Bajan IRP a jubilados y otorgan aumento en el entorno del 2%
Un decreto del Ejecutivo resolvió disminuir en un punto porcentual el aporte del IRP que los trabajadores tanto de la órbita pública como privada realizan y cuyos ingresos se encuentran entre los 3 y 6 salarios mínimos nacionales ($ 3.583 y $ 7.164). Para este sector, la reducción pasa del 3 al 2%.
Cabe consignar que aquellos trabajadores que percibían menos de $ 3.582 no tenían que aportar IRP.
Otra modificación en el aporte tributario es para aquellos jubilados y pensionistas que perciben hasta 6 salarios mínimos nacionales. En la primera franja, hasta 3 SMN, los beneficiarios son 423.762, y para la segunda, entre 3 y 6 SMN, alcanzan a 148.012 personas. Se estima que los pasivos dejarán de aportar unos $ 19 millones al mes.
Quienes percibían una pasividad menor a los $ 3.582 se les descontaba un 1% que se destinaba al pago del Fondo Nacional de Vivienda. Desde el 1º de enero, estos pasivos no tendrán descuento, y según anunció el gobierno, el aporte al Fondo de Viviendas provendrá directamente de Rentas Generales.
Por su parte, las pasividades entre 3 y 6 salarios mínimos, que se le descontaba un 2%, no tendrán que hacer aporte alguno, es decir 0% de IRP. También en este caso, Rentas Generales cubriría el aporte al Fondo de Viviendas.
En tal caso, directores sociales del BPS como autoridades de organizaciones de jubilados coincidieron que el dinero que representa el 1 y 2% de las prestaciones de pasivos no fue utilizado mayormente para su finalidad, que era la construcción de viviendas para jubilados y pensionistas.
Sin aportes para vivienda
Héctor Morales, secretario general de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, afiliada al PIT-CNT, sostuvo que la eliminación de los aportes al Fondo Nacional de Vivienda afectará aún más la solución habitacional para el sector de los pasivos, ya que habrá 571.774 jubilados y pensionistas que dejarán de aportar para tal fin.
El representante de los pasivos sostuvo que desde 1989, los jubilados aportaron al Fondo de Vivienda por un monto aproximado a los U$S 400 millones. Sin embargo, los sucesivos gobiernos sólo aplicaron en la construcción de viviendas unos U$S 100 millones. «Hasta el momento se construyeron 4.500 viviendas y no todas se entregaron, mientras que con el aporte de los pasivos bien pudo construirse 60 mil casas», sostuvo el pasivo. Afirmó que la propuesta de la gremial era la de suspender el descuento que se les hace a los jubilados hasta tanto se ejecutaran los U$S 300 millones que quedaron pendientes.
Morales sostuvo que la eliminación del IRP a los pasivos tiene una intencionalidad electoral que no da soluciones a la vivienda, por lo cual peligra la ejecución de viviendas para jubilados y pasivos.
Ajuste en el entorno de 2%
Por su parte, el integrante de la Representación de los Trabajadores ante el BPS, Ernesto Murro, informó que el próximo 1º de enero, las pasividades se ajustarán a partir del nominal del Indice Medio de Salario (IMS) y no por el líquido. Esta variación fue largamente reivindicada por organizaciones de pasivos, que se veían afectados por las reiteradas aplicaciones de impuestos a los salarios de los trabajadores. Esto generaba una disminución del promedio de salario, con una consecuente disminución en el porcentaje de ajuste a pasivos.
Los pasivos recibirán con la pasividad de enero, que cobrarán en febrero, un ajuste en el entorno del 2%.
Otra novedad que habrá en enero de 2004 será la suspensión del descuento de los $ 1.000 de préstamo que recibieran los pasivos y los $ 2.000 en tiques de alimentación que percibieran los empleados públicos. Estos decretos del Poder Ejecutivo fueron aprobados el 5 de diciembre, en plena veda electoral, a horas del referéndum por Ancap.
Mientras tanto, hoy, se aguarda la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la ley que faculta al Poder Ejecutivo la extensión del beneficio de asignaciones familiares a otros sectores de la población. *
Te recomendamos
quejas
Empresarios reclaman ante OIT que Consejos de Salarios no fijen las condiciones laborales
La inclusión de Uruguay en la lista negra de la OIT (ya había ocurrido en 2019) responde a una queja empresarial por la ley de 2009. Mientras el gobierno la califica de “desmesurada”, el ministro Juan Castillo destaca el valor del diálogo...
Compartí tu opinión con toda la comunidad