DGI y comerciantes asumen compromiso de trabajo conjunto

En diálogo con LA REPUBLICA, Zaindensztat explicó el alcance del acuerdo precisando que durante la reunión hubo acuerdo en que «hay que controlar a todo el mundo y que esa es nuestra función».

Seguidamente detalló que se está trabajando en todos los departamentos del país ya que «hay que controlar y hay que aportar en todo el país, de acuerdo a la actividad que cada uno desarrolla, sin agrandarla pero tampoco sin achicarla».

El jerarca informó que el primer acuerdo se basa en un ataque al informalismo, precisando que esto implica el combate no solamente a aquel que no está inscripto en la DGI sino también «al que paga $1 debiendo pagar $100″.

Existió también un compromiso por parte de la Dirección General Impositiva de mejorar el seguimiento del comercio informal a fin de inscribirlos y luego continuar el control de manera que no vuelvan a la informalidad.

Finalmente se acordó conformar una Comisión Mixta con CEDU y la Cámara de Comercio para ir planteando y resolviendo los problemas que surjan.

Zaindensztat recalcó que «la competencia desleal no hace sólo daño al Estado al no pagar impuestos, también se lo hace al sector formal».

Aludió también a algunos comentarios realizados por comerciantes del Interior precisando que «no pretendemos que nadie queme a nadie, sino que lo que buscamos es que nadie embrome a nadie, porque si todos pagamos lo que debemos pagar, con seguridad todos pagaremos menos».

Alguno de los participantes en la reunión, representando al Interior, expresó a LA REPUBLICA que «nos llevamos una promesa formal y un compromiso serio por parte de la DGI, pero en mi humilde opinión sigue siendo una buena intención a la que pondero.

Nos vamos con una esperanza, apostando a un futuro pero sabiendo que tenemos un presente diferente».

Los funcionarios de la DGI, AFI, dieron a conocer también su opinión, señalando que los sucesos de Salto «son producto inexorable de una política del Poder Ejecutivo, desde 1995 a la fecha, de no concurrir  salvo excepciones  a la mayoría de los departamentos a controlar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas».

Sostienen también que toda la situación se inscribe «en un contexto de política económica y un sistema tributario que ha favorecido la iniquidad distributiva y como consecuencia, el empobrecimiento de las grandes mayorías y la hiperconcentración de la riqueza.

Por ello rechazamos el actual proyecto de reforma tributaria que no hace más que mantener la actual situación de iniquidad». *