UTE a punto de lograr pesificar los contratos en Argentina

En una reciente concurrencia a la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados, por parte del Directorio de UTE y varios de sus gerentes se informó a los legisladores de los importantes avances que se han logrado en las negociaciones con Argentina.

Un logro que no es menor es el precio que paga Uruguay por la electricidad argentina, un hecho que vale la pena destacar ya que en nuestro país tendemos a minimizar la capacidad negociadora de nuestros representantes. En esta ocasión no fue así ya que mientras Uruguay tiene contratos por 365 megavatios, Brasil los tiene por 2.000 megavatios, es decir una cifra seis veces mayor. Sin embargo la visión de los negociadores de UTE al realizar los contratos en pesos argentinos llevó a que hoy, en promedio, Uruguay está comprando el megavatio entre los US$ 6 y US$ 7 y Brasil lo está comprando entre los US$ 28 y US$ 29. Luego de casi un año en que Argentina intentó dolarizar los contratos que era pesificados, UTE ha ido avanzando significativamente en su propósito de mantener el costo del abastecimiento eléctrico en pesos argentinos tal como lo establece el contrato original.

La primera medida adoptada por el Directorio de UTE fue contratar un estudio de abogados argentinos, quienes promovieron medidas cautelares ante la Justicia argentina para que las facturas se siguieran abonando en pesos argentinos, ya que era esa la moneda de contratación y se iniciaron los juicios correspondientes para obtener la nulidad del decreto dictado por la República Argentina.

En cuanto a los controvertidos contratos (que eran tres), uno se rescindió por la voluntad de las partes, y a partir del 1° de febrero de 2003 no existe más. En cambio, los otros dos quedaron firmes. Paralelamente, el Directorio pidió que se iniciaran gestiones a efectos de saber si había en Argentina otros generadores y/o comercializadores que estuvieran dispuestos a vender a UTE y a Uruguay la energía en pesos argentinos a los valores del mercado argentino y se consiguieron catorce ofertas. Después de ser estudiadas y negociadas UTE concluyó que había algunas más convenientes y que no sólo restablecían las condiciones que se habían obtenido en los contratos inicialmente, sino que en algún caso, eran más beneficiosas aún.

Se consiguieron contratos por 150 MW abonando el 2% por encima de lo que paga cualquier distribuidor de potencia en Argentina, y contratos por 128 MW con máquinas que en este momento no están «despachadas» en el mercado argentino. Cada vez que se demanda energía de esas máquinas, esos generadores van al mercado y la compran, y se la paga un 1,5% por encima del precio del mercado.

Después de una cantidad enorme de gestiones que realizó el Directorio de UTE en Argentina, se logró que el 24 de enero de 2003 la Secretaría de Energía argentina, mediante las Resoluciones N° 76, 77 y 78 de 2003, aprobara esos contratos en pesos argentinos y que entraran en vigencia en forma prácticamente inmediata.

Con respecto a la resolución de los primeros contratos que iban hasta el 31 de enero de 2004, se decidió rescindirlos unilateralmente, aun sabiendo que esa decisión implicaba el riesgo que la parte contraria considerara que el contrato no estaba rescindido y que se le exigiera a UTE su cumplimiento. Los dos proveedores también promovieron una medida cautelar exigiendo se mantuvieran pero la Justicia ante la apelación de UTE levantó las medidas por lo que sólo se mantuvo la promovida por el Ente. En definitiva se rescindieron los contratos.

En estos momentos se está en un proceso de arbitraje, tal como estaba previsto en el contrato aprobado por la Secretaría de Energía y por nuestro Ministerio, en el que las partes han designado a sus árbitros. UTE solicitó la declaración de inconstitucionalidad de ese Decreto dictado por el Poder Ejecutivo argentino, porque es totalmente arbitrario, fue dictado a pedido de las dos empresas y es aplicable únicamente a UTE, es decir se trata de un acto administrativo con nombre y apellido.

«Podemos decir que en estos momentos los contratos están rescindidos, fueron dados de baja en Camessa y estamos en un proceso arbitral en el que nuestro árbitro es un constitucionalista argentino de primer nivel. Además, para sorpresa nuestra  sorpresa agradable, aunque tampoco asegura un resultado , a juicio de nuestros asesores, los terceros árbitros propuestos son personas que merecen respeto», sostuvo el gerente general Pombo, por lo que las expectativas que el fallo sea favorable a Uruguay son muy grandes. *