Deudores y ahorristas embretan al gobierno que se mantiene firme

Las asociaciones que nuclean a los deudores continúan planteando (como lo vienen haciendo desde el inicio) que no hay soluciones aceptables, que todo lo que se ha propuesto es inviable y rechazan la vía administrativa que propone el gobierno. «La aparente solución administrativa que propone el gobierno no es más que un acuerdo entre los bancos y el sistema político, dejando fuera de cualquier negociación a los damnificados (los deudores) y aplicando una solución que a la gran mayoría de los deudores no le sirve», señalan en estos días los deudores en dólares del Banco Comercial. Esta postura no difiere mucho de la de otros deudores. En general, todos señalan que se sienten desamparados y que no se les plantean soluciones que estén dentro de sus posibilidades económicas.

Ante la inminencia de que se pueda aprobar una ley al respecto, el gobierno ha tomado la iniciativa negociando con el Partido Nacional, ya que el Encuentro Progresista se muestra proclive a encontrar una solución de tipo legislativo. A pocas horas de la sesión legislativa y de que los deudores comiencen un ayuno frente al Palacio Legislativo, el diputado Arturo Heber tomó distancia de la solución del gobierno que, básicamente, es promover una negociación mano a mano y caso por caso entre bancos y deudores.

El legislador de Línea Nacional entiende que el Poder Ejecutivo «debe tomar la iniciativa y convocar a la banca a proponer un menú de opciones flexibles «ya que se debe «articular un mecanismo que represente una alternativa real para todos». De lo contrario , Heber entiende que el gobierno termina acorralando al Parlamento que ante la disyuntiva, «aprobará una ley para entender la situación de los deudores», «una ley que no va a ser buena».

Ahorristas sin soluciones

Como si todo esto no fuera suficiente, el gobierno aún no ha solucionado la situación de los ahorristas del Banco de Crédito ni tampoco la de quienes tenían depositos y/o ahorros en los otros tres bancos liquidados. Acá también los plazos se reducen y las presiones y exigencias son cada vez más fuertes.

Los ahorristas del Banco de Crédito tienen plazo hasta el 30 de mayo para adherir a un convenio de pago que les propone el gobierno, pero hasta ahora no han adherido masivamente porque entienden que no se les dan las garantías necesarias. El gobierno, a su vez , argumenta que mucho más no puede garantir, olvidando que tiene una palabra muy depreciada y que debe hacer un esfuerzo superior para tratar de convencer a quienes se sienten engañados por un Estado que les dio garantías y luego no cumplió.

Actualmente, pretende que los ahorristas firmen un acuerdo sin conocer qué es lo que va a hacer y, sobre todo, de qué forma y en qué plazos, el Grupo Moon que debe aportar la friolera de casi 100 millones de dólares.

Los ahorristas del Nuevo Banco Comercial también ven esfumarse sus ahorros y la posibilidad de recuperar aunque sea parte de ellos, ya que son considerados cuotapartistas y corren el serio peligro de que el banco sea vendido y a partir de ello esfumarse los caminos para la recuperación de sus dineros.

El ministro Atchugarry ha dejado la solución de estos problemas en manos del presidente del BCU, quien ya ha sido muy claro en cuanto a que se ofertó lo que se podía ofertar». Tampoco puede obviarse que hay soluciones que se han ido postergando y cuya resolución «coincide» en el tiempo con la presencia de los técnicos del FMI, poco proclives a leyes para amparar deudores (aunque se trate de 500.000 personas) y a la extensión en el tiempo de negociaciones en torno a los bancos. *

«El respeto mutuo es fundamental»

«Hemos trabajado con mucho éxito en base a tres presupuestos: el manejo de la individualidad, que todos los problemas son distintos y que las soluciones no son de confección sino a medida», explicó a LA REPUBLICA un vocero de un banco internacional.

Ante una serie de denuncias sobre «trato abusivo» en el manejo de la negociación de las deudas en dólares por parte de un banco extranjero, LA REPUBLICA consultó la forma de trabajo a otra institución, ya que en la denunciada no fue posible acceder a alguna de sus jerarquías. «Nosotros creamos un grupo de gente para trabajar caso por caso, porque todos los problemas son distintos, lo cual nos dio un excelente resultado ya que el cliente se sintió cómodo y porque le ofrecimos en función de ello una solución a la medida de su problema y de sus posibilidades», señaló el jerarca consultado.

Advirtió que siempre se trabajó sobre la base que el deudor quería pagar, con respeto de las dos partes, «y nos resultó», señalando que «la desigualdad entre las partes es más aparente que real cuando existe respeto hacia el deudor y de éste hacia el acreedor».

No se mostró partidario de que el Estado intervenga en contratos entre privados, aunque admitió que puede ayudar otorgando facilidades de tipo impositivo, por ejemplo, pero «no modificando las cláusulas de un contrato que fue firmado libremente entre privados».

Finalizó rechazando todo tipo de ley que promueva la suspensión de ejecuciones por entender que «hace perder credibilidad a un sistema de crédito». *