El gobierno envió proyecto que regula juegos de azar

El proyecto establece en su artículo segundo que: «en general queda prohibida la gestión, explotación, financiación y práctica de todos los juegos y apuestas que no cuenten con la autorización, permiso, licencias o concesiones otorgadas por los órganos estatales competentes, así como aquellos que, contando con la autorización, permiso, licencia o concesión, sean realizados en forma, lugar o por personas diferentes a las especificaciones.

La iniciativa destaca que uno de los objetivos es «la formalidad, transparencia y seguridad en el desarrollo de los juegos y apuestas y la actividad de empresas y jugadores, así como las garantías del pago de premios».

El proyecto establece una «reorganización institucional de los juegos de azar, separando claramente las funciones de regulación y control, de la actividad directa de explotación de los mismos».

En este sentido se propone que los juegos de loterías, quinielas en sus diversas modalidades, rifas, etc. se encuentren regulados por la Dirección Nacional de Contralor de Juegos de Azar y Apuestas, que será sucesora de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas y que dependerá del Ministerio de Economía y Finanzas. En tanto, los juegos de ruleta, punto y banca, caballitos, dados, black jack, bingo y máquinas tragamonedas serán regulados por un servicio descentralizado del dominio comercial e industrial del Estado, en este caso, sucesor de la actual Dirección General de Casinos, que pasará a llamarse Administración Nacional de Casinos y Juegos de Apuestas del Estado.

Dentro del articulado, también se incluye la regularización para «los juegos de azar a través de las tecnologías informáticas, telefónicas o en general ejecutados a distancia o por medios telemáticos».

Sanciones

Sobre la penalización de quienes estén por fuera de esta ley, el artículo 38° establece que se cumplan doce meses de prisión a tres años de penitenciaría. Puntualmente se sancionará cuando «la explotación se realice a través de terceros, o utilizando alguna forma asociativa o societaria».

También, cuando existan «más de diez unidades de juego instaladas en uno o varios locales», pertenecientes al mismo propietario. El artículo penalizará a quienes inciten como apostadores a menores de edad o personas incapaces.

También se prevén multas que serán equivalentes al perjuicio ocasionado a los apostadores o de hasta 15.000.000 de unidades indexadas (aproximadamente 48 millones de pesos). Otras medidas son el decomiso de todo lo vinculado al juego.