El problema es institucional

Ahora, una de las acciones más fuertes que el gobierno ha adoptado en los actuales marcos de dominación corporativa no ha generado atracción ni respuesta alguna. Da para pensar en qué tipo de transición andamos los uruguayos.

El viernes 21, unos días atrás, se publicó en la página web de la Presidencia de la República un decreto cuyo título llama la atención a cualquier observador más o menos enterado en temas de comercio o economía: «Se prorrogan todas las operaciones en admisión temporaria al solo efecto de la nacionalización y/o exportación de los saldos pendientes.» El sustrato del decreto implica que el Ejecutivo entiende que la crisis vivida a partir de enero de 1999 ha impedido a las empresas usufructuarias de las exenciones tributarias del régimen de importaciones en admisión temporaria utilizar las mismas para reexportarlas con valor agregado nacional (a dichos efectos los uruguayos mantenemos con dificultades en el Mercosur un sistema denunciado por los socios y contradicho con las normas de la OMC); en tanto prorroga el plazo de noventa días, por única vez, para que las empresas registren las exportaciones prometidas cuando solicitaron la admisión temporaria o, en caso que lo deseen, paguen los impuestos debidos y nacionalicen esos insumos o materias primas. Además, el decreto elimina la potestad que tenía el Ministerio de Industria para prorrogar el vencimiento del plazo. Por último comete al LATU a informar los stocks de esas admisiones temporarias, comprobar si esos stocks están efectivamente en los depósitos de las empresas y a informar de ello al Poder Ejecutivo.

Lo que viene pero no va

No hay que ser demasiado entendido para imaginar lo que sucede. Demasiados empresarios se han tomado la norma con la amplitud que propicia la crisis y su obligación moral de mantener las empresas en marcha han utilizado otra vez una «política activa de promoción del sector productivo» introducido por esa vía cientos de millones de dólares de mercaderías que, en vez de destinarse a la exportación, han sido utilizadas con otros fines. En algunos casos, seguramente, para competir en plaza con proveedores locales o algún importador despistado que pagó los impuestos de importación, el IVA, etcétera, y que a esta altura de las cosas ya no debe estar siquiera en el mercado.

Ahora pueden pasar muchas cosas. Una de ellas es que el LATU informara en tiempo y forma que esas admisiones temporarias no están dónde se suponía que estaban. Para ese conjunto de empresas se abren dos posibilidades: una, denunciar fantásticos robos; dos, pagar los impuestos adeudados con los que se nacionalizan las importaciones y pedir los perdones debidos para no ser procesados por fraude. Eventualmente pudieran inventar algún mecanismo que permita exportar contenidos que no existen. Si las cosas anduvieran en la línea de las dos opciones previas pobre paisito, robado en zonas expuestas y en las otras también, se resarciera de las pérdidas y, aunque el daño por la competencia desleal ya haya sido realizado, al menos el tesoro se haría de unos cuantos millones de dólares que se le adeudan.

La imposibilidad institucional

Empero, podría pasar lo que va a pasar: nada. En la mejor de las hipótesis en esta perspectiva: que el LATU pudiera realizar los inventarios e investigaciones del caso en los tiempos requeridos y diera cuenta al Poder Ejecutivo qué es lo que pasa efectivamente, hipótesis que supondría la existencia de una red hábil de enlaces electrónicos con DGI, Aduana, etcétera, ¿qué haría el Poder Ejecutivo para sancionar a los infractores que tanto daño han realizado y resarcir a los que pagan impuestos? Realmente muy poco. Tanto como lo que podría hacer el derecho atiborrado, pobre de recursos y lejano al lugar de la reivindicación política y social.

Y esa convicción que no a pasar nada es la que explica la ausencia de respuestas corporativas virulentas. Y esa convicción es, también, la que reafirma la esencia del diagnóstico de crisis. No se posible invertir, consumir, generar trabajo si el sistema de garantías no funciona. Sólo los vivos pueden abrir fábricas en condiciones de competencia desleal de esta naturaleza. Empero, el problema no son los vivos, ellos son una variable conocida, casi un dato del mercado. Dónde juega la especulación, dónde el mercado descuenta el futuro es en la calidad institucional del Estado para regular, prevenir, sancionar y enseñar. Allí el estado debe ser fuerte. Y allí, justamente, es dónde el estado es débil, allí no hay prensa ni lugar en los discursos altisonantes.

La reflexión no implica desconocer que el Decreto es pertinente. Empero, también la convicción acerca de la imposibilidad de aplicarlo supone revolver el dedo en la llaga abierta más dolorosa de todas. *