Para el FMI Uruguay debe privatizar y reformar el Estado para conjurar la crisis

«Un progreso decisivo en las reformas fiscal y bancaria serán críticas para mejorar la confianza», indicó la evaluación, conocida como artículo IV y fechada el 11 de julio.

En esa fecha el FMI liberó a Uruguay unos 204 millones de dólares tras completar la tercera revisión de su programa stand-by (sujeto a condiciones) . Como se recordará en ese momento La República adelantó que se exigían privatizaciones, información que no se desmintió, sino más bien se apeló al viejo sistema de ignorar para no tener que enfrentar la verdad. Hoy, es el propio FMI que hace pública su exigencia.

«Más esfuerzos para fortalecer la competencia, la gobernabilidad y los marcos regulatorios y aumentar el espacio para la actividad del sector privado en la economía serán claves para mejorar la colocación de recursos, elevar las inversiones y atraer mayores niveles de inversión extranjera directa», sostuvieron los directores ejecutivos del FMI en abierta contraposición a las recientes posturas del Bacno Mundial que ha evaluado que el balance de las privatizaciones no ha sido todo lo existoso que se esperaba.

Enfatizaron «la necesidad de reducir el tamaño del sector público mejorando su eficiencia y abriendo a la actividad privada a aquellos sectores reservados actualmente para el Estado», es decir, telecomunicaciones, agua, combustibles, energía electrica y transporte ferroviario

«La movilización de apoyo para la privatización de empresas pertenecientes al Estado debe ser una prioridad» a la hora de crear un consenso en la opinión pública para avanzar con las reformas, estimaron los directores del FMI que lanzan su postura en momentos que comienza la campaña contra la venta de Ancap.

El FMI concluyó que shocks externos provocaron la crisis uruguaya, pero estimó que su impacto fue agravado por debilidades y rigideces de la economía.

Tras registrar una baja de 10,8% en su PIB en 2002, el Fondo espera que el país registre este año una caída de 1% de su PIB, ya que «la economía uruguaya está dando ahora señales de mejora», «los indicadores financieros también han mejorado» y la inflación ha bajado más de lo proyectado.

También llamó al país a aumentar en los próximos años las fuentes de crecimiento para poder enfrentar un clima externo probablemente menos optimista, una población envejecida y limitaciones a la acumulación de capital. Según el Fondo, Uruguay debe aprovechar el buen nivel de educación de su población para implementar políticas que diversifiquen la producción y la base de exportación del país, incluida una mayor liberalización comercial y simplificando los procedimientos de inversión.

El Fondo sostuvo que una fuerte política fiscal debe seguir siendo la piedra fundamental de la estrategia económica de las autoridades, y añadió que para asegurar la sustentabilidad de la deuda a mediano plazo será necesario fortalecer el superávit primario (sin contar intereses de la deuda) de manera permanente es decir un ajuste fiscal permanente. Desde el punto de vista de los gastos, los directores subrayaron la necesidad de profundas reformas para reducir rigideces, especialmente en sueldos y pensiones, y para continuar aumentando la eficiencia de los programas de gasto social.

Si bien destacó el progreso del gobierno de Jorge Batlle en estabilizar el sistema bancario, el FMI subrayó que aún resta enfrentar la fragilidad del equilibrio de sus cuentas y restaurar la solidez del sistema financiero.

Los directores «urgieron a las autoridades a acelerar la reestructuración de los bancos públicos, que será clave para restaurar la confianza y contener los costos fiscales».

El actual programa stand-by con Uruguay, por 823 millones de dólares a dos años, fue aprobado el 25 de marzo de 2002. Fue aumentado en unos 1.600 millones de dólares más el 25 de junio y el 8 de agosto de 2002. *