“No es que seamos cÃclicos” aclaró Edgardo Spiess del Centro de Autoservicios y Supermercados Uruguayos, “sino que el problema no está resuelto y nosotros hemos venido advirtiendo sobre las consecuencias nefastas de esta realidad y hemos recibido silencio y falta de respeto por parte de las autoridades nacionales y de los gobiernos departamentales”.
Las Cámaras Empresariales denunciantes (Asociación de Ferreteros, Bazaristas y Afines, Asociación de Kioscos y Subagencias de Quinielas del Uruguay, Centro de Autoservicios y Supermercados Uruguayos, Centro de Farmacias del Uruguay, Centro de Industriales Panaderos del Uruguay, Confederación Empresarial del Uruguay, Unión de Barraqueros y Materiales de Construcción y Unión de Vendedores de Carne) hace cuatro años que vienen advirtiendo públicamente sobre “la lógica comercial de estos grupos”. Entienden que “la combinación de la concentración empresarial y de créditos financieros en esas cadenas, y el abuso de posición dominante, distorsionan el mercado, limitan la libre concurrencia de las empresas y terminan perjudicando al consumidor”. Señalaron que con la presencia del supermercadismo el pequeño comercio paga a corto plazo mientras que los grandes lo hacen a largo plazo por lo que los proveedores hacen caja con los chicos y le dan crédito (obligados) a los grandes. “Nosotros financiamos el generoso crédito que recibe el supermercadismo”.
Gerardo Lorbeer, de la Asociación de Ferreteros, señaló que este problema está muy legislado en numerosos paÃses del mundo de manera que no puede sorprender a las autoridades nacionales sobre” los efectos negativos que conlleva para el empleo, el ahorro nacional y la competencia leal del comercios en todas sus etapas. Estudios realizados en Francia dicen que por cada empleo generado en el supermercadismo de cadena, se eliminan cinco en el pequeño comercio, la distribución, transporte y otros sectores vinculados con los canales de comercialización.
La única salida posible para el comercio detallista es que se exija por parte de las autoridades el estricto cumplimiento de las leyes vigentes de libre competencia, grandes superficies y defensa del consumidor, que hasta ahora “poco han hecho frente a la violación de distintas leyes perpretadas por estos grupos supermercadistas”. Las Cámara Empresariales, que hace cuatro años daban trabajo a 55.000 personas, centran sus crÃticas en la “expansión y prácticas comerciales del grupo económico Casino Géant Disco Devoto” que consideran “nocivas para la pequeña empresa nacional, tanto industrial como comercial”. Entendieron que “esta situación se agrava por su vinculación con el grupo Manzanares, incrementando la posición dominante del grupo transnacional”.
Al respecto manifestaron su temor que se esté “a las puertas de la generalización de la industria del concordato lo que, en función de la posición dominante de las cadenas, puede traer aparejado un verdadero desastre en la pequeña empresa nacional, afectando incluso la recaudación fiscal”.
Manifestaron que “el mal uso del recurso del concordato genera asimetrÃas muy fuertes desde el punto de vista de la competencia en contra del pequeño comercio ya que mientras las deudas de las empresas concordatarias se pagaran a largo plazo, con lo que se genera de hecho una situación de desigualdad que provoca una posición ventajosa con el resto de las empresas, el comercio normal debe pagar en plazos comunes.
Criticando el permisivismo de las autoridades, las Cámaras preguntan públicamente: ¿quién pagará los daños ocasionados al comercio y a las empresas proveedoras por toda esta situación”, y por ello entienden que “la mejor manera de defender al comercio detallista familiar ÂgarantÃa de equilibrios en la sociedad, de ahorro nacional e inversión genuina es denunciar la situación que vivimos”.
Adriana Etchegoimberry, de CEDU indicó a LA REPUBLICA que la situación de comercios y empresas del Interior es dramática ya que se abusa de la realidad que no existe crédito para las empresas.
Luego de la denuncia pública, las Cámara Empresariales comenzarán contactos con legisladores y autoridades nacionales y departamentales. *
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