"La extranjerización de la tierra es alarmante", según Heber Sellanes

 

Sellanes –EP-FA– expuso ante la Cámara baja y detalló, en entrevista exclusiva con este matutino, los detalles de la problemática que calificó de «alarmante».

La venta de tierras «provocada por las ejecuciones y protegida por la ley que permite a las sociedades anónimas adquirir territorio uruguayo», es una realidad que atraviesa nuestro país hoy. «En dos años, al menos un 72% de las 220 mil hectáreas vendidas está en manos «desconocidas» y «posiblemente extranjeras», afirmó.

Desde el punto de vista histórico, el representante sostiene su solicitud de derogar la ley que permite que esto suceda, remontando la historia a diciembre de 1964.

Entonces, al frente del Ministerio de Ganadería y Pesca se encontraba Wilson Ferreira Aldunate. Su actuación decidió que se promulgara la Ley número 13.318, que en sus artículos 213 a 216 refiere a una serie de medidas vinculadas al sector agropecuario. Específicamente el artículo 213 establecía: «declárase de interés general el derecho de propiedad sobre inmuebles rurales y la explotación agropecuaria será ejercida por personas físicas o sociedades personales». El 214 especificaba: «las sociedades anónimas y las comanditarias por acciones y las de responsabilidad limitada no podrán a ningún título poseer, adquirir ni explotar inmuebles rurales».

Pero, en el año 1967, «la Ley 13.608 limita esa prohibición genérica, estableciendo que estas sociedades anónimas podrán poseer, adquirir o explotar inmuebles rurales siempre y cuando la totalidad de su capital accionario estuviere representado por acciones nominativas». Finalmente, detalla Sellanes, la Ley 17.124 del 25 de junio de 1999, deroga este artículo de la ley anteriormente referida, «con lo cual las sociedades anónimas con acciones al portador quedan habilitadas para comprar tierras».

Regresar a la Ley de Wilson

De acuerdo con los datos aportados por el Instituto Nacional de Colonización, «desde la aprobación de esta ley hasta la fecha», se han comercializado en el país 209.685 hectáreas de tierra –considerando superficies mayores a 1.000 hectáreas–. De dicho territorio, el 72% fueron adquiridas por sociedades anónimas y el 27% por particulares. «De esta superficie vendida, el 23% fue adquirida por extranjeros directamente, no sabemos qué superficie fue adquirida por extranjeros a través de sociedades anónimas por la sencilla razón que no sabemos de quiénes son esas sociedades anónimas (…) Hoy el país se encuentra en una coyuntura histórica. Los productores rurales están fuertemente endeudados, con baja rentabilidad o rentabilidad negativa, con la tierra como garantía de sus préstamos y probablemente ante una ola de ejecuciones judiciales (…) El valor de la tierra se encuentra fuertemente depreciado. Todo lo cual genera un marco adecuado para la concentración de la propiedad y para la especulación con este bien, que es de toda la sociedad», sostuvo Sellanes.

Por otra parte, desde diversos sectores políticos se plantea hoy la posibilidad de establecer un impuesto a la renta de las personas físicas, «por lo tanto es imprescindible conocer a los dueños de los bienes».

Otro argumento esgrimido por el diputado encuentrista para derogar el artículo único de la Ley 17.124 y «volver a la vigencia» al artículo noveno de la Ley 13.608 del año 67, es el alto índice de desempleo –que va en aumento–. Esta situación «hace que el INC deba jugar un papel fundamental a la hora de proveer de tierras a miles y miles de uruguayos que deben lograr su sustento». *