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Las cuentas alegres de Monsanto

 

Como parte de la campaña para tratar de limpiar su mala imagen, los directivos de Monsanto, la mayor trasnacional de insumos agrícolas del mundo, suelen decir que obtienen mejores semillas y posibilidades para que los agricultores logren abundantes cosechas de alimentos y, por ende, mayores ingresos utilizando, además, menos plaguicidas, elaborados igualmente por dicha trasnacional. Esto lo señalaba Hugh Grant, presidente de la corporación, en 2008. Su mensaje es parte de esa campaña para mostrar los beneficios económicos que recibirán los campesinos que tienen poca tierra o son pobres si utilizan el paquete tecnológico de Monsanto: semillas únicas y fórmulas químicas que aumentan la productividad y reducen los gastos de combatir las plagas y las malas hierbas que afectan los cultivos. La trasnacional hasta le pone cifras a ese avance tecnico-científico: dentro de seis años, cinco millones de personas que menos tienen en el campo alcanzarán una situación económica más favorable. Y por ende, en educación, salud y alimentación rural.

Guardadas las proporciones, se trata de reditar el milagro que hace poco más de medio siglo haría la revolución verde: la solución de los problemas del hambre y la desigualdad entre los agricultores, especialmente los más pobres. Esa revolución fue muy importante y nació en México, pero requería para ser efectiva un paquete de insumos y condiciones: agua, semillas mejoradas, fertilizantes, plaguicidas, créditos oportunos y a bajo interés, vías de comercialización lo menos contaminadas por intermediarios y precio justo de las cosechas. Todo eso no estuvo al alcance de la inmensa mayoría de los productores agrícolas. Fueron, nuevamente, los latifundistas y en ciertos países los propietarios de extensiones medianas los principales favorecidos por dicha revolución.

Ahora las cuentas alegres que divulga Monsanto no se sostienen en la realidad. Como ocurrió con la revolución verde, quienes hoy producen y controlan los transgénicos tratan de convencer a la opinión pública, y a los gobiernos que autorizan la siembra de sus semillas y los demás productos que fabrican, de que con la nueva revolución se reducirá el hambre en el mundo.

La realidad muestra que no es cierto. Son ejemplos Argentina y Brasil. En el primero de esos países, más de la mitad de la superficie cultivable se siembra con soya transgénica, sin que ello genere mayor bienestar entre los que trabajan y viven en el campo. En Brasil se talaron selvas centenarias, se incrementó el uso de químicos, se expulsó a campesinos de sus tierras donde plantaban semillas autóctonas, mientras el gobierno descuidaba garantizar la soberanía alimentaria por favorecer la agroexportación. En ambos países, igual que en otras partes del mundo, millones de productores quedaron atados a un paquete tecnológico y un modelo agrícola destinado a la exportación de las cosechas, gobernado por el libre mercado, los intermediarios, los grandes propietarios de tierra y las trasnacionales que venden los insumos agropecuarios. Un círculo perverso que, además, impone el monocultivo en vez de la diversidad, con las desventajas que ello trae desde el punto de vista ambiental y alimenticio.

Un resultado del proceso de imponer el nuevo paquete tecnológico se relaciona con el precio de los insumos químicos que requiere: en vez de disminuir, aumenta, aún durante la grave crisis económica de 2008. El resultado es que las utilidades de la trasnacional número uno del planeta se incrementaron los últimos seis años notablemente. No lo ha hecho de la misma manera la calidad de vida de los campesinos atados al modelo transgénico. Ellos ahora pagan más por los agroquímicos que utilizan a fin de garantizar buenas cosechas. Tampoco se ha reducido el precio de las semillas. Queda entonces claro que los compromisos sociales de Monsanto y corporaciones afines no son precisamente ayudar a mejorar el nivel de vida de los agricultores ni ayudar a cosechar más alimentos, a utilizar menos plaguicidas y a mejorar sus oportunidades económicas, como expresó hace seis años el presidente de la corporación. Son todo lo contrario. (La Jornada, México)

 

 

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