Funcionarios del Aeropuerto reclaman suspender subasta

Senadores del Encuentro Progresista y del Partido Nacional votarían hoy la suspensión de la subasta del Aeropuerto de Carrasco, según anticipó la Asociación de Funcionarios de Aeronáutica Civil (AFAC), que realizó un paro para reclamar la suspensión del acto, presentó un proyecto alternativo de gestión, y mantuvo una ronda de contactos con todos los partidos políticos.

«La subasta es un camino para la privatización del aeropuerto», dijeron a LA REPUBLICA Ricardo Filippi, Fernando Melián y Carlos García Pepe, respectivamente presidente, vocal y asesor de la AFAC. «El aeropuerto subastado», agregaron, «se desfinanciaría, hecho que sería utilizado como argumento para privatizarlo».

Según Filippi, Melián y García, «la subasta sería un negocio ruinoso para el país porque el Estado dejaría de recibir los tres millones 900 mil dólares recaudados, por ejemplo el año pasado, para quedarse sólo con los dos millones y medio de canon anual que aportaría el concesionario».

Por su parte, el doctor Yamandú Fau, ministro de Defensa Nacional, cartera de la cual depende la Dinacia como una unidad ejecutora de la Administración Central, afirmó en conferencia de prensa que la subasta se realizará el miércoles 27 de agosto «tal como estaba previsto» para proteger la imagen internacional del país.

Con anterioridad, blancos y encuentristas habían solicitado, sin éxito, la suspensión de la subasta, suspensión que sería votada hoy, según dijeron los dirigentes gremiales.

Jorge Larrañaga, Julia Pou de Lacalle y Carlos Garat serían tres de los senadores blancos que comprometieron su voto a favor de la suspensión, de acuerdo al sondeo de opinión efectuado por el gremio de los funcionarios del aeropuerto.

 

¿Una subasta para recaudar menos?

La actual recaudación de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia), la autoridad uruguaya en materia de aeronáutica civil de acuerdo a un decreto del año 2000, permite volcar transferencias anuales de fondos al gobierno central, a la Dirección Nacional de Meteorología, al Ministerio de Turismo, a la Fuerza Aérea Uruguaya, a la Organización de la Prensa del Interior y a la Tesorería de Rentas Generales.

«Las transferencias dejarían de ser volcadas al Estado en caso de concretarse la subasta prevista por el gobierno», advirtieron los dirigentes sindicales. Actualmente, los dineros son recaudados por la Dinacia que los remite a la Tesorería General de la Nación.

El canon previsto de dos millones y medio de dólares por año es inferior a la recaudación que obtuvo la Dinacia durante 2002, el de menor recaudación de los últimos cinco años, que de todos modos alcanzó la suma de tres millones 900 mil dólares.

«Sólo por la concesión de los free shops el Estado percibía más dinero que el que recibiría con el canon establecido en el pliego de condiciones de la subasta», indicó Filippi. Los tres dirigentes remarcaron que el canon establecido en el pliego fue rebajado en la fallida subasta anterior por falta de interesados. Serían ahora cuatro las empresas que se presentarían a la subasta: una argentina, una brasileña, una chilena y una mexicana.

 

El proyecto alternativo a la subasta

El sindicato de funcionarios de la Dinacia elaboró «bases para un proyecto de gestión de la aeronáutica civil», según consta en un documento entregado a LA REPUBLICA.

«Estimamos que podríamos aumentar la recaudación en un 30% con un gestión comercial y empresarial concesionando únicamente los servicios comerciales», dijeron los dirigentes, quienes se refirieron a conceptos tales como «autogestión» y «autofinanciación» como caminos viables.

El proyecto sería alternativo a toda eventual subasta de servicios sustanciales, como pretende el gobierno. Explicaron luego que las finanzas del aeropuerto «carecen ahora de todo control» y señalaron que «todos los concesionarios están con los contratos vencidos» porque la autoridad «quiso dejar las manos libres» al eventual oferente en la subasta.

Las «bases» elaboradas por los sindicalistas prevén la construcción y financiación de las obras ya proyectadas en su momento para el aeropuerto, y que fueron dejadas de lado por decisión del gobierno. Incluyen una nueva pista central y una ampliación de la terminal, obras que se culminarían en tres y cinco años a un costo de 30 millones de dólares, en el caso de la pista, y de 18 millones en el de la terminal.

Para los permisarios de los servicios comerciales se establece un canon equivalente al 20% de la facturación anual, y la posibilidad de contratos de exclusividad en rubros diversos.

 

Una Dinacia desfinanciada

La subasta prevista por el gobierno pretende concesionar a una empresa privada «la gestión» del aeropuerto, pero no los llamados «servicios de navegación aérea» como el control del tráfico, la iluminación de las pistas, el mantenimiento de los radares.

«Estos servicios seguirían en manos del Estado, y a su propio costo», alertaron los sindicalistas. «El Estado también tendría que continuar manteniendo con sus fondos los aeropuertos del Interior que prestan un indudable servicio social», agregaron.

Mientras tanto, los funcionarios de la Dinacia «podrían ser contratados o no» por el concesionario, según establece el pliego de condiciones. Ellos estiman que muy pocos serían recontratados (en especial los técnicos), al tiempo que el personal no calificado podría ser redistribuido en otras dependencias de la Administración Central.

«No entendemos cómo podrá hacer una Dinacia desfinanciada para mantener los deficitarios aeropuertos del Interior y los costosos servicios de navegación aérea cuando la subasta prevé un canon que representa una cifra inferior a la que se venía recaudando», dijo Filippi. Los aeropuertos del Interior, destacaron, insumen por año dos millones y medio de dólares, la misma cifra prevista para el canon.

 

Una S.A. de la C.N.D.

La polémica Ley de Reactivación Económica incluía en sus artículos la creación de una sociedad anónima llamada «Puerta del Sur SA», cuyas acciones pasarían a pertenecer a la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), una persona pública de derecho privado que viene siendo cuestionada por sus ruinosos negocios.

Lo que el gobierno pretende subastar el miércoles 27 son las acciones de la sociedad anónima creada por la ley. La SA, ya concesionada, firmaría luego con el Ministerio de Defensa Nacional un «contrato de gestión integral» por un plazo de 20 años.

Los términos de la actual subasta también fueron cuestionados por la Cámara de Turismo que reclamó la suspensión del acto y se manifestó a favor de mantener «la gestión» del aeropuerto en manos del Estado.

La AFAC informó por su parte que el Aeropuerto de Carrasco recaudó en 1998 U$S 32.649,314; en 1999 fueron U$S 31.914,739; en 2000 subió a U$S 32.167,951; en 2001 descendió a U$S 28.117,126; y en 2002 a U$S 26.434,332.

Un total de U$S 151.283,462 en cinco años, sólo por concepto de tasas. *