Ahorristas del Comercial contra su liquidación

«Carta abierta al Presidente de la República

Frente al proyecto de ley enviado al Parlamento para resolver por vía legal la crisis bancaria y la creación de un nuevo banco, nosotros como ahorristas del Banco Comercial SA, ante un planteo tan trascendente, queremos formular las siguientes reflexiones:

1) Darle la palabra a la Carta Magna, la que todos debemos respetar, y ella habla en los artículos 7º y 32º defendiendo y protegiendo el derecho de propiedad.

2) Luego, escuchar la palabra del Presidente de la República, que en fecha: 7 de febrero de 2002, expresó:

«El gobierno concluyó un acuerdo con los accionistas del Banco Comercial y ese problema ya está resuelto».

3) Quienes no creyeron en las expresiones del Jefe de Estado, hoy tienen su propiedad privada a cubierto.

4) Ante la autoridad máxima de la Constitución y la del Primer Magistrado, los depositantes que SI confiamos, nos encontramos ante un proyecto de ley que nos obliga a asumir pérdidas ocasionadas por un fraude cometido en el Banco Comercial por el señor Carlos Röhm, administrador con plenos poderes, y en el cual sus propietarios, los bancos accionistas (J. P. Morgan Chase Co, Crédit Suisse-First Boston y Dresdner Bank Lateinamerika) con sus miembros delegados en su Directorio aprobaba su gestión, estando directamente involucrados en el plano de la responsabilidad civil en forma categórica.

Nadie hasta ahora ha rebatido esta afirmación.

¿Por qué? Porque es irrebatible.

¿Entonces, las pérdidas de ese fraude, quién las asume?

¿Nosotros, la parte más débil, o las corporaciones, la parte más fuerte?

¿Así se hace justicia?

¿Es ésta la protección que la Constitución consagra para sus ciudadanos en su derecho a la propiedad?

Por el contrario, se condena a la pobreza y se favorece a los responsables de ese fraude a que mantengan sus riquezas intactas y se le facilitan, con la disolución del Banco Comercial, su salida del país sin asumir ni honrar las obligaciones que deben cumplir.

El daño ya es enorme y difícil de reparar, y la solución de esa ley es el mazazo final.

¿Acaso el interés general de la nación es perjudicar a los ciudadanos uruguayos que invirtieron en el país y absolver y favorecer a las más grandes Corporaciones Financieras del mundo, responsables absolutas en el plano civil de un fraude que originó todos estos males que venimos padeciendo?

Señor presidente:

Por favor, conteste.

La nación está expectante.

La democracia se fortalece cuando la Constitución se cumple, el gobernante respeta su palabra y la Justicia prevalece.

Que el pueblo juzgue.» *