Empresas constructoras argentinas se sienten discriminadas en Uruguay

Resnick es actualmente el presidente de la Comisión de Economía del Centro Argentino de Ingenieros y declaró para El Constructor de Buenos Aires que «la Suprema Corte de Justicia puede reparar las arbitrariedades de los juzgados inferiores y demostrar que no hay discriminación a los actores argentinos que defienden sus derechos, ya que en caso contrario nadie confiará en hacer inversiones en el Uruguay» pero también dirigió sus dardos hacia el BHU afirmando que «ha tenido un comportamiento discriminatorio con empresas constructoras de argentinos».

La Suprema Corte debe fallar en breve sobre un millonario reclamo en dólares por parte de empresas constructoras de la vecina orilla que realizaron las obras en la época de la dictadura. En el caso particular de Urbaneste SA, su titular Resnick informó que «la deuda del BHU con la empresa se fue generando durante la ejecución de la obra por la falta de financiación y medidas adecuadas del banco». El ingeniero aludía a la construcción de Ciudad Satélite Parque Altos de Maldonado, emprendimiento con 576 viviendas para el que Urbaneste consiguió créditos por dos millones de dólares en el exterior. «Creímos en las afirmaciones del entonces presidente de facto, general Gregorio Alvarez, y sus dichos, el que pensara en una devaluación era un marciano, y en verdad fuimos marcianos, pues nunca pudimos recuperar el capital invertido y el Banco se apropió de la obra sin juicio previo, generando un extraño asiento contable donde ingresó al activo del banco el inmueble por un valor tres veces inferior al valor real generándole al banco una pérdida millonaria en dólares».

Urbaneste no tuvo mucha suerte en sus inversiones en el país ya que también trabajó en el tratamiento de aguas y efluentes cloacales en la misma zona, «pero, al no cobrar, no se pudo concluir la obra, por lo que el BHU terminó vendiéndola a la Armada en 6,5 millones de dólares, estando aún sin concluir».

Las instancias judiciales

Al no poder cobrar, las empresas comenzaron a recurrir a las instancias judiciales donde, según Resnick, «nos encontramos con diferentes irregularidades que incluyeron hasta la confesión del representante del BHU, Dr. Roberto Fernández Blanco, quien reconoció ante el Departamento de Prevención de Delitos de Jefatura de Policía de Montevideo, la pérdida de las notificaciones que les cursó la Justicia. Se ‘extravió’ en su propia oficina. Paralelamente en el expediente en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo manifestaba que el BHU nunca había sido notificado, ocultando sentencias desfavorables colaterales al juez Pedro Keuroglian que fue quien entendió en la causa».

No terminaron allí las denuncias de Resnick ya que sostuvo que «cuando el juez Keuroglian se puso al tanto del caso por la nueva prueba aportada por Urbaneste, ‘fue ascendido’ y su sustituta, la Dra. Rosina Rossi, cambió radicalmente la línea de acción, adoptando una postura de connivencia grave, lo que en Argentina conocemos como prevaricato».

El empresario sostuvo que ante esta nueva realidad Urbaneste presentó una denuncia penal contra el representante del BHU por estafa procesal «difícil de asimilar para quien las instituciones tienen una ética implícita que al ser violada derrumba la creencia en la Justicia, salvo que su máxima autoridad, la Suprema Corte, ponga las cosas en su lugar, ya que en caso contrario nadie confiará en hacer inversiones en el Uruguay». *