EJECUTIVO APRETO DENUNCIA PARA PROTEGER A LOS GRANDES

El Consejo Ejecutivo que preside el doctor José Luis Corbo apretó una denuncia remitida por la Jefatura de Policía de Montevideo el pasado 23 de diciembre del 2008, relacionada con los graves incidentes ocurridos en el clásico del Apertura, la encajonó durante más de un mes y medio porque no quería que los hechos fueran juzgados por el Tribunal de Penas que presidía el doctor Leonardo Goicoechea.

A pesar de los reiterados discursos del titular de la AUF que refiere a la cristalinidad de procedimientos dentro de la organización, al trato igualitario de todas las instituciones, los hechos derriban como un castillo de naipes ese discurso que no coincide con la realidad.

El doctor Corbo maniobró groseramente la denuncia remitida por la Jefatura de Policía por la presión desmedida que ejercieron los dirigentes de Nacional y Peñarol para que los hechos de violencia ocurridos en el clásico del Apertura, que hubieran ameritado sanciones ejemplarizantes para las dos instituciones ­por los antecedentes que tenían­, fueran juzgados por otro Tribunal de Penas y el nuevo texto del Art. 23º del código que ahora califica este tipo de hechos en forma mucho más leve.

 

«Quemá esas cartas que me estás matando»

La Jefatura de Policía remitió el 24 de diciembre de 2008 a la AUF que en ese clásico hubo «ingreso de elementos pirotécnicos por parte de simpatizantes del club Peñarol, ubicados en la Tribuna Amsterdam; la bandera del Club Nacional en la hinchada de Peñarol; agresión por parte de la hinchas de Nacional a la hinchada de Peñarol frente al Hospital de Clínicas; pedrea y ruptura de vidrios de los ómnibus del transporte urbano por parte de hinchas de Peñarol; ingreso de parciales de ambos equipos a los taludes Amsterdam y Colombes, que no están habilitados».

El Consejo Ejecutivo emitió la resolución Nº 053/2009 el 7 de enero de 2009 a la Mesa Ejecutiva de Primera División, que elevó la denuncia al Tribunal de Penas el 4 de febrero de 2009, la cual fue recibida una semana después, o sea el 11 del mismo mes, lo que generó que el tema fuera tratado por primera vez, por el órgano jurisdiccional, el 16 de febrero de 2009, casi dos meses después que la Jefatura envió la nota al presidente de la AUF. La grotesca maniobra del Consejo Ejecutivo que preside el doctor José Luis Corbo tuvo como objetivo evitar que el Tribunal de Penas, que presidía por entonces el «duro» doctor Leonardo Goicoechea ­que fue removido por el doctor Corbo porque Nacional y Peñarol exigieron que rodara su cabeza a pesar de que gozaba del apoyo mayoritario de los clubes menores­, aplicara todo el peso de la ley a las dos instituciones. Como el Ejecutivo, en uso de las facultades extraordinarias, cesó a la mayoría de los integrantes de ese Tribunal de Penas y modificó el tenor del Art. 23º del Código de Penas que asegura impunidad a los clubes que poseen parcialidades violentas, los incidentes del clásico del Torneo Apertura serán juzgados en base a la nueva norma reglamentaria y no tendrán consecuencias para los dos instituciones.

Lo que está claro es que si los actos de violencia que denunció la Policía ocurrieron el 13 de diciembre de 2008 y la Asamblea General votó los poderes extraordinarios al Consejo Ejecutivo el 29 de diciembre y éstos empezaron a regir a partir del 16 de enero de 2009, en el peor de los casos debieron haber sido juzgados por el nuevo tribunal sobre la base del anterior texto normativo, porque, en esa fecha, las potestades reglamentarias estaban en poder de la Asamblea y no del cuerpo de neutrales. Una vez más queda probado que las facultades extraordinarias en la AUF sólo han servido para que Peñarol y Nacional presionaran al doctor José Luis Corbo, para que este les reintegre el poder político que habían perdido en la última década, que ni Eugenio Figueredo se había arriesgado a concederles. El episodio, además, refleja el poco compromiso del actual Consejo Ejecutivo de combatir frontalmente a los violentos que azotan las canchas de fútbol, como se comprometió en el protocolo firmado con las autoridades públicas.