Justicia Penal debe decidir futuro de jerarcas del Banco de Galicia

El juez Penal de 19 Turno, Luis Charles, deberá resolver en febrero, una vez finalizada la feria judicial mayor, sobre el pedido de procesamiento que realizó el fiscal Penal de 10º Turno, Carlos García Altolaguirre. Los acusados por apropiación indebida son el gerente general, el subgerente de Administración, Planeamiento y Gestión, y el subgerente de Operaciones del Banco Galicia Uruguay.

Cuando en febrero del año pasado se supo que la institución no disponía de fondos para hacer frente a los retiros que pretendían realizar los ahorristas, el 13 de febrero fue intervenida por el BCU y suspendida su operativa. Luego se formalizó el pedido de concordato en condiciones bastante inapropiadas, a tal punto que el BCU sostuvo públicamente que no le convencían, hasta que la Justicia resolvió aprobarlo.

Serán más de siete mil personas, en su mayoría argentinos, con ahorros por 947 millones de dólares que vieron reprogramados sus depósitos y a quienes se les pagará un 3% del total en enero de 2003, y 15% al cumplirse el primer y segundo año. La fórmula acordada prevé que a partir de entonces, se habrá de pagar un 10% anual, hasta completar el 100%.

Mientras se procesaba en la Justicia Civil el proceso concursal, decenas de ahorristas, fundamentalmente argentinos, declararon en la sede judicial a cargo del doctor Charles ratificando la denuncia que presentaron contra el Directorio y el personal jerárquico de la institución acusándolos de vaciamiento de empresa, apropiación indebida de transferencias y violación del secreto bancario.

El banco había enviado dinero a Argentina para auxiliar al Banco Galicia, que recibió una fuerte golpe con la retirada de depósitos en aquel país.

El doctor Charles deberá resolver si coincide con el representante del Ministerio Público y procesa a los jerarcas del banco o, por el contrario, disiente con el dictamen fiscal y archiva el caso.

Pero el juez deberá resolver también si accede a la solicitud de los denunciantes de levantar el secreto bancario de varias cuentas, entre las que se encuentran las de los máximos jerarcas del Galicia, para verificar transferencias y posibles triangulaciones que según los denunciantes violaron la normativa del Banco Central del Uruguay. *