La economía argentina, con un resultado mejor de lo esperado

De todos modos, el vocero del organismo multilateral recordó que el acuerdo suscripto entre la Argentina y el Fondo es reciente y evitó efectuar comentarios respecto del proceso de reestructuración de la deuda argentina en default y las negociaciones entre el Gobierno y las empresas de servicios públicos privatizadas para reformular los contratos de concesión.

El gobierno presentará un proyecto de ley denominado Régimen Nacional de Servicios Públicos donde quedarán marcadas las pautas para renegociar los contratos.

De acuerdo con trascendidos, las empresas privatizadas estarán obligadas a que el futuro cuadro tarifario de los servicios públicos sea el más bajo posible.

Tampoco podrán aspirar a ninguna garantía de rentabilidad, ninguna de las actuales concesiones serán prorrogadas y los precios se deberán fijar en moneda nacional.

Estos son los criterios centrales por los que el gobierno de Kirchner transitará para definir las concesiones en los servicios de distribución de energía eléctrica, gas natural, correos, telefonía, aeropuertos, transporte ferroviario y público de pasajeros.

El proyecto garantiza que las empresas tienen que tener una rentabilidad «razonable».

Se pone especial énfasis en que las concesiones y licencias no podrán prorrogarse y que las empresas multinacionales expliquen la responsabilidad de sus casas matrices respecto a la propuesta de exportación de los servicios, fijándose la legislación argentina como única vía para resolver eventuales litigios con lo que se eliminan los tribunales internacionales a los que hoy recurren los accionistas extranjeros de las compañías de servicios.

Señalan analistas locales que este proyecto «cambia la filosofía que existe en la regulación que viene de la última década, ya que con Carlos Menem, el régimen fue flexible y liberal sin participación estatal». Se destaca que con este nuevo régimen se prohíbe modificar la composición accionaria de la sociedad que tiene la explotación del servicio y la intervención del Estado para garantizar una tarifa social. *