Caos político en Nacional; piden hacer denuncia penal

El informe redactado por la Comisión Fiscal de Nacional, firmado por unanimidad por los dos miembros del oficialismo y el otro de la oposición, generó un caos político en la institución por las graves acusaciones de irregularidades estatutarias y legales, lo que determinó que el ex secretario general doctor Fernando Nin remitiera una nota a la Comisión Directiva reclamando el pase a la Justicia penal de todos los contratos realizados en esta administración, para que esta determine si hubo o no dolo, en la actuación de los dirigentes, como señalaron los fiscales de la institución.

El doctor Nin también solicitó en la misiva que en caso de que la Justicia no responsabilice a quienes firmaron los contratos y los exonere de haber incurrido en una conducta delictiva, la Comisión Directiva de Nacional contraataque y demande penalmente a los tres integrantes de la Comisión Fiscal (Rafael Anavitarte, el contador Di Bello y el ingeniero Requeséns) por Difamación e Injurias, «así como a los connotados socios» ( no lo nombra pero refiere a Hugo De León) que hicieron una campaña en los medios de prensa criticando la actuación de los dirigentes.

La solicitud del doctor Nin no fue tratada por la Comisión Directiva en la sesión del pasado lunes, porque el clima fue muy tenso por las acusaciones, desafíos, insultos y agravios que se dijeron varios integrantes del cuerpo por diferentes motivos.

El ex secretario general criticó en su carta la actuación de la Comisión Fiscal y señaló que en varios temas que abordó en su informe, se extralimitó en sus cometidos estutarios y refirió a asuntos que son de exclusiva competencia (política) de la Comisión Directiva.

Cabe recordar que el citado informe, cuyos principales hechos fueron reproducidos en esta misma página deportiva, la semana pasada, los integrantes de la Comisión Fiscal denunciaron que la cesión del 25% los derechos económicos y federativos de las futuras transferencias de Morro García, Lodeiro, Calzada y Píriz, a los empresarios Jorge Rama, Gerardo Arias y Washington Risotto, se hicieron violando el Art. 2º del Decreto Ley 14.996 del 26 de marzo de 1980. En similares términos opinaron sobre la cesión del 30% del juvenil Coates a una empresa brasileña por U$S 180.000.

Los fiscales censuraron también aspectos formales de la transacción porque la misma fue realizada por personas que no revisten la calidad de dirigentes electos por la masa social (Alex y Bruno de la Comisión de Contrataciones) y además, los documentos fueron firmados sin la previa aprobación de la Comisión Directiva.

El doctor Fernando Nin reiteró que la negociación no viola ninguna disposición legal del Estado uruguayo y por eso impulsó que la directiva comparezca a la Justicia Penal para que esta determine si hubo o no una violación al Código Penal.

Corresponde señalar que esa ley no establece prisión para aquellas personas (física o jurídicas) que violen el Art. 2º de la Ley 14.996, sino que prevé sanciones de tipo administrativas para aquellas instituciones y/o federaciones que se aparten de la misma, que van desde una simple amonestación, hasta una desafiliación deportiva.

 

Se busca un secretario general

Otro tema que elevó la temperatura en el recinto de la sala de sesiones del Palacio Cristal de la Av. 8 de Octubre, fue la designación del secretario general, cargo que ocupaba el doctor Fernando Nin, suplente del doctor Walter García Torres, que era el prosecretario del club. Al reintegrarse de la licencia médica el doctor García Torres, Nin debió cederle su banca pero el oficialismo se negó a que le entregara el cargo de secretario general- que el titular reclamó- hasta que se reintegre Daniel Barreiro. Allí se generó un ríspido debate entre el vicepresidente, ingeniero Atilio Narancio, quien se dirigió en dos oportunidades en forma agraviante hacia el doctor Walter García Torres, quien reclamó al presidente Ricardo Alarcón que si no imponía respeto y orden en la sesión, él se iba a retirar de la sala. Ante la discusión jurídica de quién debe ejercer la Secretaria General (el doctor García Torres con criterio jurídico y lógica dice que le corresponde a él), se llegó a un acuerdo transitorio que el cargo fuera desempeñado por Daniel Navascués (hermano de Hernán), suplente de Daniel Barreiro, que está en uso de licencia por razones médicas. Como Navascués tiene problemas de visión y ofrecía dificultades para leer y despachar con celeridad los asuntos entrados, el presidente Ricardo Alarcón tuvo que oficiar de secretario ad hoc y dar lectura a las notas presentadas ante el cuerpo.

Los dirigentes llegaron a un acuerdo de solicitarle un informe a la Comisión de Estatutos para que dirima quién debe ser el secretario general de Nacional, mientras dure la licencia de Daniel Barreiro, si el Prosecretario el abogado García Torres o Daniel Navascués, que no tiene título en Derecho y que es suplente de tercera línea.

La discusión por la secretaría general refleja la desconfianza que Ricardo Alarcón tiene de sus compañeros de la oposición, que no han traicionado al contador Pablo Martínez y siguen manteniendo una posición crítica a algunas decisiones y manejos que el presidente hace en el club. Lo que se vivió el pasado lunes en la sede tricolor, fue catalogado por algunos protagonistas como «el avant premiere» de lo que será la campaña electoral si los resultados deportivos no avalan la gestión de Alarcón.