente, el disparador de la atención sobre estos temas fue activado por la inmediata respuesta que promovió la Asociación Rural al decreto que eleva al máximo legal las tasas del impuesto a las ventas agropecuarias (Imeba). El decreto cierra una etapa de disminución progresiva de la imposición al agro que se implementó a partir de la reforma de 1996 y, en particular en lo que refiere a este impuesto, desde 1999. La respuesta de la ARU es estrictamente lógica. En un escenario de puja corporativa, frente a un Estado débil y un futuro siempre incierto, la resistencia a aumentar cualquier aporte es elemental. Empero, también debería ser lógica la respuesta social frente a la reivindicación de los rurales, que más que perseguir una disminución de aportes tiende a recordarle al gobierno que su apuesta a un modelo agroexportador no admite contradicciones de este tipo. Para la ortodoxia económica y los usufructuarios de las políticas no hay límites para mejorar «el clima de la inversión». En la situación actual el gobierno debería responder a la objeción de ARU. El agro trabaja actualmente con el aporte fiscal relativo a su producto más bajo en los últimos veinte años, 5%. Pero estos mínimos aumentos del Imeba –se aguarda un aumento neto de tributación de algo más de diez millones de dólares/año– aparecen como una compensación muy leve del gobierno para que la comunidad no enjuicie en otros términos una disminución tan fuerte del aporte fiscal de un sector ya muy estimulado por medidas de política. Sobre todo teniendo en cuenta que, por primera vez en la historia, el gobierno está logrando imponer por ley la prohibición a los futuros administradores de imponer retenciones y detracciones a las exportaciones agropecuarias.

Lo del agro es, sin embargo, más notorio que una serie de medidas administrativas más complicadas de seguir y con efectos difíciles de cuantificar, que están beneficiando actualmente a otros sectores «productivos» de la sociedad uruguaya. Uno de los más notorios refiere a nuevas transferencias que el sector azucarero –uno de los más protegidos del país– usufructuara como consecuencia de la modificación del Imesi y la securitización de su flujo para posibilitar el otorgamiento de efectivo a un sector que no lo precisa.

Recreación de viejas funcionalidades

Pero más allá de los casos parciales, lo que importa es reparar en la funcionalidad con la cual se desarrollan este tipo de cosas en el Uruguay. Sería simplista en extremo reclamar la responsabilidad exclusiva del gobierno en la generación de este estado de cosas. En el juego participan todos. Es pertinente en cambio, intentar entender que poco es lo que realmente importa el crecimiento estimulado por medidas de política si la estimulación y celebración de dicho crecimiento no se realizan en un marco de mejoramiento del sistema de garantía de la competencia y, sobre todo, de sanción de cualquier vínculo posible con la contribución de los agraciados al financiamiento de la campañas políticas próximas.

El gobierno se empañara en profundizar esta estimulación por las propias necesidades del modelo. Y lo hará con cierta facilidad porque esto de estimular «la producción» jamás tiene objeciones en el pensamiento dominante uruguayo. El problema no son sólo los costos de tal estimulación para un país empobrecido. Ni siquiera el problema se reduce a los presumibles vínculos directos que tal estimulación podría tener con el financiamiento de los partidos. El problema es que nadie parece tener en cuenta que las políticas activas de estimulación productiva y el financiamiento con recursos públicos o de los trabajadores sin contrapartidas formales ni garantías adecuadas, asegura el mantenimiento de viejas estructuras de poder y privilegios de viejos empresarios. *